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Autor: Zenit | Fuente: Zenit El cardenal Rouco afirma que «Educación para la Ciudadanía» es «anticonstitucional»
El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, recordó este miércoles que la asignatura de «Educación para la Ciudadanía», obligatoria para todos los alumnos y todos los centros, «tal y como se presenta, es anticonstitucional».
El cardenal Rouco afirma que «Educación para la Ciudadanía» es «anticonstitucional»
MADRID, jueves, 28 junio 2007 (ZENIT.org).-
En su conferencia de
clausura del curso «Educación para la Ciudadanía», organizado por la
Fundación García-Morente y la Universidad CEU San Pablo, titulada «Reflexión
teológica y jurídica sobre la nueva asignatura Educación para la
Ciudadanía», el cardenal Rouco señaló que sería bueno recordar experiencias
históricas recientes de Europa y España en las que Estado
ha entrado directamente a regular elementos tan trascendentes de la
persona, en contra del Estado de Derecho, porque «el sistema
queda gravemente dañado».
Según informa «Análisis Digital», para el cardenal
Rouco, «Educación para la Ciudadanía» «es una asignatura, tal y
como se presenta, anticonstitucional».
En este sentido, señaló que el
Estado es «implícitamente el responsable de la formación moral de
los jóvenes» vulnerando así el artículo 27.3 de la Constitución
española que dice que el titular del derecho a la
educación moral de los hijos son los padres.
Análisis Jurídico
Destacando la
necesidad de conocer la asignatura desde la instancia que la
ha ordenado, hizo un análisis jurídico y ético sobre la
misma. Desde el punto de vista jurídico, afirmó que «la
Constitución está por encima de todos los órganos del poder
del Estado y la obediencia es de todos; gobernantes, legisladores
y jueces», pero, lamentó que la ley que regula «Educación
para la Ciudadanía» es una ley orgánica (LOE) que la
introduce «de forma sobria» puesto que no se dice en
qué consiste la asignatura y si uno quiere conocer más
datos tiene que leerse el preámbulo, donde se recoge la
intención del legislador.
Se refirió, además, a los Reales Decretos que
la regulan y destacó que «no se trata de educar
al ciudadano, sino que se trata de educar al hombre,
a la totalidad de la persona humana». «La educación de
la persona –agregó- se la concibe de una forma determinada,
por lo menos por omisión. Se omite toda dimensión trascendente
de la persona. El hombre camina en un horizonte sin
referencia y sin coordenadas. Sin sentido moral, sin sentido ético,
que va más allá de la realidad mundana».
El cardenal Rouco
dijo, también, que no se trata sólo de enseñar y
transmitir conocimientos sobre lo que es el hombre, sino que
se trata de educar en la práctica de que es
ese horizonte y aseguró que «es una asignatura que visto
sus principios, sus objetivos, su programación a las competencias básicas
y criterios de evaluación, es una doctrina sobre el hombre
vistas también desde el punto de vista individual». «Una cosa
es la moral social y otra la moral personal, diferenció».
Así, argumentó que «el Gobierno tiene que entrar en la
educación subsidiariamente».
Análisis ético Desde el punto de vista del análisis ético,
defendió que la educación moral de la persona está «estrechamente
unida a los padres que le han dado la vida
y todo intento de romper esto, es causar un grave
daño a la persona». «El derecho de los padres es
anterior al Estado», apostilló.
A su juicio, introducir obligatoriamente la educación
moral de la persona, «tan fundamental, sin contar con el
libre consentimiento de los padres de familia, es éticamente rechazable».
«Cuando el Estado -añadió- éticamente se justifica porque es un
ejercicio del poder para el bien común, pero cuando se
sale de ese marco, el Estado deja de ser justo».
Frente a ello, propuso reaccionar responsablemente y manifestó que, «sin
necesidad de cambiar la ley, se podría obtener otra asignatura,
calificarse de opcional o convertir el programa en verdadera educación
cívica y no doctrinal». Si no se consigue, explicó que
los afectados tendrían que recurrir a lo que mismo Estado
de derecho provee: recursos administrativos y contencioso-administrativos.
Sin embargo, si estos
recursos tampoco funcionan, recordó que se puede recurrir a la
objeción de conciencia por parte de los padres de familia
y de los titulares de los centros con ideario propio,
inspirados en la visión cristiana del mundo de la vida
o de otra confesión diferente. Para ello, aludió a la
nota de los obispos en la que «invitan a usar
todos los medios legítimos para modificar ‘Educación para la Ciudadanía’».
«Los
titulares de los colegios con ideario católico –agregó- tienen que
tener en cuenta la calificación jurídica y ética de esta
asignatura, que implica, a juicio de la CEE, una infracción
o no respeto de derechos fundamentales de la persona y
el juicio de inconstitucionalidad así como la posibilidad práctica de
que la asignatura sea compatible con el ideario suyo. Hay
un deber de solidaridad de los colegios con ideario con
los demás».
En un coloquio posterior con los periodistas, el cardenal
Rouco recordó que en los Reales Decretos los contenidos están
anunciados de una forma muy genérica «por lo que son
susceptibles de tratamientos diversos» pero ahondó en que el problema
es que el Estado imponga una asignatura de esa naturaleza.
«Es un problema moral y ético grave», subrayó. Así, señaló
que una democracia que funciona bien se fundamenta en el
conocimiento previo de esas cuestiones fundamentales y no las pone
en cuestión. A su entender, no se puede pensar que
el proceso electoral puede ir bien si las personas no
tienen sus derechos reconocidos previamente.
«La asignatura, tal y como está
configurada en la ley, el Gobierno la ha desarrollado de
una forma no constitucional sin necesidad jurídica», concluyó.
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