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Autor: . | Fuente: Fides Santa Sede: el grave problema de los mercados offshore
En la vigilia de la Conferencia de Dhoa, la Santa Sede pide nuevas reglas para los mercados financieros que favorezcan a los países más pobres
Santa Sede: el grave problema de los mercados offshore
Ciudad del Vaticano
Intervenir sobre la fuga de capitales en las
centrales financieras offshore que representan una dispersión enorme de recursos
a través de la evasión fiscal; plantear políticas basadas en
la cooperación a favor de los países pobres; no vaciar
de contenidos la Conferencia de Dhoa promovida por las Naciones
Unidas (del 29 de noviembre al 2 de diciembre) dedicada
a las finanzas y al desarrollo. El riesgo es que
el reciente G20, del que han sido excluidos los países
pobres, anule o reduzca mucho la cita auspiciada por la
Onu, cita a la que los países en vías de
desarrollo miran con esperanza. Son estos algunos de los puntos clave
de la “Nota” dedicada a la actual crisis económica mundial
difundida por el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” con la
aprobación de la Secretaría de Estado Vaticana. El tema unificador
de las propuestas gira sobre un concepto base: “Para afrontar
la crisis es necesario un nuevo pacto financiero internacional”. En
resumen las recetas a nivel nacional ya no bastan, es
necesaria una alianza entre Estados y organismos internacionales que apunte
a la inclusión y no a una marginación ulterior de
las naciones que tienen más necesidad de ayuda; una inversión
de tendencia de 360 grados que ponga los principios de
la cooperación, de la solidaridad, del bien común, en el
primer lugar en las grandes opciones de la economía global.
El
Pontificio Consejo “Justicia y Paz” afirma, entre otras cosas, que
el actual sistema económico y financiero internacional está basado sobre
una postura que afecta las realidades más pobres del planeta:
“Son los países pobres quienes financian a los países ricos,
que reciben recursos que provienen de las fugas de capital
privado, de las decisiones gubernativas de acantonar reservas oficiales bajo
forma de actividades financieras seguras colocadas en los mercados financieramente
evolucionados o en los mercados offshore”.
También acerca de los desequilibrios
entre el norte y el sur del mundo, y por
lo tanto entre los países ricos y los países en
vías de desarrollo, la Nota subraya un importante principio general:
“Es necesario evitar que se desate la cadena del proteccionismo
recíproco; más bien se deben fortalecer las prácticas de cooperación
en materia de transparencia y de vigilancia sobre el sistema
financiero – dice el documento –. En particular, es importante
que el, sin duda necesario, diálogo político entre los países
más ricos no lleve a soluciones basadas sobre acuerdos exclusivos,
sino que relance un espacio de cooperación abierto y tendencialmente
inclusivo”.
Esta debería ser la visión ética de fondo, mientras la
situación es bastante diferente: “los envíos de los emigrados comportan
un flujo de recursos que, a nivel macro, superan ampliamente
los flujos de ayuda pública al desarrollo. Es como decir
que los pobres del Sur financian a los ricos del
Norte y los mismos pobres del Sur deben emigrar y
trabajar en el Norte para sostener a sus familias en
el Sur”.
El mundo actual se encuentra así al centro de
una contradicción de la que nace la urgencia de construir
nuevas estrategias de intervención, y entonces es tanto más necesario
“considerar atentamente el papel, escondido pero crucial, del sistema financiero
offshore”.
El Pontificio Consejo no deja de considerar que justamente en
este ámbito es necesario descubrir algunas de las razones fundamentales
de la actual crisis, desde aquí en efecto cobran vida
fenómenos como las “fugas de capital de proporciones gigantescas, los
flujos legales motivados por objetivos de evasión fiscal y encanalados
también a través de sobre/subfacturación de los flujos comerciales internacionales,
el reciclaje de las ganancias de actividades ilegales”. Según “Justicia
y Paz” se trata de una mole de actividades financieras
que corresponde a una evasión fiscal de 255 mil millones
de dólares, que corresponde a más de tres veces el
completo monto de las ayudas públicas al desarrollo por parte
de los países Ocse. En este escenario tan complejo, un
papel importante corresponde a los ciudadanos que pueden introducir “comportamientos
responsables en materia de consumo e inversión”.
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