Catholic.net - A Proposito del Aborto y la Objecion de Conciencia II

A Proposito del Aborto y la Objecion de Conciencia II

II Carta Abierta al Ministro de Justicia Español Francisco Caamaño, a las Autoridades Políticas Latinoamericanas y a la Asociación Médica Mundial. A Propósito del Aborto y la Objeción de Conciencia.

La primera carta que dirigimos al Ministro de Justicia Español Francisco Caamaño el 27 de agosto 2009 Da un click

Ahora queremos aprovechar la oportunidad, para profundizar el estudio anterior y demostrar que su postura está en contra de la
“Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”.Luego vamos a considerar el debate clásico: “Lex injusta non est lex”.

Jacques Maritain, filósofo francés (del Humanismo Integral), puede considerarse uno de los artífices de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó y proclamó el 1º de diciembre de 1948. Texto que comentaremos a propósito de la objeción de conciencia.

Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto leído y comentado en las escuelas y otros centros de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.

En la primera carta propusimos un punto de partida para el estudio de la objeción de conciencia; consideramos que debía ampliarse, fundamentándose primero y auxiliándose previamente de otras ciencias: (antropología, gnoseología, metafísica racional y la axiología o filosofía de los valores.

El estudio antropológico nos llevó a la conclusión, de que todo individuo humano, es un ser humano, desde su concepción hasta su muerte. La antropología filosófica nos aclaró que el ser humano es persona humana, por lo tanto tutelar de derechos.

La gnoseología, nos permitió reconocer el estatuto epistemológico del embrión en su dimensión (biológica, antropológica, ética). El análisis metafísico fue necesario, para no caer en lo que K. Popper llama el reduccionismo filosófico, que nos llevó a una síntesis de carácter filosófico. Tocamos el problema ontológico, que nos colocó, frente a la persona humana, sujeto, al que se le debe respetar su integridad, por su dignidad y trascendencia.

Ahora debemos examinar el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y señalar los artículos pertinentes, para que podamos racionalmente defender nuestro derecho de objeción de conciencia.

Artículo 1.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Estos primeros tres artículos, entrelazan los elementos caracterizantes de la dignidad de la persona humana, que las ciencias auxiliares anteriormente propuestas nos permitieron reconocer. Comentaremos como una primera unidad:

Art. 3: todo individuo, (el embrión es individuo), tiene derecho a la vida, a la libertad (nadie puede realizar su proyecto existencial, si se le suprime la vida) y a la seguridad de su persona, (la antropología filosófica nos aclaró que el embrión es persona), ninguna autoridad puede obligarnos a violar el artículo 3 de la Declaración.

Por lo tanto nuestra objeción de conciencia debe considerarse legítima defensa.

Art. 1: todos los seres humanos (la Declaración los reconoce individuos y personas) nacen libres e iguales en dignidad (reconoce su valor ontológico) y derechos (titular), dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Este artículo nos obliga a respetar la dignidad de la persona humana y nos llama a comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Ninguna autoridad puede obligarnos a violar el artículo 1 de la Declaración.

Por lo tanto nuestra objeción de conciencia debe considerarse legítima defensa.

Art. 5: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si seguimos la letra y el espíritu de la Declaración nos resulta claro que “nadie”, se refiere a quienes (individuos, seres humanos, personas humanas). Ninguna autoridad nos puede obligar a someter a nadie a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por lo tanto la objeción de conciencia debe considerarse legítima defensa.

Art. 18: al respecto comentamos lo siguiente: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

El ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de la autoridad civil, si son contrarias a los derechos fundamentales de las personas.

Si las prescripciones de la autoridad civil son contrarias a las exigencias éticas-deontológicas (morales) el ciudadano en conciencia no está obligado a seguir sus prescripciones.

Una ley injusta: “impedir la objeción de conciencia”, pone a los profesionales sanitarios, frente a dramáticos problemas de conciencia, cuando somos llamados a colaborar con actos moralmente malos. Rehusarse a llevarlos a cabo es un derecho humano básico, que pro ser tal, la misma ley civil debe reconocer y proteger. De manera que quién recurra a la objeción de conciencia, debe ser protegido no sólo de las sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinario, económico y profesional.

El derecho a resistir a las prescripciones de la autoridad civil, se fundamenta en la noción que el derecho positivo se fundamenta y limita en el derecho natural.

La resistencia a la autoridad quiere enfatizar la validez de una visión diferente de las cosas, sea que persiga un cambio parcial o un cambio radical de la situación.

Art. 27, inciso 2, lo comentamos brevemente: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Como médicos por razón, basados en lo que la medicina nos enseña, nos corresponde defender y proteger la vida, por lo tanto asumimos esa obligación moral, como autores de esa “ defensa de la vida ”, en respuesta al llamado “vocación ”, que como personas tenemos derecho a seguir, porque realiza y actualiza nuestra opción fundamental, que le da sentido de unidad y orientación a nuestras vidas, en ella se unifican todos los valores y se evita nuestra disolución antropológica, nuestra propia autodestrucción.

Para ahondar nuestro estudio es hora de hacer algunas reflexiones relacionadas con la libertad; esta se ejerce de manera dinámica (en relación con los seres humanos). Cada persona humana tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todos tenemos, los unos con los otros, el deber de respetarnos. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana.

El valor de la libertad, en cuanto expresión de la singularidad de cada persona humana, se realiza, cuando viene respetada a cada miembro de la sociedad y se le consiente realizar su vocación personal; en búsqueda incansable de la verdad y se le deja profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas; de manera que en la convivencia, las personas decidan su propio estado de vida, y en cuanto posible, su propio trabajo y que no se vean por esta razón, obligadas a realizar actos contra la dignidad de las personas, o que vayan en contra de la Declaración antes examinada.

La libertad se debe vivir en plenitud, mejor dicho la plenitud de la libertad se consigue, si somos capaces de disponer de nosotros mismos, sin perder de vista el auténtico bien, dentro del horizonte del bien común universal.

En este sentido libertad significa capacidad de rehusarse a cumplir actos moralmente negativos, presentes bajo cualquier forma, que obstaculicen el crecimiento (realización), personal, familiar y social.

Considerando lo anterior afirmamos que ninguna autoridad política, puede restringir nuestra libertad, por lo tanto “la objeción de conciencia”, debe considerarse legítima defensa, un derecho humano básico, que por ser tal, la misma ley civil debe reconocer y proteger.

Estamos claros de que la autoridad política es necesaria, vista la serie de tareas que se le atribuyen, debe ser considerada como un elemento positivo e insustituible de la convivencia civil, por eso queremos examinar en otro documento la autoridad política: a) Su fundamento, b) la autoridad como fuerza moral, ahondamiento doctrinario, que nos servirá para complementar los precedentes escritos.

Por ahora, nos ocupamos de la defensa de nuestro derecho a la “objeción de conciencia” y la tutela y promoción de los derechos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con la fuerza de la razón sostiene:

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Como médicos respondimos al llamado (vocare), hicimos nuestro el juramento hipocrático, para luchar contra la muerte, protegiendo y defendiendo la vida.

Asumimos el juramento como una obligación moral, que es consonante con el espíritu y la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por eso afirmamos que ninguna autoridad política o Estado, puede violar nuestros derechos inalienables de libertad, ni nuestro derecho de rehusarnos, por dramáticos motivos de conciencia, a cumplir “obligaciones” con un acto moralmente malo.

Afirmamos nuestro derecho a la “objeción de conciencia”, lo consideramos una defensa legítima, ante la arbitrariedad de la autoridad política.

Dr. Juan Herrera Salazar, Appointed Director del Proyecto del Centro de Bioética de la Universidad Juan Pablo II, Managua, Nicaragua.