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Autor: Zenit.org | Fuente: Zenit.org El derecho a emigrar, según el pensamiento social católico
El tema de la inmigración ha llenado titulares en Estados Unidos desde que el presidente George Bush propusiera una nueva política para las trabajadores temporales.
El derecho a emigrar, según el pensamiento social católico
MALIBU, California, sábado, 27 marzo 2004 ( ZENIT.org ).-
El tema de la inmigración ha llenado titulares en
Estados Unidos desde que el presidente George Bush propusiera
una nueva política para las trabajadores temporales.
¿Pero qué
papel desempeña en el pensamiento social católico la inmigración?
Andrew Yuengert – profesor asociado en la cátedra de
economía John and Francis Duggan Professor en el Seaver
College de la Universidad de Pepperdine – compartió con
ZENIT que el derecho a inmigrar no es absoluto.
Es,
sin embargo, un recordatorio importante de la dignidad de
los afectados por las políticas nacionales y es un
componente del bien común universal, afirmaba.
--¿Por qué el
uso del término «derechos» transforma la naturaleza del debate
sobre la inmigración?
--Yuengert: La palabra «derechos» suele ser
la última cosa que quieren oír aquellos a los
que irrita la inmigración. Los americanos suelen malinterpretar lo
que los papas quieren decir cuando proclaman que hay
un derecho a emigrar.
En nuestra cultura, la exigencia de
derechos se hace de un modo absoluto – se
suelen invocar los derechos como una forma de poner
fin a un debate, a menos que otro reclame
un derecho competente, en cuyo caso no se resuelve
nada y cada uno se siente agraviado.
Por contraste,
reclamar derechos en el pensamiento católico es un recordatorio
de la dignidad de los afectados por nuestras políticas.
Con la reclamación de derechos comienzan los debates, no
se les pone fin, y orienta los debates en medio
de las deliberaciones políticas hacia los bienes humanos verdaderos.
De esta manera, reclamar derechos de los inmigrantes es
un estímulo para tomar en cuenta los beneficios muy
reales de la inmigración para los inmigrantes mismos –
no para construir una política basada únicamente en sus
efectos sobre los ciudadanos. --¿Qué significa que hay un
derecho a emigrar, y por qué existe ese derecho?
¿Cómo se conecta con la dignidad de la persona
humana?
--Yuengert: Como he dicho antes, el término derecho viene
a recordarnos que tomemos en cuenta el efecto de
nuestras políticas en los inmigrantes, así como en nuestra
propia gente.
Podemos descubrir este derecho al reflexionar sobre
lo que está implicado en la decisión de emigrar.
Raramente se emprende la inmigración a la ligera. Hay
pérdidas reales asociadas a ella: pérdida de la cultura
local, pérdida de las conexiones familiares, y vulnerabilidad a
la explotación en un mercado de trabajo y en
una cultura nuevas.
Un inmigrante es un ser humano que
da un paso difícil, en ocasiones arriesgado, en la
búsqueda de su propio desarrollo. El mismo acto de
inmigrar proclama que estos bienes son importantes para él
y su familia, que corren riesgo si él no
emigra.
Una persona que va más allá de las
fronteras nacionales persiguiendo el bienestar de su familia, su
propia educación, o quizás huyendo de un peligro físico
directo, reclama nuestra solicitud por la dignidad que expresa
en su decisión. --¿De qué forma se conecta el derecho
a emigrar con los principios básicos del pensamiento social
cristiano conocidos como subsidiariedad y solidaridad?
--Yuengert: Los principios
de solidaridad y subsidiariedad salvaguardan el bien común de
la inmigración.
La capacidad de moverse más allá de
las fronteras nacionales para conseguir una vida mejor es
un componente del bien común universal. Incluso aunque la
mayoría de la gente nunca se convierta en inmigrante,
la existencia de la opción es un bien humano
verdadero que beneficia a las familias y a los
países, a través de una mayor oportunidad económica y el
enriquecimiento de las culturas a través de su interacción.
El bien común internacional no cae dentro de las
fronteras de ningún país, sin embargo, y por ello
ningún país es responsable de garantizar el derecho a
emigrar.
Puesto que no existe una organización internacional que
tenga la autoridad de salvaguardar el libre movimiento de
personas a través de las fronteras nacionales, las naciones
tienen la honra, por decirlo de alguna manera, de
salvaguardar este derecho.
La solidaridad en la inmigración es el
compromiso firme por este derecho – nos anima a
que consideremos al inmigrante como a otra persona, cuya
dignidad está en juego en nuestras deliberaciones políticas y
por quien nadie hablará como persona si no lo
hacemos nosotros.
El principio de subsidiariedad exige que las
políticas de inmigración de las comunidades locales – en
este caso, los estados nación – se respeten por
las organizaciones internacionales.
Estos dos principios proporcionan el necesario equilibrio
para hacer una política de inmigración. La solidaridad descubre
en la humanidad de los inmigrantes el derecho a
emigrar; la subsidiariedad respeta las justas prerrogativas de la
nación, que debe equilibrar el bien de sus propios
ciudadanos en contra de los beneficios reales para los
inmigrantes. P: ¿La enseñanza social católica favorece la inmigración
sin restricciones? ¿No deberían tener los estados el derecho
a controlar razonablemente sus fronteras, especialmente a la luz
de las preocupaciones por la seguridad nacional?
Yuengert: El derecho
a emigrar no es absoluto. Es como el derecho
de propiedad, que puede ser abrogado en ciertas situaciones,
pero no como el derecho a la vida, que
no puede jamás abrogarse.
Cuando la inmigración amenaza otros
derechos – el derecho de las personas a la
seguridad básica, por ejemplo – puede restringirse a la
luz de estos otros derechos. Como el derecho a
la propiedad, el derecho a emigrar no debería restringirse
a la ligera, puesto que ello restringe un bien
humano fundamental – la iniciativa del inmigrante de promover su
propio bienestar o el de su familia.
Muchos han
hecho uso de la preocupación legítima por la seguridad
para imponer restricciones sobre la inmigración legal. Si la
inmigración es la principal amenaza a la seguridad nacional
de Estados Unidos, éste sería un buen argumento para
restringirla. La inmigración no es, sin embargo, la principal
amenaza para nuestra seguridad.
La mayor amenaza es el
desorden en el Servicio de Inmigración y Naturalización. No
hacemos un buen trabajo al investigar a los inmigrantes legales
a la búsqueda de terroristas cuando entran en los
Estados Unidos y los perdemos de vista después.
Si
guardáramos mejores archivos de inmigrantes, no nos preocuparíamos tanto
de su número. Si restringimos el número de inmigrantes
legales, habrá más inmigrantes ilegales, que no podremos seguir.
Por lo que un terrorista simplemente intentará entrar en
el país ilegalmente, o como uno de los 35
millones de visitantes temporales que visitan cada año Estados
Unidos. --Muchos conservadores críticos con las políticas de inmigración abierta
temen que la inmigración en masa lleve a una
ruptura cultural, a un aumento de la pobreza y
al crimen. ¿Son infundados estos miedos?
--Yuengert: Hace cien
años, se expresaron los mismos miedos sobre los inmigrantes
judíos y católicos del sur y el este de
Europa. No serían asimilados, serían una carga pública, no
serían democráticos y serían, potencialmente, desleales. Hoy nuestra cultura
incluye influencias italianas, judías, griegas y polacas y ninguna
ha hecho daño.
¿Son los nuevos inmigrantes diferentes de
los antiguos? Son trabajadores, ansiosos de tener éxito, y todavía
unidos a sus países y formas de vida de
origen. Para decir la verdad, dada la cultura del
estado norteamericano, una gran afluencia de inmigrantes devotamente religiosos
sería una bendición.
Puesto que muchos inmigrantes son pobres,
suben nuestra tasa de pobreza. Esto pone en verdadera
tensión nuestra red de seguridad social, en especial en
los estados y localidades donde se concentran los inmigrantes,
y ha dado lugar a restricciones en el acceso
inmigrante al bienestar.
Estos costes no serían tan grandes si
se distribuyeran a lo largo de país. Una buena
oportunidad puede ser dar más ayudas federales a aquellos
estados y localidades con más carga al tener que
proporcionar servicios sociales a los inmigrantes.
Los inmigrantes no
elevan nuestra tasa criminal. Casi todos ellos están aquí
para trabajar, no para robar. Los hijos de los
inmigrantes pobres tienen un riesgo algo mayor de criminalizarse,
pero este riesgo no es tan diferente del que
tiene cualquiera que crezca en la pobreza. --¿Tiene ventajas económicas
tangibles una política de inmigración abierta?
--Yuengert: Las ventajas
de la inmigración son similares a las ventajas del
libre mercado: Estados Unidos puede sacar plena ventaja de
su fortaleza económica – bienes y servicios de alta
tecnología – sin tener que prescindir de los bienes
hechos con menos trabajo experto.
Sin embargo, las ventajas
se distribuyen de forma irregular, y surgen costes para
los trabajadores de Estados Unidos que tienen que competir
directamente con los inmigrantes por los puestos de trabajo.
Los
salarios no expertos han caído ligeramente debido a la
inmigración; esta caída, por lo demás pequeña, preocupa, incluso
aunque da como resultado un gran beneficio otorgado a
los inmigrantes mismos, que muchas veces experimentan como sus
ingresos se multiplican por cinco.
Aunque los inmigrantes imponen
pesadas cargas fiscales al puñado de estados donde se
concentran, son una ventaja neta para el gobierno federal.
Puesto que son jóvenes, ayudarán a pagar los gastos
del gobierno cuando los baby-boomers se retiren, a través
de sus contribuciones a la seguridad social y a los
seguros de enfermedad. --¿Están los estados moralmente obligados a
aceptar a trabajadores inmigrantes? ¿si es así como pueden
equilibrar sus intereses con la población nativa y el
bien común?
Yuengert: La segunda cuestión exige la obligación
moral del estado. Es obligado equilibrar los intereses de
los inmigrantes con su bien común nacional. Aunque el
Papa Juan Pablo II anima a las naciones desarrolladas
a que sean generosas, no ofrece consejos específicos más
allá de sus exhortaciones.
El equilibrio actual de intereses requiere
de la virtud de la prudencia – es una
difícil decisión, que requiere igual respeto por la dignidad
del inmigrante y del nativo.
El Papa está preocupado
de que las naciones ni siquiera intenten buscar un
equilibrio entre sus propios intereses y los de los
inmigrantes, sino que traten los inconvenientes de la inmigración
como costes intolerables e ignoren completamente las ventajas sustanciales
de la inmigración para los inmigrantes. --¿Deben los inmigrantes
ser «naturalizados» tanto cultural como lingüísticamente, o deberían las poblaciones
nativas trabajar por respetar las culturas inmigrantes y no
animarlas a asimilarse?
--Yuengert: La postura en los escritos
del papa Juan Pablo II es que los emigrantes
se asimilen. Al emigrar, se unen a una nueva
comunidad, con un nuevo bien común. El derecho a
emigrar implica ciertos deberes por parte de los emigrantes:
aprender la lengua local, pagar impuestos, ser un buen
miembro de su comunidad local y obedecer las leyes.
Esta última obligación hace problemática la inmigración ilegal, puesto
que pone al emigrante en una contradicción: el mismo acto
de emigrar es una violación de las leyes de
la comunidad a la que se suma como emigrante.
En cualquier momento hay una ley que regularmente se
burla sin consecuencias, y se pone en peligro el
respeto por toda ley.
Hay dos remedios para este
problema. El primero está relacionado con la abrogación de
la prohibición: las restricciones de las leyes de inmigración
son una carga demasiado grande para los potenciales inmigrantes.
Los inmigrantes, buscando una vida mejor, emigran desafiando esta
ley, poniendo en peligro el respeto por cualquier ley, así
que deberían suavizarse las restricciones.
El segundo remedio es
hacer cumplir las leyes actuales de manera más rigurosa.
Esto puede requerir más medidas de coacción, como las
que actualmente queremos imponer: aumentar las penas para los
patrones que empleen inmigrantes ilegales, deportación expeditiva y ampliación
de la detención de inmigrantes ilegales mientras la maquinaria
del debido proceso se pone en funcionamiento.
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