3. El principio del pluralismo.

La ley de 1990 fue de las más discutidas en el Parlamento. Se la ha definido como “un punto de partida”. Ha querido salvaguardar y contemporizar con muchos intereses en juego, conciliando las reglas del mercado con los valores de la libertad.

La misma Corte Constitucional intervino varias veces. Sobre todo hay que tener presente la sentencia n. 826 de 1988. Enunciaba el principio del pluralismo como valor central en una ordenamiento jurídico.

La apertura de emisoras privadas de TV debía existir con la condición de que el legislador dispusiera de un sistema eficaz e idóneo para ponerlas en práctica.

Pluralismo, según la Corte Constitucional, quiere decir “concreta posibilidad de entrada, en el ámbito de la emisión pública y privada, de cuantas más voces permitan los medios técnicos. Pluralismo quiere decir la “concreta posibilidad de selección para todos los ciudadanos entre una multiplicidad de fuentes de información”, selección que no sería efectiva si el público al que se dirigen los medios audiovisuales, no estuviese en condiciones de disponer, tanto en lo público como en lo privado, de programas que garanticen la expresión de tendencias distintas.

Incluso la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales emitió una serie de indicaciones para la solución de los problemas de la emisora televisiva. En 1987 afirmaba:”Con vistas a una reforma legislativa del régimen en que trabajan las emisoras radiofónicas y televisivas, se debe considerar la importancia y la urgencia de normas que permitan una libertad de expresión mediante estos medios, a todos los grupos sociales y que sirvan para la participación del ciudadano, para su crecimiento integral y no simplemente para un entretenimiento ajeno a la realidad. En particular, hay que subrayar algunos puntos cualitativos:

+ Es interesante que se ponga orden en las frecuencias televisivas y radiofónicas para que exista el mayor número posible de emisoras sin interferencias.

+ Con el fin de garantizar una efectiva libertad de expresión, parece necesaria una normativa eficaz antimonopolística. En concreto, es inoportuna la concentración de la propiedad de más cadenas televisivas.

+ La concesión de la interconexión y del directo a todas las emisoras debería subordinarse a garantías concretas antitrust ( desconfiadas), con el fin de instaurar un régimen de libertades reales en la comunicación.


+ El servicio público, patrimonio de experiencias y de participación social, debe hacerse con obligaciones relativas y con ventajas, asegurando los medios necesarios para desarrollar su papel primordial de garantizar el pluralismo y respeto a todas las opiniones.

+ Hay que poner límites a la publicidad, limitando la cantidad y la concentración en determinados horarios, evitando la interrupción de programas y teniendo un control sobre los contenidos y la forma comunicativa de los valores fundamentales.

+ Hay que salvaguardar a los menores, reforzando los límites ya existentes en la transmisión de películas prohibidas.

En la sede europea, la Directiva comunitaria n.89/552 del 3 de octubre de 1989 había redactado un importante formulario televisivo sobre lo que el público exigía en las retransmisiones respecto a la formación, educación, cultura y ocio. No se creyó oportuno que los grandes grupos impidan el pluralismo comunicativo. Efectivamente, ninguno de los grupos controla más del 15% del mercado publicitario del propio país: en 1990 el grupo alemán Bertesmannn reunía el 17%, el francés Hachette el 12%, y el inglés Reed International el 15%..

Las grandes concentraciones pueden justificarse en el campo industrial siempre y cuando no estén en juego la información y la comunicación.


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