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Autor: Zenit.org | Fuente: Zenit.org La democracia amenazada por los riesgos del «partidismo»
Los políticos, en particular los creyentes, tienen en la exhortación apostólica «Ecclesia in Europa» una brújula para su compromiso político y evitar el «partidismo», considera Alberto Ribera.
La democracia amenazada por los riesgos del «partidismo»
MADRID, lunes, 7 junio 2004 ( ZENIT.org ).- Los
políticos, en particular los creyentes, tienen en la exhortación
apostólica «Ecclesia in Europa» una brújula para
su compromiso político y evitar el «partidismo», considera Alberto
Ribera.
Así lo expuso este médico y economista, profesor
del IESE, la escuela de negocios de la Universidad
de Navarra, con sede en Barcelona y Madrid, al
intervenir en el Foro de Coloquios Interdisciplinares de Madrid, que
ha celebrado un ciclo de encuentros sobre el documento
en el que Juan Pablo II recoge las conclusiones
del segundo sínodo europeo.
En esta entrevista concedida a
Zenit, Ribera explica sus conclusiones. --¿Qué destacaría del mensaje
de «Ecclesia in Europa», por lo que se refiere
a la actuación de los católicos en la vida
política?
--Alberto Ribera: Todo el documento es, como dice
el Papa al principio, «una invitación a la esperanza».
En esa línea, me parece especialmente relevante el comentario al
pasaje del Apocalipsis: «ponte en vela, reanima lo que
te queda y está a punto de morir», en
el que Juan Pablo II invita a «confesar nuestras
lentitudes, omisiones, infidelidades y culpas», sin excusas y sin
adoptar «actitudes huidizas de desaliento». --¿En qué se manifiestan
esos signos de desánimo y esas otras actitudes negativas,
que sería necesario rectificar?
--Alberto Ribera: Ante todo, en la
falta de reconocimiento de la responsabilidad personal de cada
uno --de mí mismo-- en la crisis que vivimos.
Contrasta la actitud del Papa y de los obispos
con la postura de muchos católicos, cuando tan a
menudo imputamos los males de la situación actual a
los adversarios de la Iglesia, culpables del deterioro moral,
cultural y social, que se observa a nuestro alrededor. A
menudo, nuestra acción se agota en denunciar los presuntos
abusos que otros cometen. --¿Podría poner algún ejemplo?
--Alberto
Ribera: Voy a tomarlos de una entrevista al catedrático
de Derecho de la Universidad Complutense, Rafael Navarro-Valls, publicada
por Zenit el 11 de mayo de 2004.
Según
esa entrevista, las dificultades para la enseñanza de la
religión en las escuelas públicas en España surgieron «porque
no había un número suficiente de profesores que quisieran
impartir este tipo de enseñanza». Después vinieron los problemas
con sindicatos y con gobiernos centrales o autonómicos. Pero
a lo mejor también hay que responsabilizar a los católicos,
que hemos abandonado la enseñanza pública o que nos
hemos desentendido de las clases de religión en los
centros públicos.
Recuerda el ilustre jurista que «la Iglesia aspira
a su autofinanciación, donde encontraría un mayor espacio de
libertad». Si esta capacidad de independencia económica no se
ha logrado, ¿es debido a la oposición de algunos
partidos políticos? Más bien habría que decir que algo
falla en el grado de compromiso de los laicos
católicos con nuestra Iglesia, cuando se trata de echar
mano de la cartera.
La lista de ejemplos podría
prolongarse. Y es que resulta más cómodo echar la
culpa a los «malos» que arremangarse y tratar de
ser coherente. En el fondo del asunto, subyace --a mi
modo de ver-- la poca asimilación de las enseñanzas
del Concilio Vaticano II sobre la misión de los
laicos en la Iglesia y en la sociedad. --Esa
mayor presencia en la vida pública, ¿no significaría desenterrar
anacrónicos planteamientos de confesionalismo?
--Alberto Ribera: En absoluto. Creo que
Juan Pablo II proclama justamente lo contrario, y lo
hace de manera radical al insistir en la necesidad
de orientar las tareas políticas en función de su
naturaleza de servicio al bien común. En la exhortación
sobre la Iglesia en Europa, subraya de nuevo el
deber de «defender la verdad y promover la paz,
purificando el corazón de cualquier hostilidad, egoísmo y partidismo». Considero
muy significativa esa mención al «partidismo», que el Papa
ha repetido varias veces: por ejemplo, en la proclamación
de santo Tomás Moro como Patrono de los gobernantes
y políticos, durante el Jubileo del año 2000. Tal
vez no se ha prestado suficiente atención a la
denuncia de una subordinación de la política a «la
utilidad del propio grupo o partido», que hizo en
aquella ocasión. --¿Cuáles son esos posibles riesgos del partidismo?
--Alberto Ribera: Además de la violación de la justicia
en las acciones concretas en que se anteponga el bien
particular de un grupo al bien común, la partitocracia
está llevando a un difuso desprestigio de la democracia,
especialmente entre los jóvenes. De ahí al rechazo de
la política y al cinismo, no hay más que
un paso.
Predomina en todas partes --lo vemos a
diario, a derecha e izquierda-- una visión de la
política como lucha de poder y no como tarea
de servicio. Un político católico incurriría en esa postura
partidista, si para él lo importante fuera detentar el
poder e impedir así que lo ocuparan «otros», presunta o
declaradamente anticatólicos. Aunque esto último fuera cierto, el argumento
no sería válido: que el otro sea «malo» no
significa que yo sea «bueno». Quizá de manera inconsciente,
no sólo se prejuzga que los otros obrarán mal,
sino que también se da por supuesto que «los
míos» actúan siempre bien. Se acaba en un partidismo-sectarismo,
que genera confrontación y agresividad. Ahí está la política
«anti» y el ambiente de crispación que lamentablemente ya
se ha convertido en un tópico con el que
en España unos partidos denuncian a otros, jaleados por
medios de comunicación igualmente partidistas-sectarios. --¿Puede ofrecer alguna sugerencia o
propuesta concreta?
--Alberto Ribera: Opino que sería conveniente una
reforma de las leyes electorales dando cabida a listas
abiertas, que facilitarían discernir entre personas singulares y no
sólo entre etiquetas de partido. Además, considero importante que
los partidos políticos garanticen la libertad de voto --o
al menos la objeción de conciencia--, en aquellas cuestiones
que afectan a las convicciones personales. Se trata de
un derecho básico, pero que demasiadas veces se ha
conculcado en nombre de disciplinas de partido, impuestas de
manera formal o tácitamente (por ejemplo cuando se
temen represalias ante un posible disenso respecto a los líderes
del partido).
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