El Concilio Vaticano II, en la Declaración "Dignitatis humanae" sobre la libertad religiosa, expresa clara y explícitamente que "deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo".

¿Cuál es esa doctrina tradicional, y en qué consiste el deber moral de las sociedades, y particularmente del Estado, para con la Iglesia Católica y la religión cristiana?

El recientemente fallecido coruñés monseñor Guerra Campos, obispo de Cuenca, resumía en 1973 los "deberes positivos que la sociedad civil, en cuanto tal, ha de cumplir". Y los dividía en dos grupos:

"Primero, en relación directa con el ´órden espiritual´:

a) dar culto a Dios;
b) favorecer la vida religiosa de los ciudadanos;
c) reconocer la presencia de Cristo en la historia y la misión de la Iglesia
instituida por Cristo.

Segundo: en relación directa con el orden temporal, inspirar la legislación y la acción de gobierno en la ley de Dios propuesta por la Iglesia".

Veamos qué dice el Magisterio pontificio.

León XIII enseña "que la sociedad, por serlo, ha de reconocer como padre y autor a Dios y reverenciar y adorar su poder y su dominio" . Y que "siendo, pues, necesario, al Estado profesar una religión, ha de profesar la única verdadera, la cual sin dificultad se conoce, singularmente en los pueblos católicos, puesto que en ella aparecen como sellados los caracteres de la verdad. Por lo tanto, ésta es la religión que han de conservar los que gobiernan; ésta la que han de proteger, si quieren, como deben, atender con prudencia y útilmente a la comunidad de los ciudadanos" .

"Los jefes o príncipes del Estado deben poner la mira totalmente en Dios, Supremo Gobernador del universo y proponérselo como ejemplar y norma que
seguir en el administrar la república".

"Así fundada y constituida la sociedad política, manifiesto es que ha de cumplir por medio del culto público las muchas y relevantes obligaciones que la unen con Dios.

La razón y la naturaleza, que mandan que cada uno de los hombres de culto a Dios piadosa y santamente, porque estamos bajo su poder, y de El hemos salido y a El hemos de volver, imponen la misma ley a la comunidad civil.

Los hombres no están menos sujetos al poder de Dios unidos en sociedad que cada uno de por sí; ni está la sociedad menos obligada que los particulares a dar gracias al Supremo Hacedor, a quien ella debe -y ha de reconocerlo- la existencia, la conservación, y todo aquel gran número de bienes que tiene en su seno. Por esta razón, así como no es lícito descuidar los propios deberes para con Dios, el primero de los cuales es profesar de palabra y de obra, no la religión que a cada uno acomode, sino la que Dios manda, y consta por argumentos ciertos e irrecusables ser la única verdadera, de la misma suerte no pueden las sociedades políticas obrar en conciencia, como si Dios no existiese; ni volver la espalda a la religión, como si les fuese extraña; ni mirarla con esquivez ni desdén, como inútil y embarazosa; ni, en fin, adoptar indiferentemente una religión cualquiera entre tantas otras; antes bien, y por lo contrario, tiene el Estado político la obligación de admitir enteramente, y profesar abiertamente aquella ley y prácticas de culto divino que el mismo Dios ha demostrado querer".

"Es, por lo tanto, obligación grave de los príncipes honrar el santo nombre de Dios; así como favorecer con benevolencia y amparar con eficacia a la religión, poniéndola bajo el escudo y vigilante autoridad de la ley; y no instituir ni decretar nada que pueda ser nocivo a la incolumidad de aquélla"
.
"Si, pues, -advierte- alguna sociedad, fuera de las ventajas materiales y cultura social, con exquisita profusión y gusto procuradas, ningún otro fin se propusiera; si en el gobierno de los pueblos menosprecia a Dios y para nada cuida de las leyes morales, desvíase lastimosamente del fin que su naturaleza misma le prescribe" .

Estas enseñanzas fueron maravillosamente recogidas y expuestas en el Concilio Plenario de la América Latina, celebrado en Roma en 1899: "Es necesario que la sociedad civil, como tal, reconozca a Dios por su Padre y autor, y tribute a su potestad y señorío el debido culto y adoración. Por lo mismo la sociedad, en su calidad de persona moral, está obligada a tributar culto a Dios".

"Así como la voz de la naturaleza excita a los individuos a adorar a Dios con piedad y fervor, porque de El hemos recibido la vida, y todos los bienes que rodean la vida, así también y por la misma causa tiene que suceder con los pueblos y las naciones. Por tanto los que pretenden que el Estado se desentienda de todo homenaje a la religión, no sólo pecan contra la justicia, sino que se muestran ignorantes e inconsecuentes" .

Pío XI instituye en 1925 la Fiesta de Cristo Rey por medio de la encíclica "Quas primas". En ella pide que "no se nieguen, pues, los gobernantes de las naciones, a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo" ya que "el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo, no sólo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes" . Y afirma que la realeza de Cristo "exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres" .

Unos años antes había escrito: "Reina Jesucristo en la sociedad civil cuando, tributando en ella a Dios los supremos honores, se hacen derivar de Él el origen y los derechos de la autoridad", y "cuando, además, le es reconocido a la Iglesia el alto grado de dignidad en que fue colocada por su mismo autor, a saber, de sociedad perfecta, maestra y guía de las demás sociedades".

Pío XII reafirma estas doctrinas en su Radiomensaje "Con sempre": "Quien desee que la estrella de la paz aparezca esfuércese y trabaje por disipar los errores que tienden a desviar del sendero moral al Estado y su poder y a hacerles rechazar o ignorar en la práctica la esencial dependencia que los subordina a la voluntad del Creador".

En "Mater et Magistra" , Juan XXIII denuncia que "la insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de establecer un orden temporal sólido y provechoso, sin apoyarlo en su fundamento indispensable o, lo que es lo mismo, prescindiendo de Dios".

Coincide con él Juan Pablo II, para el cual "el orden temporal no se puede considerar un sistema cerrado en sí mismo. Esa concepción inmanentista y mundana, insostenible desde el punto de vista filosófico, es inadmisible en el cristianismo, que conoce a través de San Pablo -el cual a su vez refleja el pensamiento de Jesús- el orden y la finalidad de la creación, como telón de fondo de la misma vida de la Iglesia: <>, escribía el Apóstol a los Corintios, para poner de relieve la nueva dignidad y el nuevo poder del cristiano. Pero añadía a renglón seguido: <>. Se puede parafrasear ese texto, sin traicionarlo, diciendo que el destino del universo entero está vinculado a esa pertenencia".

"La Encarnación -proclama el Santo Padre- es el acontecimiento decisivo de
la historia; de él depende la salvación tanto del individuo como de la sociedad en todas sus manifestaciones. Si falta Cristo, al hombre le falta el camino para alcanzar la plenitud de su elevación y de su realización en todas sus dimensiones, sin excluir la esfera social y política".

"Los diversos aspectos de la vida humana encuentran en el orden sobrenatural
el fundamento más sólido y la garantía más segura de autenticidad: en particular la sociabilidad, el derecho y el ordenamiento jurídico-político". "La distinción entre la esfera eclesiástica y los poderes públicos -recuerda Juan Pablo II- no debe hacernos olvidar que todos ellos se dirigen al hombre; y la Iglesia, <>, no puede renunciar a inspirar las actividades que se dirigen al bien común.

La Iglesia no pretende usurpar las tareas y prerrogativas del poder político; pero sabe que debe ofrecer también a la política una contribución específica de inspiración y orientación".

"Es preciso, pues, que la concepción cristiana de la vida y las enseñanzas morales de la Iglesia continúen siendo los valores esenciales que inspiren a todas las personas y grupos que trabajan por el bien de la nación.

La libertad humana y su ejercicio en el campo de la vida individual, familiar y social, al igual que la legislación que sirve de marco a la convivencia en la comunidad política, encuentran su punto de referencia y su justa medida en la verdad sobre Dios y sobre el hombre".

Consideremos ahora la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica al respecto.

En su párrafo 2105 podemos leer: "El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es <> (DH 1). Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan <>; Pío XI, enc. <>).

Obsérvese que el Catecismo nos remite, para profundizar en lo que acaba de declarar, a las encíclicas arriba consultadas de León XIII y Pío XI, lo cual significa que sus enseñanzas siguen siendo consideradas vigentes en nuestros días.

Más adelante, el Catecismo afirma: "Toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Sólo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, Creador y Redentor, el origen y el destino del hombre. La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la Verdad sobre Dios y sobre el hombre:

<> (cf CA 45; 46)".

"Toda sociedad refiere sus juicios y su conducta a una visión del hombre y su destino. Si se prescinde de la luz del Evangelio sobre Dios y sobre el hombre, las sociedades se hacen fácilmente totalitarias".

El cardenal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha llegado a manifestar que "un Estado agnóstico en relación con Dios, que establece el derecho sólo a partir de la mayoría, tiende a reducirse desde su interior a una asociación delictiva"; pues "donde Dios resulta excluido, rige el principio de las organizaciones criminales, ya sea de forma descarnada o atenuada".

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