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| La ética en el estado pluralista |
fpa@arcol.org
El pluralismo es un dato ineliminable en muchas sociedades
de nuestro tiempo. En el mismo estado, en la misma
ciudad, conviven personas de ideas, religiones, culturas distintas, a veces
muy distintas...
El gobierno, el parlamento, las autoridades locales, no
pueden ignorar este dato. Surge, entonces, la pregunta: ¿es posible
legislar y gobernar según una ética que debería ser aceptada
por todos? ¿O hay que limitarse a normas muy genéricas
que garanticen la máxima libertad a las personas y a
los grupos?
El problema es viejo, y las soluciones ante
el mismo son variadas. Presentar dos propuestas antagónicas, extremas, pueden
guiarnos hacia la respuesta.
Según la primera propuesta, el estado
no sólo debería asumir un ideario ético, sino que tendría
que imponerlo a todos los ciudadanos. Esta perspectiva ha caracterizado
y caracteriza a los estados totalitarios, que buscan someter y
reducir al silencio a quienes tienen ideas éticas y políticas
distintas o contrarias a las impuestas desde arriba, si es
que no llegan a expulsar o eliminar a los “diferentes”.
Según la segunda propuesta, el estado debería renunciar a cualquier
ideario ético y político, para garantizar la máxima libertad a
los individuos y a los grupos, y para permitir que
cada individuo pudiera vivir según las propias convicciones éticas. Se
trataría de un estado “libertario”, aunque para algunos tal modelo
sería, simplemente, la destrucción del estado.
Entre estas dos propuestas
extremas existen numerosas posibilidades intermedias, algunas más cercanas a la
primera, otras más cercanas a la segunda.
Volvamos a nuestra
pregunta: ¿es posible encontrar una ética que sirva para iluminar
y orientar las decisiones del gobierno? Tal ética, ¿debería ser
“impuesta” a todos los miembros de la sociedad? Quizá podamos
dar con la respuesta si reflexionamos en lo que significa
la palabra “estado”.
Un estado existe no como simple agregación
de individuos, sino como una organización social que busca defender
ciertos valores fundamentales de las personas y de los grupos,
y que promueve, en el respeto de tales valores, modos
concretos de alcanzar el bien común.
Pensar así al estado,
como defensor y promotor de algunos valores básicos, significa aceptar
una cierta visión ética, un modo de pensar según el
cual es posible determinar qué estaría permitido y qué estaría
prohibido en la vida social.
Entonces, surge la pregunta: ¿qué
visión ética sería adecuada para construir un estado justo? ¿Cómo
conjugar la adopción de una ética con la existencia del
pluralismo en la sociedad?
La respuesta necesita evidenciar el objetivo
que caracteriza a todo estado verdaderamente justo: la promoción del
bien común, la tutela de los derechos humanos fundamentales. Ello
implica, por un lado, reconocer tales derechos y aceptarlos como
buenos, como origen de las normas que regulan la vida
social. Por otro, individuar qué opciones individuales y de grupo
van contra tales derechos y no pueden ser admitidas en
una sociedad pluralista, pues de lo contrario sufriría un enorme
daño la convivencia y el respeto a los derechos humanos
básicos.
Existen, sin embargo, grupos culturales e ideológicos que piden,
en nombre del pluralismo, que sean tolerados o legalizados en
el estado actos como el aborto, la eutanasia, la distribución
libre de la droga, la posibilidad de vender órganos del
propio cuerpo, la clonación, etc.
El estado, sin embargo, no
viola el respeto del legítimo pluralismo cuando prohíbe comportamientos o
actividades que implican violar los derechos de otros o producen
graves daños en la convivencia humana.
El caso del aborto
es paradigmático. No es correcto, en nombre de la tolerancia
a las minorías, permitir el aborto, sencillamente porque cada aborto
es la eliminación injusta de una vida humana inocente, de
un hijo en el seno materno.
Otro caso, presente no
sólo en algunos países de África, sino también entre poblaciones
de emigrantes en Europa o América, es el de la
infibulación femenina. Esta práctica tiene, hay que reconocerlo, un apoyo
cultural fuerte en algunos grupos minoritarios, pero ello no quita
la crueldad y la injusticia que se comete contra la
mujer que sufre este tipo de agresiones físicas. Un estado
justo sabrá erradicar, incluso perseguir, a quienes cometan este tipo
de actos, aunque para ello tenga que oponerse a grupos
culturales que tienen una visión ética diferente de la ética
propia del estado.
El mundo moderno necesita reconocer el valor
incondicional de los derechos humanos para promover la justicia por
encima de permisivismos libertarios o de dictaduras opresoras. Es decir,
necesita buscar y asumir una ética básica que sirva no
sólo para emanar leyes justas y gobernar rectamente, sino para
defender aquellos principios fundamentales que sirven para vivir en una
sociedad auténticamente buena.
Ello será posible desde una “gramática trascendente”,
según una bella fórmula usada por el Papa Benedicto XVI.
Tal gramática “está inscrita en las conciencias, en las que
se refleja el sabio proyecto de Dios”, y nos permite
acoger un “conjunto de reglas de actuación individual y de
relación entre las personas en justicia y solidaridad” (Benedicto XVI,
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de
enero de 2007).
Con esta gramática una sociedad podrá ser
realmente “sociedad”, unión de personas desde unos principios éticos irrenunciables
y válidos para todos. Desde tales principios será posible erradicar
injusticias presentes en algunos miembros o grupos sociales, y acoger
aquellos comportamientos aceptables en un mundo sanamente pluralista.
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