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Autor: Zenit | Fuente: Zenit Diez herramientas frente al adoctrinamiento en la escuela
Encuentro de más de mil objetores a EpC procedentes de España y Portugal
Diez herramientas frente al adoctrinamiento en la escuela
MADRID, lunes, 2 marzo 2009 (ZENIT.org).- Este sábado tuvo
lugar en Pozuelo de Alarcón, Madrid, el II Encuentro Nacional
de Objetores a Educación para la Ciudadanía, en el que
se han presentado a los padres diez herramientas fundamentales para
actuar ante quien quiera conculcar sus derechos fundamentales. La iniciativa, organizado
por Profesionales por la Ética y la Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CECE), tuvo como lema "Cuestión de libertad".
Celebrado en el campus de la Universidad Francisco de
Vitoria de Madrid -informa a ZENIT Ignacio Pascual Aguirre de
Cárcer, de Profesionales por la Ética de Cataluña--, el encuentro
contó con la asistencia de 1.050 personas procedentes ciudades de
la península ibérica (asistió también un nutrido grupo de padres
españoles residentes en Portugal). Durante toda la jornada, se sucedieron
conferencias, testimonios y actividades familiares. Los alumnos objetores celebraron un
encuentro paralelo a cargo del profesor Carlos Jariod, presidente de
la Asociación Educación y Persona.
Se celebró una comparecencia ante
los medios de comunicación en la que participaron algunos de
los impulsores de este movimiento, que sigue creciendo en España,
alentado por una sentencia del Tribunal Supremo que consideran favorable
en cuanto ofrece la posibilidad de impugnar los contenidos de
esta asignatura.
Lourdes Ruano Espina, catedrática de Derecho Eclesiástico de
la Universidad de Salamanca, afirmó que las cuatro sentencias recientemente
dictadas por el Supremo, en materia de objeción a Educación
para la Ciudadanía (EpC), son fruto de un forzado consenso
en numerosos puntos, y eso se traduce en múltiples contradicciones.
A pesar de negar el derecho a la objeción
de conciencia, aseguró la catedrática, las sentencias especifican que cuando
los proyectos educativos, libros de texto o explicaciones incurran en
adoctrinamiento, los padres pueden exigir el derecho a la tutela
judicial efectiva ante los Tribunales contencioso administrativos, que podrán dictar
medidas cautelares.
Indicó que el hecho de que la EpC
sea ajustada a derecho no autoriza a la Administración educativa
--ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos
profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta,
puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la
sociedad española son controvertidas.
José Ignacio Martínez, portavoz del Foro
de Laicos Asidonia Jerez expuso la situación en Andalucía, comunidad
en la que existen 16 plataformas de objetores y se
presentaron 8.400 objeciones, a pesar de las presiones, amenazas e
incluso coacciones a los objetores por parte de la Junta
de Andalucía.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
dictó más de 50 sentencias favorables al derecho de objeción
de conciencia, estando además más de 200 recursos judiciales pendientes
de resolver. Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética
en Cataluña, recordó que, en esta comunidad autónoma se presentaron
unas mil objeciones. Además, los padres objetores han interpuesto 181
recursos ante diferentes instancias judiciales.
Novella recordó que en Cataluña
no se ha emitido sentencia alguna sobre el derecho a
la objeción a EpC, aunque el Tribunal Superior de Justicia
dictó un Auto inadmitiendo la tramitación de cinco recursos por
la vía de los derechos fundamentales; estos Autos han sido
recurridos ante el Tribunal Supremo.
David González, portavoz de la
plataforma Lugo Educa en Libertad, recordó que los motivos de
los padres objetores están en los artículos 27.3 (Los poderes
públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones) y 16.1 de
la Constitución Española (Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y
de culto de los individuos...).
"Los padres objetores -afirmó- no
hacen otra cosa que defender la libertad de todos frente
a todos aquellos que quieren imponer un pensamiento único". González aseguró
que con asignaturas como estas se pretende controlar las conciencias
ya que el bloque de materias denominado EpC se propone
construir la moral de los alumnos, lo cual supone un
claro intento de adoctrinamiento y una expropiación del derecho constitucional
de los padres".
Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la
Ética, manifestó que, expuesto el plan de acción, es evidente
que en torno a EpC existe un conflicto social que
no se resuelve con las sentencias del Tribunal Supremo, que
resuelven cuatro recursos judiciales. Recordó que hay 1.700 procedimientos judiciales
en marcha y un movimiento social, el de los padres
objetores, que va a seguir utilizando todas las vías legales
a su alcance para defender las libertades ideológica, de conciencia
y de educación.
"Este concflicto -aseguró- se produce por una
imposición gubernamental ya que desde diferentes plataformas y asociaciones se
han solicitado al menos cinco entrevistas (desde septiembre de 2006)
con el presidente del Gobierno y con las sucesivas ministras
de Educación para abordar este asunto. Entrevistas que han sido
sistemáticamente denegadas".
Por último, Urcelay presentó, a modo de plan
de acción, los instrumentos legales que ofrecen las sentencias del
Tribunal Supremo para defender los derechos de los padres que
han objetado a Educación para la Ciudadanía.
Plan de Acción
1.- Corresponde
a los padres la decisión última respecto a los medios
e instrumentos legales a utilizar en defensa de sus derechos
y libertades.
2.- Ante la Administración educativa estatal o autonómica podrán
solicitar, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo sobre
el derecho a objetar a EpC, la revisión de los
decretos autonómicos que desarrollan la asignatura y en su caso
retiren los libros de texto y materiales de carácter adoctrinador.
3.-
Podrán instar a los responsables políticos y los legisladores de
las respectivas comunidades autónomas a que reconozcan el derecho a
objetar a EpC mediante normativa autonómica.
4.- Pueden presentar recursos de
amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso de las
cuatro sentencias emitidas por el Tribunal Supremo respecto al
derecho a objetar a EpC.
5.- En las comunidades autónomas sin
fallos judiciales sobre el derecho a objetar o con fallos
favorables a los objetores se podrán presentar recursos judiciales cuando
exista denegación de la objeción por resolución administrativa de la
comunidad autónoma.
6.- Se mantienen vigentes los recursos judiciales presentados contra
los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Andalucía, País Vasco,
Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha.
7.- Se pueden presentar recursos judiciales
que anulen determinados libros de texto, materiales y proyectos educativos
y actos concretos de adoctrinamiento escolar.
8.- Ante los centros educativos,
se deberá exigir la programación de las asignaturas de EpC,
así como el detalle de materiales didácticos que va a
utilizar el alumno y el docente para impartirlas.
9.- Pueden permanecer
fuera de clase de EpC los alumnos objetores amparados por
fallo judicial o resolución administrativa favorable.
10.- Si los padres
deciden que sus hijos vuelvan a clase de EpC, podrán
solicitar información detallada de la programación, libros de texto y
materiales didácticos que se vayan a utilizar para impartir este
conjunto de asignaturas. Se informará a la comunidad educativa y
a la opinión pública en general acerca de los libros
de texto, materiales didácticos y actos adoctrinadores llevados a cabo
por los centros educativos.
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