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| Para una mejor distribución de la tierra: el reto de la reforma agraria |
PRESENTACIÓN
El presente documento, « Para una mejor distribución de la
tierra. El reto de la reforma agraria », se propone
solicitar, a todos los niveles, una fuerte toma de conciencia
de los dramáticos problemas humanos, sociales y éticos, que desencadena
el fenómeno de la concentración y de la apropiación indebida
de la tierra.
Se trata de problemas que golpean en su
dignidad a millones de seres humanos y privan de una
perspectiva de paz a nuestro mundo.
De frente a situaciones marcadas
por tanta e inaceptable injusticia, el Pontificio Consejo Justicia y
Paz ha pensado ofrecer este documento para la reflexión y
la orientación, haciéndose intérprete de una doble solicitud, aquélla proveniente
de los pobres y aquélla proveniente de los pastores: pronunciar,
con evangélica franqueza, una palabra sobre las situaciones escandalosas, presentes
en casi todos los continentes, respecto a la propiedad y
el uso de la tierra.
El Pontificio Consejo, sirviéndose del rico
patrimonio de sabiduría acumulada en la doctrina social de la
Iglesia, ha considerado suyo el improrrogable deber de llamar la
atención de todos, especialmente de los responsables políticos y económicos,
a emprender apropiadas reformas en el campo agrario para iniciar
una estación de crecimiento y de desarrollo.
No se debe dejar
transcurrir el tiempo en vano. El Grande Jubileo del 2000,
proclamado por el Santo Padre Juan Pablo II para conmemorar
el Único Salvador Jesucristo, es una llamada alta y comprometedora
a una conversión, también en el plano social y político,
que restablezca el derecho de los pobres y de los
excluidos a gozar de la tierra y de sus bienes
que el Señor ha dado a todos y a cada
uno de sus hijos e hijas.
PREMISA
1. El modelo de desarrollo
de las sociedades industrializadas es capaz de producir enormes riquezas,
pero pone en evidencia insuficiencias graves a la hora de
redistribuir equitativamente los frutos y cuando se trata de fomentar
el crecimiento de las áreas más atrasadas.
Ni siquiera las economías
desarrolladas se libran de esta contradicción, sin embargo la gravedad
de esta situación alcanza dimensiones dramáticas en las economías en
vías de desarrollo.
Esto es patente en el fenómeno constante de
la apropiación indebida y de la concentración de las tierras,
es decir del bien que, puesto que la economía de
los países en vías de desarrollo están basadas en la
agricultura, constituye junto con el trabajo, el factor de producción
fundamental y la fuente principal de la riqueza nacional.
Este estado
de cosas es frecuentemente una de las causas más importantes
del hambre y la miseria y constituye una negación concreta
del principio, que nace del origen común y de la
fraternidad en Dios (cf. Ef 4, 6) que todos los
seres humanos nacen con igualdad de derechos y dignidad.
2. En
el umbral del Tercer Milenio de la era cristiana, el
Papa Juan Pablo II invita a toda la Iglesia a
« subrayar más decididamente la opción preferencial ... por los
pobres y los marginados » y señala « en el
compromiso por la justicia y la paz en un mundo
como el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables
desigualdades sociales y económicas, ... un aspecto sobresaliente de la
preparación y de la celebración del Jubileo ».(1)
Bajo esta perspectiva
y con el presente documento, el Pontificio Consejo Justicia y
Paz pretende encarar el dramático problema de la apropiación indebida
y de la concentración de las tierras en el latifundio,(2)
pidiendo una solución y señalando el espíritu y los objetivos
que tienen que marcar el paso.
El documento presenta de forma
sintética:
– una descripción del proceso de concentración de la propiedad
de las tierras donde no está distribuida de forma equitativa;
–
los principios que deben inspirar las soluciones de este grave
problema, según el mensaje bíblico y eclesial;
– la solicitación de
una reforma agraria eficaz como condición indispensable para llegar a
un futuro de mayor justicia.
El documento pretende llamar la atención
de quienes se preocupan por los problemas del mundo de
la agricultura y del desarrollo económico en general, sobre todo
la de los responsables, nacionales e internacionales, sobre los problemas
vinculados con la propiedad de las tierras e incitarles a
que actúen urgentemente. Sin embargo, no se trata de un
documento con una propuesta política puesto que ésta no es
de competencia de la Iglesia.
3. El Consejo Pontificio Justicia y
Paz se convierte en portavoz de las solicitaciones procedentes de
muchísimas Iglesias locales, que tienen que enfrentarse diariamente con los
problemas tratados aquí.
Leyendo las numerosas intervenciones de los Obispos y
de las Conferencias Episcopales sobre el tema de las tierras
y de su distribución equitativa(3)se ve claramente la atención y
la preocupación que tiene la Iglesia por estos temas puesto
que intenta construir la sociedad bajo la señal evangélica de
la justicia y de la paz.
Se hará constantemente referencia a
estos documentos aunque no sean citados de forma explícita. Estos
constituyen una contribución de gran valor y significado, relatan testimonios
cristianos de sufrimiento, realizados en situaciones difíciles y dolorosas.
Tenemos el
propósito de confirmar el valor de estos testimonios y queremos
alentar este compromiso para el futuro.
CAPITULO I
PROBLEMAS VINCULADOS CON LA
CONCENTRACION
DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
La hipoteca del pasado en
la situacion actual
4. La estructura agrícola de los países en
vías de desarrollo se caracteriza a menudo por una distribución
de tipo dual. Un pequeño número de latifundistas posee la
mayoría de las tierras cultivables mientras que una multitud de
pequeñísimos propietarios, de arrendatarios y de colonos cultivan el resto
de las tierras que a menudo son de peor calidad.
El latifundio es característico hoy en día del régimen de
la tierra de casi todos estos países.(4)
El proceso de concentración
de la propiedad de la tierra tiene orígenes históricos diferentes,
que varían de una región a otra. Hay que decir,
por el gran interés que tiene para nuestra reflexión, que
en las áreas que fueron sometidas a la dominación colonial,
la concentración de las tierras en grandes fundos se ha
difundido sobre todo a partir de la segunda mitad del
siglo pasado, mediante la progresiva apropiación privada de la tierra,
secundada por leyes que han introducido graves distorsiones en el
mercado de las tierras.(5)
La apropiación privada de la tierra no
ha conllevado solamente la creación y la consolidación de los
latifundios sino también la pulverización de las pequeñas propiedades.
El pequeño
cultivador(6) podía, en el mejor de los casos, adquirir una
pequeña superficie de tierra, para cultivarla con su familia. Cuando
ésta aumentaba, él no estaba en condiciones de ampliar su
propiedad, a no ser que estuviera dispuesto a trasladarse con
su familia hacia tierras menos fértiles y más lejanas, que
requerían más trabajo por cada unidad de producto.
Se sentaban, de
esta forma, las bases de una ulterior fragmentación de la
que ya era una pequeña superficie de tierra poseída y
por lo tanto el empobrecimiento del cultivador y de su
familia.
5. En los últimos decenios la situación no ha cambiado
de forma sustancial, es más, en muchos casos ha ido
empeorando progresivamente aunque la realidad demuestre el impacto negativo que
tiene en el crecimiento económico y en el desarrollo social.(7)
En
el origen de esta situación, está la interacción de una
serie de fenómenos graves que, a pesar de las peculiaridades
nacionales, poseen características muy parecidas entre los diferentes países.
Los caminos
del desarrollo económico recorridos por los diferentes países en vías
de desarrollo en los últimos decenios han favorecido el proceso
de concentración de la propiedad de la tierra. En general,
este proceso parece ser la consecuencia de las medidas de
política económica y de los vínculos estructurales inmutables a corto
plazo y el causante de costes económicos, sociales y medio
ambientales.
Evaluacion critica de las medidas de politica economica
La industrialización a
expensas de la agricultura
6. Para modernizar de forma rápida las
economías nacionales, muchos países en vías de desarrollo se han
basado sobre todo en la convicción, a menudo no justificada,
de que la industrialización rápida puede mejorar el bienestar económico
general aunque tenga lugar a expensas de la agricultura.
Estos países
han tomado, por lo tanto, medidas de protección de las
producciones industriales internas y de manipulación de los tipos de
cambio de las monedas nacionales en desventaja de la agricultura;
medidas de sostenimiento del poder adquisitivo de las poblaciones urbanas
basadas en el control de los precios de los productos
alimenticios; o bien otras medidas que, al alterar el mecanismo
de distribución de los mercados, han conllevado un empeoramiento de
las condiciones de cambio de la producción agrícola con respecto
a la producción industrial.
La consiguiente caída de las rentas agrícolas
ha afectado duramente a los pequeños productores hasta el punto
que muchos de ellos han abandonado la agricultura. Todo esto
ha favorecido el proceso de concentración de la propiedad de
la tierra.
Los fracasos de la reforma agraria
7. En los últimos
decenios, en muchos países en vías de desarrollo se han
realizado reformas agrarias para asegurar una equitativa repartición de la
propiedad y del uso de la tierra. Sólo en algunos
casos estas reformas han alcanzado los objetivos establecidos. En la
mayoría de estos países sin embargo estas reformas no han
dado los resultados prometidos.
El hecho de creer que la reforma
agraria consiste fundamentalmente en un simple reparto y asignación de
tierras ha sido una de las mayores equivocaciones.
Los fracasos se
pueden atribuir en parte a una inadecuada evaluación de las
necesidades del sector de la agricultura en transición, de una
fase de subsistencia a una fase de integración con los
mercados nacionales e internacionales, y en parte también a una
falta de profesionalidad en la elaboración de los proyectos, en
la organización y en la gestión de la reforma.(8)
En resumen,
las medidas de la reforma agraria no han alcanzado sus
objetivos: de reducir la concentración de la tierra en los
latifundios, de crear empresas capaces de crecer de forma autónoma,
de impedir la expulsión de los campesinos de las tierras
y la consiguiente migración hacia los centros urbanos o hacia
las tierras libres o marginales y sin infraestructuras sociales.
8. En
muchos casos los gobiernos no se han preocupado suficientemente de
proporcionar a las zonas interesadas por la reforma, las infraestructuras
y los servicios sociales indispensables; de realizar una eficaz asistencia
técnica; de asegurar un acceso justo al crédito con costes
tolerables; de limitar las distorsiones que favorecían a los latifundios;
de pedir a los beneficiarios de las tierras precios y
formas de pago de éstas, compatibles con las necesidades de
crecimiento de sus empresas y con las necesidades de sus
familias. Los pequeños cultivadores, obligados a endeudarse, deben a menudo
vender sus derechos y abandonar su actividad agrícola.
Una segunda causa
importante del fracaso de las reformas agrarias nace de la
falta de consideración por la historia y por las tradiciones
culturales de los pueblos, que ha hecho que se favorezcan
algunas estructuras agrícolas en contraste con las formas tradicionales de
propiedad de la tierra.
Otras dos realidades han contribuido a desestabilizar
de forma notable el proceso de reforma: una lamentable serie
de formas de corrupción, de servilismo político y de colusión
que han llevado a asignar amplias parcelas a los miembros
de los grupos directivos, y la presencia de
empresas extranjeras, preocupadas
por las consecuencias de la reforma agraria en sus actividades
económicas.
Las exportaciones agrícolas
9. En muchos países en vías de desarrollo,
también las modalidades con las que las políticas agrícolas se
han encargado de la exportación de los productos agrícolas han
favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la
tierra en manos de unos pocos.
Para algunos productos se han
adoptado políticas de control de los precios que aventajan a
las grandes empresas agro-industriales y a los cultivadores de productos
de exportación, y desgraciadamente han penalizado a los pequeños cultivadores
de productos tradicionales.(9)
Otras medidas han hecho que todas las infraestructuras
y todos los servicios se hicieran en base a los
intereses de los latifundistas. En otros casos, las políticas fiscales
sobre la agricultura han incrementado los beneficios de ciertos grupos
de propietarios (las personas físicas o de las sociedades de
capitales) y han consentido una amortización, en tiempos relativamente reducidos,
de las inversiones, sin prever impuestos progresivos y consintiendo por
otra parte una fácil evasión fiscal. Ha habido además políticas
de concesión de crédito a la agricultura que han falseado
las relaciones de precio entre el capital tierra y el
trabajo.
De esta forma se ha facilitado un proceso de acumulación
basado en la inversión en tierras. Se ha excluido de
este proceso a los pequeños cultivadores que se encuentran a
menudo al margen del mercado de la tierra.
La subida de
los precios de la tierra y la disminución de la
demanda de trabajo, debido a la mecanización de la agricultura,
limitan el acceso de los pequeños agricultores, cuando no están
asociados, a los créditos a largo plazo y por lo
tanto a las tierras.
10. El objetivo de reducir la deuda
internacional a través de las exportaciones puede llevar a una
disminución del nivel de bienestar de los pequeños agricultores puesto
que a menudo éstos no cultivan productos de exportación.
Las carencias
del servicio público de capacitación agrícola no permiten a estos
agricultores, que se dedican por motivos de necesidad a una
agricultura de subsistencia con el empleo de métodos tradicionales, adquirir
la preparación técnica necesaria para realizar correctamente el cultivo de
los nuevos productos. Las dificultades a las que se enfrentan
los pequeños agricultores, escasamente integrados con el mercado, en el
acceso a los créditos reducen sus posibilidades de adquirir los
factores de producción que las nuevas tecnologías requieren. El escaso
conocimiento del mercado no les permite estar informados sobre la
evolución de los precios de los productos y les impide
alcanzar el nivel de calidad que las exportaciones requieren.
En las
pequeñas propiedades, el cultivo de los productos de exportación, fomentado
por el mercado, tiene lugar a expensas de las producciones
destinadas en su mayoría al autoconsumo y, por lo tanto,
expone a las familias de agricultores a graves riesgos. Si
la temporada es mala o si las condiciones del mercado
no son buenas, la familia del pequeño agricultor puede entrar
en la espiral del hambre y acumular deudas que la
obligarán a perder la propiedad de sus tierras.
La expropiación de
las tierras de los indígenas
11. En estos últimos decenios ha
tenido lugar una intensa y continua expansión de las diferentes
actividades económicas basadas en la utilización de los recursos naturales
de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas.
En la
mayoría de los casos, la expansión de las grandes empresas
agrícolas, la construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, la explotación de
los recursos mineros, petrolíferos y madereros de los bosques en
las áreas de expansión de la frontera agrícola han sido
decididas, planificadas y realizadas sin considerar los derechos de los
habitantes indígenas.(10)
Todo esto tiene lugar de forma legal, pero el
derecho de propiedad promulgado por la ley se encuentra en
conflicto con el derecho de uso del suelo originado por
una ocupación y por una pertenencia cuyos orígenes se remontan
a tiempos muy lejanos.
Los pueblos indígenas, que en su cultura
y en su espiritualidad consideran la tierra como el valor
fundamental y el factor que los une y que alimenta
su identidad, perdieron el derecho legal de propiedad de las
tierras donde viven desde hace siglos en el momento en
que se crearon los primeros latifundios. Se les puede por
lo tanto privar de estas tierras si los tenedores antiguos
o nuevos del título legal de propiedad quieren tomar concretamente
posesión de éstas aunque durante varios decenios no les hayan
interesado para nada.
También puede ocurrir que los indígenas corran el
riesgo, absurdo pero concreto, de que se les considere como
invasores de sus propias tierras.
La única alternativa al hecho de
que se les expulse de sus tierras es el trabajo
para las grandes empresas o la emigración. A estos pueblos,
de cualquier forma, se les despoja de sus tierras y
de su cultura.
Violencias y complicidades
12. La historia reciente de muchas
áreas rurales está frecuentemente marcada por conflictos, por injusticias sociales
y por varias formas de violencia no controlada.
La élite terrateniente
y las grandes empresas de explotación de los recursos mineros
y madereros no han tenido reparos en muchas ocasiones en
instaurar un clima de terror para calmar las protestas de
los trabajadores, obligados a soportar ritmos de trabajo inhumanos y
retribuidos con salarios que a menudo no cubren los gastos
de viaje, las comidas y el alojamiento. Se ha instaurado
este clima también para ganar los conflictos con los pequeños
agricultores que llevan mucho tiempo cultivando tierras de propiedad del
Estado o bien otras tierras o para apoderarse de las
tierras ocupadas por los pueblos indígenas.
En estas luchas se utilizan
métodos intimidatorios, se efectúan detenciones ilegales y, en algunos casos
extremos, se reclutan grupos armados para destruir los bienes y
las cosechas, para quitar poder a los líderes de las
comunidades, para deshacerse de algunas personas, incluidos los que defienden
a los más débiles, entre los cuales también hay que
recordar a muchos responsables de la Iglesia.
A menudo los representantes
de los poderes públicos son cómplices de estas violencias. La
impunidad de los ejecutores y de los mandantes de los
crímenes está garantizada por las deficiencias del sistema jurídico y
por la indiferencia de muchos Estados por los instrumentos jurídicos
internacionales de defensa de los derechos humanos.
Nudos institucionales y estructurales
que se deben resolver
13. Los países en vías de desarrollo
pueden contrarrestar eficazmente el proceso actual de concentración de la
propiedad de la tierra si hacen frente a algunas situaciones
que se presentan como auténticos nudos estructurales. Estas son: las
carencias y los retrasos a nivel legislativo sobre el tema
del reconocimiento del título de propiedad de la tierra y
sobre el mercado del crédito; la falta de interés por
la investigación y por la capacitación agrícola; la negligencia por
los servicios sociales y por la creación de infraestructuras en
las áreas rurales.
El reconocimiento legal del derecho de propiedad
14. El
conjunto de normas y los frágiles asentamientos administrativos, como los
catastros, de muchos países a menudo agravan las dificultades a
las que se enfrentan los pequeños agricultores a la hora
de obtener el reconocimiento legal del derecho de propiedad de
la tierra que cultivan desde hace tiempo y de la
que son propietarios de hecho. Ocurre con frecuencia que se
les quite las tierras a los agricultores porque éstas caen,
por ley, en manos de quienes al tener más medios
económicos y más información pueden conseguir el reconocimiento del derecho
de propiedad.
El pequeño cultivador de cualquier forma sale perdiendo: la
incertidumbre sobre el título de propiedad de la tierra representa
en efecto un elemento que no anima a invertir, hace
aumentar los riesgos para el agricultor en el supuesto de
que éste incremente las dimensiones de su finca y disminuye
las posibilidades de acceso al crédito utilizando la tierra como
garantía. Además esta incertidumbre representa un incentivo a explotar en
exceso los recursos naturales del fundo sin considerar las consecuencias
vinculadas a la sostenibilidad medio ambiental y sin preocuparse por
las futuras generaciones.
El mercado del crédito
15. Las normas tradicionales sobre
los créditos contribuyen a producir los efectos arriba mencionados. El
pequeño agricultor se enfrenta a muchas dificultades para acceder a
los créditos necesarios para mejorar las tecnologías de producción, para
incrementar sus propiedades, para hacer frente a las adversidades, a
causa del papel que tiene la tierra, considerada como un
instrumento de garantía y a causa de los costes elevados
que las financiaciones de importes limitados conllevan a los bancos
de crédito.(11)
En las zonas rurales el mercado legal del crédito
a menudo no existe. El pequeño agricultor se ve obligado
a recurrir a la usura para conseguir los préstamos que
necesita, exponiéndose a riesgos que le pueden llevar a la
pérdida parcial o incluso total de sus tierras. En efecto,
el usurero tiene generalmente el objetivo de especular con las
tierras. Se rastrean así las pequeñas propiedades, aumentando el número
de personas sin tierra y, al mismo tiempo se incrementa
el patrimonio de los latifundistas, de los agricultores más ricos
o de los comerciantes locales.
En los países pobres, en resumen,
el acceso al crédito a largo plazo tiende a ser
proporcional a la propiedad de los medios de producción y
sobre todo de la tierra y por lo tanto se
convierte en una prerrogativa de los grandes latifundistas.
La investigación y
la capacitación agrícola
16. Existen muchas carencias también a nivel de
investigación y de capacitación agrícola,(12) es decir en las actividades
de investigación o desarrollo de nuevas tecnologías apropiadas a las
diferentes realidades y en la información de los agricultores sobre
estas nuevas técnicas y sobre sus modalidades de uso con
el fin de obtener el máximo beneficio.
A menudo, en los
países en vías de desarrollo, el esfuerzo económico empleado para
crear estructuras de investigación agrícola es bastante limitado y la
preparación de aquellos que son responsables de la formación no
resulta conveniente.
Se crean pues los supuestos que hacen posibles dos
fenómenos estrechamente vinculados entre sí y que tienen muchas repercusiones
económicas y sociales:
– la difusión de tecnologías que son el
fruto de las investigaciones de privados que, por motivos de
mercado, se dirigen a las empresas de grandes dimensiones;
– la
falta de atención por la compatibilidad de las nuevas tecnologías
con las características de la agricultura de las diferentes áreas
e incompatibles sobre todo con las condiciones socioeconómicas de estas
zonas. En estos casos se corre el riesgo de que
los efectos de las difusión de las nuevas tecnologías sean
negativos para el bienestar de los pequeños agricultores y para
la supervivencia de sus empresas.
La falta de infraestructuras y servicios
sociales
17. La falta de interés por las infraestructuras y por
los servicios sociales indispensables en las zonas rurales tiene un
papel importante.
El sistema escolar de estas áreas, por sus carencias
cuantitativas y cualitativas, no proporciona a los jóvenes los medios
necesarios para que desarrollen sus potencialidades personales y para que
adquieran la conciencia de su dignidad de seres humanos y
el conocimiento de sus derechos y deberes.
De la misma forma,
las carencias de los transportes, además de dificultar el acceso
a los demás servicios sociales, hacen que se reduzca la
rentabilidad de la actividad agrícola. La falta de carreteras o
sus malas condiciones por falta de mantenimiento y la escasez
de medios de transporte públicos aumentan los costes de producción
y reducen por lo tanto las posibilidades de mejorar las
técnicas de producción.
La consecuencia más grave de la falta de
infraestructuras es la dependencia de los pequeños agricultores de los
mercados locales para comercializar sus productos. En los mercados locales
hay pocas informaciones útiles lo cual hace que sea difícil
que los productos alcancen los niveles de calidad requeridos por
la demanda. En estos mercados hay personas que tienen el
monopolio de las transacciones, de forma que los agricultores se
ven obligados a aceptar los precios impuestos o bien se
arriesgan a no vender sus productos.
Consecuencias de las politicas economicas
sobre la propiedad de la tierra
Consecuencias económicas
18. La falta de
equidad en la repartición de la propiedad de la tierra
y las políticas que causan estos desequilibrios obstaculizan el desarrollo
económico.
Estos desequilibrios y estas políticas pueden generar consecuencias económicas que
recaen sobre la mayoría de la población. Podemos señalar al
menos cinco:
a) Las distorsiones en el mercado de la tierra.
Las políticas de intervención sobre el mercado favorecen a menudo
a los grandes latifundios, sea de forma implícita o explícita,
puesto que tienen subvenciones indirectas y ventajas fiscales y de
crédito. Estos privilegios conllevan nuevas inversiones en el valor de
la tierra incrementando así el precio de ésta. Los pequeños
agricultores ven de esta forma cómo se reducen sus posibilidades
de adquirir tierras y por lo tanto también la posibilidad
de alcanzar, con las operaciones normales de compraventa, la equidad
del mercado de la tierra.
b) La reducción de toda la
producción agrícola del país. En los países con una economía
agrícola poco desarrollada existe generalmente una relación inversa entre las
dimensiones de la empresa agrícola y la productividad. La producción
por unidad de superficie de los pequeños agricultores es superior
a la de los latifundistas. En cambio, la producción obtenida
por los latifundistas, quienes poseen la mayor parte de las
tierras, es inferior, con la consecuente reducción de la producción
agrícola general del País.
c) Los salarios agrícolas mantenidos a niveles
bajos. Tal mantenimiento se debe al incremento de la oferta
y de la simultánea disminución de la demanda de trabajo
en el sector de la agricultura y debido a la
falta de condiciones para que los agricultores puedan negociar su
trabajo, a nivel colectivo e individual.
d) La poca rentabilidad de
las pequeñas empresas. Cuando la rentabilidad de las pequeñas empresas
se reduce, impide que se hagan las inversiones necesarias para
que se desarrollen. Se trata por lo tanto de un
proceso en espiral y sin salida.
e) La malversación de los
ahorros acumulados en el sector de la agricultura. Estos ahorros
no se utilizan de forma provechosa para invertir en infraestructuras
y tecnologías útiles para la agricultura y se malversan en
otros sectores de la economía o bien se emplean en
el consumo.
Consecuencias sociales y políticas
19. Las consecuencias sociales son elevadas
y graves. El mundo de la agricultura ha entrado en
un proceso que incrementa y difunde la pobreza.(13) Ahí donde
la pobreza es predominante y no existe ningún sistema de
seguridad social y ninguna certidumbre sobre la vejez, los hijos
representan para los padres una garantía para el futuro. Las
tasas de crecimiento de la población son por lo tanto
muy altas mientras que los problemas de la enseñanza y
de la salud siguen sin resolverse.
El equilibrio tradicional de la
repartición de la población en el espacio ha sido quebrantado,
en las comunidades rurales, por los procesos de desestructuración que
son el origen de las migraciones hacia las periferias de
las grandes ciudades que se parecen cada vez más a
megalópolis y donde se recrudecen los problemas sociales, la violencia
y la criminalidad.
Los pueblos indígenas, presionados para que se alejen
de sus tierras, asisten a la disolución de sus instituciones
económicas, sociales, políticas y culturales, y ven cómo se destruye
el equilibrio medio ambiental de sus territorios.
20. En muchos países,
ricos en recursos naturales y en terrenos cultivables, el hambre
y la malnutrición representan los problemas principales.(14) El hambre es
hoy en día un fenómeno creciente que no depende solamente
de las carestías sino también de las medidas políticas que
no mejoran el acceso de las familias a los recursos.
El hecho de defender a unos pocos hace que se
obstaculice o se impida, de hecho o legalmente, el desarrollo
de la agricultura. El hecho de destinar las tierras al
cultivo de productos de exportación, reduce los costes de los
productos alimenticios de los países desarrollados pero tiene efectos muy
negativos en la mayoría de las familias que viven de
la agricultura. Esta paradoja es intolerable para cualquier inteligencia y
conciencia.
La acumulación de los problemas económicos y sociales incrementa la
complejidad de los problemas políticos, provocando una inestabilidad y unos
conflictos que retrasan el desarrollo de la democracia. Todo esto
va en contra de la agricultura y es un obstáculo
muy grave para cualquier programa de desarrollo económico.
Consecuencias ambientales
21. Las
desigualdades en la distribución de la propiedad de las tierras
desencadenan un proceso de degradación del medio ambiente difícilmente reversible,(15)
a lo que se añade el deterioro del suelo, la
disminución de su fertilidad, el riesgo de inundaciones, la disminución
de la capa freática, el aterramiento de los ríos y
de los lagos y otros problemas ecológicos.
A menudo se fomenta,
con facilidades fiscales y de crédito, la deforestación de amplios
territorios para dejar sitio a la cría extensiva del ganado,
a las actividades mineras o el manufacturado de las maderas,
pero sin prever planes de rehabilitación del medio ambiente y
si están previstos no se aplican.
La pobreza también está vinculada
al deterioro medio ambiental en un círculo vicioso cuando los
pequeños agricultores, expropiados del latifundio, y los pobres sin tierra,
en busca de nuevas tierras, se ven obligados a ocupar
las tierras estructuralmente frágiles, como por ejemplo los terrenos pendientes
y a erosionar el patrimonio forestal para poder cultivar.
CAPITULO II
EL
MENSAJE BIBLICO Y ECLESIAL
SOBRE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
Y SOBRE
EL DESARROLLO AGRICOLA
El mensaje biblico
El cuidado de la creación
22. La
primera página de la Biblia relata la creación del mundo
y de la persona humana: « Creó, pues, Dios al
ser humano a imagen suya: a imagen de Dios le
creó; macho y hembra los creó » (Gn 1, 27).
Palabras solemnes expresan la tarea que Dios les confía: «
Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla;
mandad en los peces del mar y en las aves
de los cielos y en todo animal que serpea sobre
la tierra » (Gn 1, 28).
La primera tarea que Dios
les encomienda —es evidente que se trata de una tarea
fundamental— se refiere a la actitud que deben tener con
la tierra y con todos los seres vivientes. « Henchir
» y « dominar » son dos verbos que se
pueden malentender con facilidad e incluso pueden parecer una justificación
de ese dominio despótico y desenfrenado que no se preocupa
por la tierra y por sus frutos y hace estragos
con ella a su propio favor. En realidad « henchir
» y « dominar » son verbos que, en el
lenguaje bíblico, sirven para describir la dominación del rey sabio
que se preocupa por el bienestar de todos sus súbditos.
El
hombre y la mujer tienen que cuidar la creación, para
que ésta les sirva y para que esté a disposición
de todos y no sólo de algunos.
23. La naturaleza profunda
de la creación es la de ser un don de
Dios, un don para todos, y Dios quiere que se
quede así. Por eso la primera orden que Dios da
es la de conservar la tierra respetando su naturaleza de
don y bendición, y de no transformarla en instrumento de
poder o motivo de conflictos.
El derecho-deber de la persona humana
de dominar la tierra nace del hecho de ser imagen
de Dios: corresponde a todos y no sólo a algunos
la responsabilidad de la creación. En Egipto y en Babilonia
este privilegio era sólo de algunos. En la Biblia, en
cambio, el dominio pertenece a la persona humana por ser
tal y, por lo tanto a todos. Es más, es
la humanidad conjuntamente la que se debe sentir responsable de
la creación.
Dios deja al hombre en el jardín para que
lo labre y lo cuide (cf. Gn 2, 15) y
para que se alimente de sus frutos. En Egipto y
en Babilonia el trabajo es una dura necesidad impuesta a
los hombres en beneficio de los dioses: en realidad, en
beneficio del rey, de los funcionarios, de los sacerdotes y
de los terratenientes. En la narración bíblica, en cambio, el
trabajo es algo para la realización de la persona humana.
La
tierra es de Dios quien la ofrece a todos sus
hijos
24. El israelita tiene el derecho de propiedad de la
tierra, que la ley protege de muchas formas. El Decálogo
prescribe: « no codiciarás la casa de tu prójimo, su
campo, su siervo o su sierva, su buey o su
asno: nada que sea de tu prójimo » (Dt 5,
21).
Se puede decir que el israelita se siente verdaderamente libre
y plenamente israelita sólo cuando posee su parcela de tierra.
Pero la tierra es de Dios, insiste el Antiguo Testamento,
y Dios la ha dado en herencia a todos los
hijos de Israel. Se debe por lo tanto repartir entre
todas las tribus, clanes y familias. Y el hombre no
es el verdadero dueño de su tierra sino que es
más bien un administrador. El dueño es Dios. Se lee
en el Levítico: « La tierra no puede venderse para
siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois
para mí como forasteros y huéspedes » (25, 23).
En Egipto
la tierra pertenecía al faraón y los campesinos eran sus
esclavos y de su propiedad. En Babilonia había una estructura
feudal: el rey entregaba las tierras a cambio de servicios
y de fidelidad. No hay nada parecido en Israel. La
tierra es de Dios que la ofrece a todos sus
hijos.
25. De ahí derivan varias consecuencias. Por un lado, nadie
tiene el derecho de quitar la tierra a la persona
que la cultiva, en caso contrario se viola un derecho
divino; ni siquiera el rey puede hacerlo.(16) Por otro lado,
se prohibe toda forma de posesión absoluta y arbitraria a
propio favor: no se puede hacer lo que se quiere
con los bienes que Dios ha dado para todos.
Sobre esta
base la legislación ha ido añadiendo, impulsada siempre por situaciones
concretas, muchas restricciones al derecho de propiedad. Algunos ejemplos: la
prohibición de recoger los frutos de un árbol durante los
cuatro primeros años (cf. Lv 19, 23-25), la invitación a
no cosechar la miés hasta el borde del campo y
la prohibición de recoger los frutos y las espigas olvidados
o caídos, porque pertenecen a los pobres (cf. Lv 19,
9-10; 23, 22; Dt 24, 19-22).
A la luz de esta
visión de la propiedad se entiende la severidad del juicio
moral expresado por la Biblia sobre los abusos de los
ricos, que obligan a los pobres y a los campesinos
a ceder sus fundos familiares. Los Profetas son los que
más condenan estos abusos. « ¡Ay, los que juntáis casa
con casa, y campo con campo anexionáis! » grita Isaías
(5, 8). Y su contemporáneo Miqueas añade: « Codician campos
y los roban, casas, y las usurpan; hacen violencia al
hombre y a su casa, al individuo y a su
heredad » (2, 2).
La perspectiva de libertad del Jubileo
26. El
esfuerzo de vincular de forma estable y perpetua la propiedad
de la tierra a su dueño y, al mismo tiempo,
el esfuerzo de repartir equitativamente las tierras entre todas las
familias de Israel, están a la base de una de
las instituciones sociales más singulares de ese pueblo: el Jubileo
(cf. Lv 25).(17) Este instituto traduce directamente a nivel social
y económico el señorío de Dios y pretende afirmar, o
defender tres libertades.
La primera libertad atañe a los campos y
a las casas que, en el año jubilar, deben ser
devueltas a los antiguos propietarios. Se pueden vender los campos
y las tierras pero la venta no es más que
un traspaso de derechos de utilización que mantiene el derecho
del propietario (o de un pariente) a recobrar en cualquier
momento su fundo. De todos modos cada cincuenta años las
propiedades volverán a las familias propietarias originarias.
La segunda libertad se
refiere a las personas que, en el año Jubilar deben
regresar libres a sus familias y a sus propiedades.
La tercera
libertad se refiere a la tierra que, en el año
del Jubileo y en el año sabático, se tendrá que
dejar descansar.
La motivación de estas tres libertades es muy interesante:
« Pues yo soy Yahvéh vuestro Dios » (Lv 25,
17); « La tierra es mía, ya que vosotros sois
para mí como forasteros y huéspedes » (Lv 25, 23).
La motivación básica es por lo tanto el señorío de
Dios, un señorío que se manifiesta en el don a
los hombres: « Yo soy Yahvéh, vuestro Dios, que os
saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra
de Canaán y ser vuestro Dios » (Lv 25, 38).
La
propiedad de la tierra segun la doctrina social de la
Iglesia
27. Siguiendo la perspectiva marcada por las Sagradas Escrituras, la
Iglesia ha elaborado en el transcurso de los siglos su
doctrina social. Documentos fidedignos y significativos ilustran sus principios fundamentales,
así como los criterios útiles para juzgar y discernir, y
las indicaciones y orientaciones para realizar las elecciones oportunas.
En la
doctrina social se juzga el proceso de concentración de la
tierra como un escándalo porque está en neta oposición con
la voluntad y el designio salvífico de Dios, porque niega
a una gran parte de la humanidad los beneficios de
los frutos de la tierra.
Las perversas desigualdades de la distribución
de los bienes comunes y de las posibilidades de desarrollo
de toda persona y los desequilibrios deshumanizados de las relaciones
personales y colectivas, causados por este tipo de concentración, provocan
conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y
provocan la destrucción del tejido social y el deterioro del
medio ambiente.
El destino universal de los bienes y de la
propiedad privada
28. Las consecuencias del desorden actual confirman la necesidad,
para toda la sociedad humana, de que se recuerden continuamente
los principios de la justicia, y sobre todo el principio
del destino universal de los bienes.
La doctrina social de la
Iglesia, en efecto, funda la ética de las relaciones de
propiedad del hombre con respecto a los bienes de la
tierra bajo la perspectiva bíblica que señala la tierra como
un don de Dios para todos los seres humanos. «
Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene al
uso de todos los pueblos, de modo que los bienes
creados, en una forma equitativa, deben alcanzar a todos bajo
la guía de la justicia y el acompañamiento de la
caridad. Pues ... jamás se debe perder de vista este
destino común de los bienes ».(18)
El derecho al uso de
los bienes terrenales es un derecho natural, primario, de valor
universal, puesto que es de todo ser humano: ningún otro
derecho de tipo económico puede violarlo,(19) deberá pues ser tutelado
y aplicado mediante leyes e instituciones.
29. Al afirmar la necesidad
de garantizar a todos los hombres, siempre y en cualquier
circunstancia, el disfrute de los bienes de la tierra, la
doctrina social apoya también el derecho natural de propiedad de
estos bienes.(20)
El hombre, todo hombre, fructifica, de forma efectiva y
eficaz, los bienes de la tierra que han sido puestos
a su servicio y, por tanto, se realiza así mismo,
si está en condiciones de poder usar libremente estos bienes,
habiendo adquirido la propiedad de éstos.(21)
Esta es una condición y
una garantía de libertad; es el presupuesto y la garantía
de la dignidad de la persona. « La propiedad privada,
o un cierto dominio sobre los bienes externos, asegura a
cada uno una zona indispensable de autonomía personal, y debe
ser considerada como una prolongación de la libertad humana. Y
como constituyen un estímulo para el ejercicio del cargo y
del deber, constituyen una de las condiciones de las libertades
civiles ».(22)
Si no se reconoce a los particulares el derecho
de propiedad privada, incluida la de los bienes de producción,
la historia y la experiencia nos demuestra que se llega
a la concentración del poder, a la burocratización de los
diferentes ámbitos de la sociedad, a la insatisfacción social y
a ahogar y suprimir « el ejercicio de la libertad
humana en las cosas más fundamentales ».(23)
30. El derecho de
propiedad privada, según el Magisterio de la Iglesia no es
sin embargo incondicional, al contrario, está caracterizado por restricciones muy
precisas.
La propiedad privada, en efecto, en el contexto concreto de
sus instituciones y de sus normas jurídicas es ante todo
un instrumento de actuación del principio del destino común de
los bienes, es por lo tanto un medio y no
un fin.(24)
El derecho de propiedad privada, que es positivo y
necesario, debe estar circunscrito en los límites de una función
social de la propiedad. Todo propietario debe por lo tanto
ser siempre consciente de la hipoteca social que grava sobre
la propiedad privada: « Por tanto, el hombre al usarlos
no debe tener las cosas exteriores, que legítimamente posee, como
exclusivas suyas, sino también considerarlas como cosas comunes, en el
sentido de que deben no sólo aprovecharle a él, sino
también a los demás ».(25)
31. La función social directa y
naturalmente inherente a las cosas y a su destino, permite
que la Iglesia afirme en su enseñanza social: « Quien
se encuentra en extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo
necesario tomándolo de las riquezas de otros ».(26) El límite
al derecho de propiedad privada lo establece el derecho de
todo hombre al uso de los bienes necesarios para vivir.
Esta
doctrina, establecida por Santo Tomás de Aquino,(27) ayuda a evaluar
algunas situaciones difíciles de mucha importancia ético-social, como la expulsión
de los campesinos de las tierras que han cultivado, sin
que se les asegure el derecho de recibir la parte
de bienes necesarios para vivir, y los casos de ocupación
de las tierras baldías por parte de los campesinos que
no son propietarios y que viven en condiciones de extrema
indigencia.
Condena del latifundio
32. La doctrina social de la Iglesia, basándose
en el principio de la subordinación de la propiedad privada
al destino universal de los bienes, analiza las modalidades de
aplicación del derecho de propiedad de la tierra como espacio
cultivable y condena el latifundio como intrínsecamente ilegítimo.
Las grandes posesiones
rurales están mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular sobre
ellas, mientras que se debería incrementar la producción agrícola para
responder a la creciente demanda de alimentos de la mayoría
de la población, sin tierras o con parcelas demasiado pequeñas.
Para
la doctrina social de la Iglesia, el latifundio está en
neto contraste con el principio de que « la tierra
ha sido dada para todo el mundo y no solamente
para los ricos », de modo que « no hay
ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera
a la propia necesidad cuando a los demás les falta
lo necesario ».(28)
El latifundio, de hecho, niega a una multitud
de personas el derecho de participar con el propio trabajo
al proceso de producción y de responder a sus necesidades
y a las de sus familias al igual que a
las de su comunidad y nación de la que forman
parte.(29)
Los privilegios asegurados por el latifundio provocan contrastes escandalosos y
conllevan situaciones de dependencia y de opresión tanto a nivel
nacional como internacional.
33. La enseñanza social de la Iglesia denuncia
también las injusticias intolerables provocadas por las formas de apropiación
indebida de la tierra por parte de propietarios o empresas
nacionales e internacionales, en algunos casos apoyadas por instituciones del
Estado, que, pisotean todo derecho adquirido y, a menudo, incluso
los títulos legales mismos de posesión del suelo, despojando a
los pequeños agricultores y a los pueblos indígenas de sus
tierras.
Se trata de formas de apropiación muy graves, porque, además
de incrementar las desigualdades en la distribución de los bienes
de la tierra, por lo general, conllevan una distribución de
una parte de estos bienes, empobreciendo así a toda la
humanidad. Estas crean formas de explotación de la tierra que
quebrantan los equilibrios construidos durante siglos entre el hombre y
el medio ambiente y causan un gran deterioro medio ambiental.
Esto
debe aparecer como la señal de la desobediencia del hombre
al mandamiento de Dios de actuar como guardián y como
sabio administrador de la creación (cf. Gn 2, 15; Sb
9, 2-3). Las consecuencias de esta desobediencia pecaminosa son gravísimas.
Esta, en efecto, causa una grave y vil forma de
falta de solidaridad entre los hombres porque afecta a los
más pobres y a las generaciones futuras.(30)
34. A la condena
del latifundio y de la apropiación indebida, contrarios al principio
del destino universal de los bienes, la doctrina social añade
la condena de las formas de explotación del trabajo, sobre
todo cuando éste es remunerado con salarios o bien con
otras modalidades indignas del hombre.
Con la remuneración injusta por el
trabajo concluído y con otras formas de explotación se niega
a los trabajadores la posibilidad de recorrer « la vía
concreta a través de la cual la gran mayoría de
los hombres puede acceder a los bienes que están destinados
al uso común; tanto los bienes de la naturaleza como
los que son fruto de la producción ».(31)
Reforma agraria: indicaciones
para un recorrido posible
Realizar una reforma agraria efectiva, equitativa y
eficiente
35. A menudo ocurre que las políticas que pretenden promover
una utilización correcta del derecho de propiedad privada de la
tierra no consiguen impedir que ésta se siga poniendo en
práctica, en amplias áreas del mundo, como un derecho absoluto,
sin ninguna limitación proveniente de las correspondientes obligaciones sociales.
Sobre este
tema la doctrina social de la Iglesia es muy explícita
e indica que la reforma agraria es una de las
reformas más urgentes y que se debe emprender sin demora:
« En muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes
para volver a dar a la agricultura —y a los
campesinos— el justo valor como base de una sana economía,
en el conjunto del desarrollo de la comunidad social ».(32)
Particularmente
drámatico, a propósito de este tema, es el llamamiento que
hizo Juan Pablo II en Oaxaca, en México, a los
hombres de gobierno y a los latifundistas: « Por parte
vuestra, responsables de los pueblos, clases poderosas que tenéis a
veces improductivas las tierras que esconden el pan que a
tantas familias falta: la conciencia humana, la conciencia de los
pueblos, el grito del desvalido, y sobre todo la voz
de Dios, la voz de la Iglesia os repiten conmigo:
no es justo, no es humano, no es cristiano continuar
con ciertas situaciones claramente injustas. Hay que poner en práctica
medidas reales, eficaces, a nivel local, nacional e internacional, en
la amplia línea marcada por la Encíclica Mater et magistra
(parte tercera). Y es claro que quien más debe colaborar
en ello, es quien más puede ».(33)
36. La doctrina social
afirma varias veces que se debe garantizar la mayor valoración
posible de las potencialidades productivas de la agricultura ahí donde
un porcentaje importante de la población se dedica a cultivar
la tierra y depende de esa cultivación. En el caso
de los fundos insuficientemente cultivados, la doctrina social justifica, mediante
una indemnización equitativa para los propietarios,(34) la expropiación de la
tierra para repartirla a quienes estén desprovistos o que posean
parcelas irrisorias.(35)
Se debe subrayar sin embargo que, para la doctrina
social, una reforma agraria no se debe limitar a repartir
títulos de propiedad a los asignatarios.
La expropiación de las tierras
y el reparto de éstas no son más que uno
de los aspectos, y no se trata del más complicado,
de una política de reforma agraria equitativa y eficiente.(36)
Promover la
difusión de la propiedad privada
37. La doctrina social de la
Iglesia ve en la reforma agraria un instrumento adecuado para
difundir la propiedad privada de la tierra en el caso
en el que los poderes públicos actúen siguiendo tres líneas
de acción diferentes pero complementarias:
a) a nivel jurídico, para que
haya leyes justas que mantengan y tutelen la efectiva difusión
de la propiedad privada;(37)
b) a nivel de políticas económicas, para
facilitar « el acceso a la propiedad privada de los
siguientes bienes: bienes de consumo duradero; vivienda; pequeña propiedad agraria;
utillaje necesario para la empresa artesana y para la empresa
agrícola familiar; acciones de empresas grandes o medianas ».(38)
c) a
nivel de políticas fiscales y tributarias, para asegurar la continuidad
de la propiedad de los bienes en el ámbito de
la familia.(39)
Facilitar el desarrollo de la empresa agrícola familiar
38. Condenando
el latifundio, porque es la expresión de un uso socialmente
irresponsable del derecho de propiedad y porque es un grave
obstáculo para la movilidad social, y condenando también la propiedad
estatal de la tierra, porque conlleva una despersonalización de la
sociedad civil, la doctrina social de la Iglesia, consciente de
que « nadie puede establecer en términos genéricos las líneas
fundamentales a que debe ajustarse la empresa agrícola »,(40) sugiere
que se valore ampliamente la empresa familiar propietaria de la
tierra que cultiva directamente.(41)
La empresa agrícola familiar citada anteriormente utiliza
sobre todo el trabajo realizado por los miembros de la
familia y se puede integrar al mercado del trabajo empleando
trabajadores asalariados.
La dimensión de este tipo de empresa agrícola debería
estar en condiciones de proporcionar: unos ingresos adecuados para la
familia, la continuidad de la familia en la empresa, el
acceso a los créditos agrícolas y la sostenibilidad del medio
ambiente rural, todo ello, utilizando de forma apropiada los factores
de producción.
Gracias a la eficiencia de su gestión y a
la riqueza social que se produce de esta forma, este
tipo de empresa proporciona nuevas posibilidades de empleo y de
crecimiento humano para todos.
Esta empresa, puede proporcionar una contribución muy
positiva no sólo para el desarrollo de una estructura agrícola
eficiente, sino también para la realización del principio mismo del
destino universal de los bienes.
Respetar la propiedad comunitaria de los
pueblos indígenas
39. El Magisterio social de la Iglesia no considera
la propiedad individual como la única forma legítima de posesión
de la tierra. Este considera también y de forma especial
la propiedad comunitaria, que caracteriza la estructura social de numerosos
pueblos indígenas.
Este tipo de propiedad tiene tantas repercusiones en estos
pueblos, a nivel económico, cultural, y político, que constituye un
elemento fundamental de su supervivencia y de su bienestar, teniendo
además una función igualmente esencial de salvaguardia de los recursos
naturales.(42)
La protección y la valoración de la propiedad comunitaria no
debe, sin embargo, excluir la consciencia del hecho de que
este tipo de propiedad está destinado a evolucionar. Si se
actúa sólo para garantizar su conservación se corre el riesgo
de vincularla al pasado y, de este modo, de destruirla.(43)
Llevar
a cabo una política laboral justa
40. La tutela de los
derechos humanos que provienen de la actividad laboral es otra
línea de acción fundamental que la doctrina social de la
Iglesia presenta para asegurar una correcta actuación del derecho de
propiedad privada de la tierra. Dadas las relaciones que vinculan
el trabajo a la propiedad, éste representa un medio de
importancia crucial para garantizar el destino universal de los bienes.
Los
poderes públicos,(44) tienen pues el deber de intervenir para que
estos derechos sean respetados y realizados siguiendo tres líneas de
acción:
a) fomentar las condiciones que aseguren el derecho al trabajo;(45)
b)
garantizar el derecho a una remuneración del trabajo justa;(46)
c) tutelar
y promover el derecho de los trabajadores de formar asociaciones,
que tengan como finalidad la defensa de los derechos de
los trabajadores.(47) El derecho a asociarse representa, en efecto, la
condición indispensable que permite alcanzar un equilibrio en las relaciones
de poder de contratación entre los trabajadores y los empresarios
y para garantizar, por lo tanto, el desarrollo de un
buen diálogo entre las partes sociales.
Realizar un sistema de enseñanza
capaz de producir un crecimiento cultural y profesional efectivo de
la población
41. El factor cada vez más decisivo para tener
acceso a los bienes de la tierra ya no es,
como ocurría en el pasado, la propiedad de la tierra,
sino la posesión de los conocimientos que el hombre posee
y puede acumular. Juan Pablo II afirma: « Existe otra
forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una
importancia no inferior a la de la tierra: es la
propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber ».(48)
Cuanto
mejor conozca el agricultor las capacidades productivas de la tierra
y de los demás factores de producción y las diferentes
modalidades con las cuales responder a las necesidades de los
destinatarios del fruto de su trabajo, más fecundo será su
trabajo, sobre todo como instrumento de realización personal, con el
que emplea su inteligencia y su libertad.
Es necesario, urgente y
prioritario poner en marcha un sistema de enseñanza capaz de
ofrecer, en los diferentes niveles escolares, la enseñanza de los
conocimientos y el desarrollo de las aptitudes técnicas y científicas.
CAPITULO
III
LA REFORMA AGRARIA: UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
La reforma
agraria: un instrumento necesario ...
42. Una actividad agrícola caracterizada por
la apropiación indebida y por la concentración de las tierras
en latifundios obstaculiza gravemente el desarrollo económico y social de
un país. La falta de crecimiento de la producción agrícola
y del empleo no es más que un efecto a
corto plazo.
Frente a esta situación, una reforma de la agricultura,
que asegure un reparto de las tierras diferente, representa un
objetivo importante sobre el cual hay que centrar la atención,
al tratarse de una intervención necesaria para el desarrollo armónico
de la economía y de la sociedad.
La calidad y el
éxito de los programas de desarrollo obtienen, en efecto, grandes
beneficios de la movilidad de los recursos internos de un
país y de su distribución entre los diferentes sectores y
grupos sociales. El objetivo de una reforma agraria es precisamente
el de consentir el acceso a la tierra y a
su utilización apropiada así como el fomento del empleo.
43. Este
tipo de reforma agraria, como medida política de desarrollo, es
cada vez más necesaria, debida e improrrogable.
Un sector agrícola en
desarrollo incrementa la renta de los agricultores, hace aumentar la
demanda de bienes y de servicios producidos por la industria
y por el sector terciario y afianza el poder adquisitivo
de quienes, a pesar de vivir en zonas rurales, no
trabajan en el sector de la agricultura.
El primer efecto importante
de este desarrollo es la contención del impulso migratorio hacia
las ciudades y el traslado de la mano de obra
hacia otros sectores, y los efectos sobre la urbanización y
sobre el nivel de los salarios.
El incremento de la productividad
agrícola consentiría el garantizar la seguridad alimentaria de la población
y promover así el desarrollo cualitativo y cuantitativo de los
productos alimentarios mediante precios asequibles.
Además, las experiencias concretas demuestran que
el desarrollo del sector de la agricultura conlleva la expansión
del sector de la industria y de los servicios y,
por lo tanto, el desarrollo de toda la economía.
Hay que
señalar además que una reforma agraria que genera la creación
de empresas familiares, contribuye de forma evidente a reforzar la
familia, puesto que valora las capacidades y las responsabilidades de
sus miembros.
44. En los lugares donde sigue habiendo iniquidad y
pobreza, la reforma agraria representa no sólo un instrumento de
justicia distributiva y de crecimiento económico, sino también un acto
de gran sabiduría política.
Esta es la única respuesta posible y
concretamente eficaz, es la respuesta de la ley al problema
de la ocupación de las tierras. Esta última, bajo sus
formas variadas y complejas, incluso cuando son las condiciones de
necesidad extrema las que la provocan,(49) sigue siendo de todo
modos una acción que no está conforme a los valores
y a las normas de una convivencia verdaderamente civil. El
clima de emotividad colectiva generado por la ocupación de las
tierras, puede con facilidad conllevar una serie de acciones y
de reacciones tan graves que pueden incluso escapar a cualquier
control. Las instrumentalizaciones que se dan, a menudo no tienen
nada que ver con el problema de la tierra.
La ocupación
de las tierras, a menudo manifestación de situaciones intolerables y
deplorables a nivel moral, es la señal de alarma que
requiere una actuación, a nivel social y político, de medidas
eficaces y equitativas. Son, ante todo, los Gobiernos quienes deben
intervenir, con su voluntad y determinación, para que se tomen
urgentemente esas medidas. El hecho de retrasar y posponer la
reforma agraria quita credibilidad a las acciones de los Gobiernos
de denuncia y de represión de la ocupación de las
tierras.
... pero tambien muy dificil y delicado
45. Se podrán alcanzar
los objetivos de este tipo de reforma sólo si se
plantean correctamente los programas de desarrollo. Para que tengan buenos
resultados se debe evitar de caer en la equivocación de
creer que las medidas de reforma agraria consisten solamente en:
expropiar los grandes latifundios, dividir las tierras en parcelas compatibles
con la capacidad laboral de cada familia y, por fin,
repartir las tierras a los beneficiarios de los títulos de
propiedad.
Un programa de reforma agraria debe, por supuesto, prever objetivos
a corto plazo para conseguir resultados inmediatos dada la gravedad
de los problemas sociales, asegurándose que el acceso a las
tierras responda plenamente a las necesidades. Pero, si la reforma
agraria, a medio y largo plazo, se conforma simplemente con
una distribución de tierras, el problema de la lucha contra
la miseria y el problema del desarrollo seguirán sin solucionarse.
Para
poner en marcha una reforma agraria capaz de responder de
forma concreta y duradera a los graves problemas económicos y
sociales del sector de la agricultura de los países en
vías de desarrollo, el compromiso de asegurar el acceso a
las tierras no debe ser más que una primera parte
del programa. Este se debe desarrollar a largo plazo, hay
que prever medidas que permitan el acceso a los factores
de producción y a las infraestructuras que hacen que la
productividad de la agricultura y la comercialización de sus productos
mejore continuamente. Además hay que prever el acceso a los
servicios sociales que mejoran la calidad de vida y la
capacidad de autopromoción de las personas, y por consiguiente, el
respeto de los pueblos indígenas. Para que la reforma agraria
sea un éxito, las políticas nacionales y las de los
organismos internacionales deberán ser totalmente coherentes con ésta.
Una oferta adecuada
de tecnologías apropiadas y de infraestructuras rurales
46. La investigación es
fundamental para realizar una reforma agraria verdaderamente efectiva y eficaz,
porque gracias a ésta se alcanzan tres objetivos esenciales: la
oferta de tecnologías apropiadas, el incremento de la producción y
la protección del medio ambiente. Hoy en día es posible
eliminar el contraste que existía entre: la utilización de tecnologías
apropiadas a cada tipo de empresa, la necesidad de las
empresas de incrementar la producción agrícola y la necesidad de
conservar los recursos naturales. Existe toda una serie de casos
concretos que demuestran que los incrementos de productividad de la
tierra y del trabajo realizados empleando tecnologías relativamente sencillas, pero
innovadoras, son en general, los más eficientes y eficaces, incluso
por lo que se refiere a sus compatibilidades con el
medio ambiente.
Estos mismos casos prueban que la productividad y la
compatibilidad están estrechamente vinculadas a innovaciones en el cultivo y
en la utilización del suelo, que generalmente están muy condicionadas
por las características del medio ambiente físico y económico local.
Las
investigaciones y las experimentaciones hacen que sea posible determinar las
innovaciones que se deben emplear en cada caso concreto.
47. Así
mismo, en una reforma agraria, es esencial que haya un
servicio de asistencia técnica. La asistencia técnica representa el complemento
indispensable de las actividades de investigación y experimentación, porque los
resultados de éstas se pueden emplear a nivel de utilización
práctica sólo si se informa a los productores de que
existen y sólo si están convencidos de su eficacia.
La información
y la capacitación son, por lo tanto, necesarias, deben ser
constantes de forma que el nivel de conocimientos profesionales de
los agricultores alcance el de las exigencias de la reforma
agraria.
El servicio de asistencia técnica es indispensable sobre todo para
educar a los agricultores a que se enfrenten al mercado
formando asociaciones, siendo éstas las únicas que pueden darles un
poder de contratación real y orientarles de forma oportuna sobre
la producción.
48. Además, es necesario que los programas de reforma
agraria prevean el empleo de recursos para fomentar las infraestructuras
rurales, se trata de la tercera área de intervención que
es igualmente fundamental para que la reforma tenga éxito.
Una agricultura
en desarrollo conlleva un incremento continuo de la demanda de
energía, de carreteras, de telecomunicaciones y de agua para irrigar.
La oferta de estos servicios debe corresponder a la demanda.
Con
este fin, además de proporcionar las infraestructuras necesarias, habrá que
cuidar de su buena gestión. Sobre todo en el caso
del agua de riego, a menudo se presenta el problema
de la distribución del agua a los usuarios y del
empleo de los medios que garanticen una adecuada repartición del
recurso para evitar su malgasto.
La eliminación de los obstáculos del
acceso al crédito
49. Otro problema que la reforma agraria debe
encarar es el del acceso al crédito legal. A quienes
han recibido la tierra se les debe garantizar la posibilidad
de disponer de los modernos factores de producción a unos
precios razonables.
Los beneficiarios de la reforma, por lo general, no
poseen los ahorros necesarios para adquirir dichos factores y, por
lo tanto, deben recurrir al crédito, pero los elevados costes
de los préstamos concedidos a pequeños clientes hacen que los
bancos de crédito se resistan a concederlos. A los beneficiarios
de las tierras les queda pues una sola alternativa: recurrir
al mercado no formalizado del crédito, con los costes y
los riesgos que esto conlleva. Para evitar estos riesgos hay
que fomentar las iniciativas de creación de bancos locales en
cooperativa.
Los programas de reforma agraria deben prever el respaldo de
la demanda de créditos de las nuevas empresas generadas por
la reforma. Se deben tomar medidas que propongan formas de
garantía complementarias y que reduzcan los costes de la apertura
de expediente de las operaciones de crédito.
Hay que facilitar y
fomentar los créditos concedidos a los diferentes tipos de asociaciones
de empresas nacidas de la reforma y que tienen como
objetivo: administrar conjuntamente los servicios de producción, adquirir de forma
colectiva los factores de producción y comercializar de forma conjunta
los productos.
Las inversiones en servicios e infraestructuras públicos
50. Junto con
la realización de servicios y de infraestructuras apropiadas para la
producción agrícola, los programas de reforma agraria deben prever fuertes
inversiones en la sanidad, en la enseñanza, en los transportes
públicos y en el abastecimiento de agua potable.
En las áreas
rurales de los países pobres, estos servicios son escasos, desde
el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Sus posibilidades de
desarrollo están limitadas por las escasa capacidades que tienen estos
pueblos de influir en las decisiones políticas y por el
hecho de que una parte importante de los costes debería
ir a gravar, de forma directa o indirecta, mediante la
imposición fiscal, a los latifundios.
Estos servicios, fundamentales en un sistema
de vida moderno, son, por otra parte, un elemento indispensable
y un factor de promoción del bienestar. Los servicios son,
por lo tanto, un factor clave del desarrollo sostenible.
Estos no
son útiles solamente para los agricultores y sus familias sino
que benefician a toda la población, al crear varias actividades
productivas, al incrementar la renta complexiva producida a nivel local
y al contener el fenómeno de la despoblación.
La presencia adecuada
de estos servicios es por lo tanto una condición indispensable
para luchar contra la pobreza de las zonas rurales y
para limitar los costes económicos y sociales de la urbanización.
Mediante la reforma agraria se debe pues hacer todo lo
posible por incrementar en los campos el acceso, la existencia,
la aceptación y la conveniencia de los servicios públicos y
de las infraestructuras de utilidad pública.
Esto se puede aplicar sobre
todo a la sanidad: el acceso a las estructuras sanitarias
de base y a los hospitales, una educación sanitaria difundida
y, la disponibilidad de remedios sencillos y económicos son fundamentales
a la hora de reducir la mortalidad y la morbilidad.
51.
Por lo que se refiere a los servicios, hay que
dar la máxima prioridad a las medidas tomadas para garantizar,
tanto a los hombres como a las mujeres, el acceso
a la escuela primaria y extenderlo hasta la enseñanza secundaria
y superior.
En estas condiciones, la instrucción y la capacitación profesional
ofrecen a cada individuo los medios para poder desarrollar sus
aptitudes personales. Y además se convierten en factores que conllevan
cambios en las actitudes y en los comportamientos, siendo estos
necesarios para poder hacer frente, sin costes excesivos, a la
complejidad del mundo de hoy. De este modo se conseguiría
superar la idea que tiende a considerar la instrucción como
un gasto de puro consumo y no como una inversión
social.
Una atención particular al papel de la mujer
52. Las políticas
que procuran favorecer el acceso a las tecnologías modernas y
a los servicios públicos deben prestar una atención particular al
papel crucial que tiene la mujer en la producción agrícola
y en la economía alimentaria de los países en vías
de desarrollo.
En estos países, aunque haya diferencias entre un lugar
y otro, las mujeres son las que desempeñan más de
la mitad del trabajo empleado en el sector de la
agricultura, además, por lo general, toda la responsabilidad de la
producción de alimentos para el sustentamiento de la familia recae
sobre ellas.(50)
A pesar de todo, están muy marginadas por formas
graves de injusticia económica y social. Los mismos programas de
reforma agraria consideran a las mujeres por el trabajo doméstico
que desempeñan y no como sujetos productivos. Las leyes privilegian
al hombre a la hora de asignar el derecho de
propiedad de la tierra. El sistema de enseñanza tiende a
anteponer la formación de los chicos a la de las
chicas.
Considerando esta realidad y para que los programas de reforma
agraria tengan éxito, habría que preocuparse de garantizar a la
mujer el derecho a la tierra, la atención de los
servicios de asistencia técnica por sus necesidades, una instrucción a
nivel escolar más amplia y de mayor calidad, un acceso
al crédito más fácil, todo esto para mejorar la calidad
de su trabajo y para reducir su vulnerabilidad a los
cambios tecnológicos, y a los cambios en la economía y
la sociedad, para incrementar el número de posibilidades de empleo.(51)
Un
apoyo real a la cooperación
53. En los programas de reforma
agraria se debe prestar atención al papel decisivo desempeñado por
la cooperación puesto que apoya el despegue y el desarrollo
de la empresas agrícolas nacidas de la redistribución de las
tierras.
Estas empresas deben enfrentarse, sobre todo en relación al mercado,
a problemas complejos. Debido a la multitud de personas que
responden a las condiciones de poder aspirar a la asignación
de la tierra, en la mayoría de los casos el
tamaño de la empresas no permite una utilización rentable de
algunas tecnologías, como por ejemplo, las que son necesarias para
hacer menos pesado el trabajo en el campo. Es difícil
que estas empresas dispongan de los principales factores de producción,
de los que a menudo no existe un mercado a
nivel local o bien, si lo hay, tiene precios muy
altos. Son graves, sobre todo, los problemas que tienen estas
empresas para comercializar sus productos. En la mayoría de los
casos la comercialización está bajo el control de pocos comerciantes
locales o bien no es factible porque, como ocurre con
los nuevos productos, sobre todo si están destinados a ser
transformados, no existe una demanda a nivel local.
54. En este
tipo de realidad, el cooperativismo se convierte en un instrumento
de solidaridad capaz de ofrecer soluciones eficaces. Bajo diferentes formas
—cooperativas de servicios, de abastecimiento, de transformación, de comercialización— la
cooperación permite realizar, según las necesidades, una utilización de las
máquinas más difundida, una eficaz concentración de la demanda de
los factores de producción y de la oferta de productos.
Las cooperativas, por lo tanto, se convierten en la fuente
de economías de escala y de formas de poder de
mercado que conllevan un incremento de la competitividad de las
empresas asociadas y que pueden llevar a abrir nuevos mercados
para sus productos.
La cooperación es pues un instrumento muy valioso
al permitir a las empresas, privadas o cooperativas, nacidas de
la reforma, que cambien sus producciones y, de forma particular,
al consentir el cultivo de productos de exportación sin que
ello conlleve perjuicios para la economía local.
Además es absolutamente necesario
prever, en el ámbito de una reforma agraria, la promoción
y el apoyo de la creación de bancos locales de
cooperación que se propongan conceder préstamos a las familias con
pocos ingresos y a las mujeres, para desarrollar el sector
de la agricultura, las actividades artesanales y el consumo. Varias
experiencias concretas demuestran que estos microbancos pueden representar un instrumento
eficaz para reforzar las nuevas empresas y para luchar contra
la pobreza.
El respeto de los derechos de los pueblos indígenas
55.
La reforma agraria no resuelve solamente el problema del latifundio.
Esta contribuye también al reconocimiento y al respeto de los
derechos de los pueblos indígenas.
A causa de los estrechos vínculos
existentes entre la tierra y los tipos de cultura, de
desarrollo y de espiritualidad de estos pueblos, la reforma agraria
constituye una parte determinante del proyecto sistemático y coordinado de
medidas que los gobiernos deben tomar para tutelar los derechos
de los pueblos indígenas y para garantizarles el respeto de
su integridad.
A través de la reforma agraria se deben encontrar
las modalidades que permitan encarar, de forma equitativa y racional,
el problema de la devolución de las tierras a los
pueblos indígenas que las ocupaban anteriormente, sobre todo la devolución
de las tierras arrebatadas, incluso recientemente, con una serie de
violencias y discriminaciones. En este caso, la reforma agraria debe
indicar los criterios que permiten localizar las tierras que éstos
ocupaban e indicar las modalidades de reinserción, garantizándoles una efectiva
protección de sus derechos de propiedad y de posesión.
La reforma
debe consentirles el acceso a los servicios sociales y de
producción y los medios necesarios para promover el desarrollo de
sus tierras y para disfrutar de unas condiciones equivalentes a
las que se han concedido a los demás sectores de
la población.
En resumen, la reforma agraria debe ayudar a las
comunidades indígenas a que salvaguarden y reconstruyan los recursos naturales
y los ecosistemas de los que dependen su supervivencia y
su bienestar. Esta debe conservar y promocionar su identidad, su
cultura y sus intereses, apoyar sus aspiraciones de justicia social
y garantizar un ambiente que les permita participar activamente en
la vida social, económica y política del país.
Para realizar estos
objetivos, los programas de reforma agraria deben respetar dos condiciones:
a)
Se deberá poner en práctica, de forma adecuada, el delicado
y necesario equilibrio existente entre la necesidad de conservar la
propiedad común y la de privatizar la tierra. Las formas
tradicionales de posesión de la tierra, basadas en la propiedad
común, es decir en una forma de propiedad que se
presta poco a la utilización de los modernos factores de
producción y al empleo de las innovaciones tecnológicas, tienden a
transformarse en propiedad privada a medida que la agricultura se
desarrolla. Razones con fundamento hacen prever, incluso en el caso
de los pueblos indígenas, la actuación de una política de
asignación individual de la propiedad de la tierra.(52)
b) Los programas
de reforma agraria deben ser definidos y adoptados con la
participación y la cooperación de los pueblos interesados. La reforma
agraria debe garantizar a los pueblos indígenas, por un lado,
la posibilidad de disfrutar de los servicios sociales y de
producción que éstos consideren oportunos para su organización social y
para resolver sus problemas, y por otro lado, deben orientar
hacia otras direcciones los factores de tipo económico y social
que puedan causarles perjuicios.
El compromiso institucional del Estado
57. El compromiso
que se pide al Estado es muy importante porque conlleva
la modificación de organismos, de instituciones y de normas que
a menudo se encuentran a la base de la organización
política, económica y social. En la mayoría de los casos,
este compromiso coincide con el desarrollo de cuatro líneas de
acción a nivel institucional:
a) el perfeccionamiento y la modernización del
marco jurídico que regula el derecho de propiedad; la posesión
y la utilización de la tierra, con una atención especial
por ofrecer apoyo y estabilidad a la familia, considerada como
sujeto de derechos y deberes;
b) la elaboración de políticas y
leyes que tutelen los derechos fundamentales de las personas y
que garanticen, por lo tanto, el derecho de los trabajadores
de poder negociar libremente sus condiciones laborales, a nivel individual
y colectivo;
c) la aplicación de un proceso de descentralización administrativa
que permita y fomente la participación activa de las comunidades
locales a la elaboración de proyectos, la realización, la gestión
financiera, el control y la evaluación de los programas concernientes
a la población, el desarrollo y el territorio que les
interesa;
d) la adopción de políticas macroeconómicas respetuosas del principio que
los derechos de los agricultores de disfrutar de los frutos
de su trabajo no son menos importantes de aquellos de
los consumidores; sobre todo por lo que se refiere a
problemas fiscales, monetarios y los demás problemas que nacen de
los intercambios comerciales con el extranjero. La falta de respeto
por los derechos económicos de los agricultores tiene inevitablemente repercusiones
negativas sobre los mecanismos de mercado y sobre toda la
economía.
La responsabilidad de las organizaciones internacionales
58. La reforma agraria, como
instrumento de una agricultura en desarrollo, implica directamente las competencias
y las responsabilidades de muchas organizaciones internacionales. Estas organizaciones, al
elaborar los modelos de desarrollo que pretenden difundir, deben preocuparse
de que estos modelos se adapten a las necesidades y
a los problemas de los diferentes países.
Con este fin es
importante evitar que la preocupación por reducir la deuda internacional,
que a menudo conlleva una promoción de la producción agrícola
de productos de exportación, haga que los países en vías
de desarrollo adopten medidas que provoquen un grave deterioro de
los servicios públicos, sobre todo de la enseñanza, y una
acumulación de problemas sociales.
59. La reforma agraria exige que las
organizaciones encargadas de promover el comercio internacional presten una atención
particular a las relaciones existentes entre políticas comerciales, distribución de
la renta y satisfacción de las necesidades básicas de las
familias.
El incremento de los intercambios comerciales tiene generalmente un impacto
positivo en el crecimiento económico de un país: amplía las
dimensiones del mercado, fomenta un mayor rendimiento y produce nuevos
conocimientos. En algunas ocasiones, sin embargo, este desarrollo económico puede
empeorar las condiciones de quienes están económicamente desaventajados.
Esto ocurre, por
ejemplo, si el incremento del cultivo de productos alimenticios de
exportación hace disminuir la oferta de alimentos para el consumo
interno y subir los precios. Se consigue un efecto aún
más negativo si, por el hecho de que los productos
de exportación requieren menos trabajo que los que se consumen
a nivel local, se penaliza el empleo.
También puede ocurrir que
se penalice por partida doble a los pequeños cultivadores. En
primer lugar, porque, debido a los obstáculos que encuentran a
la hora de tener acceso a los factores necesarios para
cultivar los productos destinados a la exportación, éstos no pueden
disfrutar de las ventajas de la exportación misma. En segundo
lugar, porque el incremento de las exportaciones conlleva el aumento
de ciertos costes de producción y la subida de los
precios de la tierra, todo ello hace que la producción
de bienes tradicionales sea menos conveniente.
Todo este conjunto de efectos,
sin embargo, no es exclusivamente el resultado de la lógica
de los intercambios comerciales, de la que no es más
que una consecuencia indirecta. Todo esto, es también, el resultado
directo de la concentración del capital tierra en manos de
unos pocos, de la desigualdad social extendida y de la
inadecuación de los servicios de asistencia técnico-administrativa en favor de
los pequeños productores. Es evidente que esta situación, por sus
consecuencias negativas a nivel de lucha contra la pobreza y
el hambre, compromete a las organizaciones internacionales a tenerla en
consideración a la hora de definir sus propias estrategias de
intervención.
CONCLUSION
60. La Iglesia se está preparando al nuevo Milenio mediante
una experiencia de conversión que encuentra su centro de inspiración
en el Gran Jubileo del Año 2000. Este extraordinario acontecimiento
eclesial debe impulsar a todos los cristianos a un serio
examen de conciencia sobre su testimonio en el presente y
también a una conciencia más viva de los pecados del
pasado, de aquel « espectáculo de modos de pensar y
actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo
».(53)
Encarando el emblemático tema de la tradición bíblica del Jubileo,
de la redistribución equitativa de la tierra, el Pontificio Consejo
« Justicia y Paz » se propone poner a la
vista de todos una de las situaciones más tétricas y
dolorosas de la corresponsabilidad, incluso de no pocos cristianos, de
las graves formas de injusticia y de marginación social y
de la aquiescencia de muchos de ellos frente a la
violación de fundamentales derechos humanos.(54)
61. La aquiescencia del mal, que
es una señal preocupante de degeneración espiritual y moral, no
sólo para los cristianos, está produciendo, en varios contextos, una
desconcertante vacuidad cultural y política, que conlleva la incapacidad de
cambiar y renovar. Mientras las relaciones sociales no cambian y
la justicia y la solidaridad permanecen ausentes e invisibles, las
puertas del futuro se cierran y la suerte de muchos
pueblos permanece anclada a un presente cada vez más incierto
y precario.
El espíritu del Jubileo nos debe incitar a decir:
« ¡Basta! » ¡Basta a los numerosos pecados individuales y
sociales que provocan situaciones de pobreza y de injusticia dramáticas
e intolerables! Llamando la atención sobre el significado peculiar y
esencial que tiene la justicia, en el mensaje bíblico, de
protección de los más débiles y de tutela de sus
derechos, en cuanto hijos de Dios, de disfrutar de las
riquezas de la creación, deseamos vivamente que el año jubilar,
al igual que en la experiencia bíblica, sirva también hoy
para restablecer la justicia social, a través de la distribución
de la propiedad de la tierra marcada por un espíritu
de solidaridad en las relaciones sociales.
62. La luz de Cristo,
imagen del Dios invisible que busca al hombre, Su propiedad
particular, movido por Su corazón de Padre nos da la
fuerza y nos ilumina en nuestro difícil camino.(55)
El profundo conocimiento
y la aplicación coherente de las directrices de la Iglesia
ayudarán concretamente a toda la humanidad a crear las condiciones
para disfrutar de la salvación a la que ha sido
llamada por la gracia de Dios y a dirigirle a
El una gran oración de gracias y de alabanza.
Invocamos la
intercesión de la Virgen María, Madre del Redentor, Estrella que
guía con seguridad los pasos hacia el Señor de todos
los cristianos que abandonan los caminos equivocados, los caminos del
mal, y se manifiestan dóciles a la acción del Espíritu,
para participar a la vida íntima de Dios y llamarle:
« ¡Abbá, Padre! » (Ga 4, 6).
Roma, 23 de noviembre
1997
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
Roger Card. Etchegaray
Presidente del Pontificio
Consejo « Justicia y Paz »
S.E. Mons. François-Xavier Nguyen Van
Thuan
Vice-Presidente del Pontificio Consejo « Justicia y Paz »
Diarmuid Martin
Secretario
del Pontificio Consejo « Justicia y Paz »
Notas
(1) Juan Pablo
II, Carta Apostólica Tertio millennio adveniente, 1994, n. 51.
(2) Por
« latifundio » se entiende una finca de gran extensión,
cuyos recursos normalmente no son plenamente utilizados y que a
menudo pertenece a un propietario ausente, que emplea trabajadores asalariados
y utiliza tecnologías agrícolas atrasadas.
(3) Una visión clara de esta
preocupación aparece en los numerosos documentos que el Episcopado Católico,
sobre todo de América Latina, ha consagrado a los problemas
de la agricultura durante estos últimos años. Ver, por ejemplo,
además de los documentos de las Conferencias Generales del Episcopado
de Latinoamérica que tuvieron lugar en Rio de Janeiro (1955),
Medellin, La Iglesia en la actual transformación de América Latina
a la luz del Concilio (1968), Puebla, La Evangelización en
el presente y en el futuro de América Latina (1979)
y Santo Domingo, Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana (1992):
Conferencia Episcopal de Paraguay, La tierra, don de Dios para
todos, Asunción, 12 de junio 1983; Obispos del Sur Andino,
La tierra, don de Dios - derecho del pueblo, 30
de marzo 1986; Conferencia Episcopal de Guatemala, El clamor por
la tierra, Guatemala de la Asunción, 29 de febrero 1988;
Vicariato Apostólico de Darién, Panamá, Tierra de todos, tierra de
paz, 8 de diciembre 1988; Conferencia Episcopal de Costa Rica,
Madre Tierra, Carta pastoral sobre la situación de los campesinos
e indígenas, San José, 2 de agosto 1994; Conferencia Episcopal
de Honduras, Mensaje sobre algunos temas de interés nacional, Tegucigalpa,
28 de agosto 1995. La Conferencia Nacional de los Obispos
de Brasil y de forma particular, la Comisión Pastoral de
la Tierra se han pronunciado varias veces sobre el tema
de la reforma agraria: Manifesto pela terra e pela vita
a CPT e a reforma agrária hoje, Goiânia, 1 de
agosto 1995; Pro-Memória da Presidência e Comissão Episcopal de Pastoral
da CNBB sobre as consequências do Decreto n. 1.775 de
8 de Janeiro de 1996, Brasília, 29 de febrero 1996;
Exigências Cristãs para a paz social, Itaici, 24 de abril
1996.
(4) Este tipo de organización de la agricultura está desapareciendo
solamente en los lugares donde se han realizado reformas agrarias.
(5)
Entre estas distorsiones merece la pena recordar:
a) una distribución de
las tierras frecuentemente realizada con métodos arbitrarios y sólo a
favor de los miembros de los grupos dominantes o de
las clases acomodadas;
b) la creación de reservas para los pueblos
indígenas, a menudo en áreas poco fértiles o lejos del
mercado o bien sin infraestructuras. Fuera de estas reservas a
los indígenas no se les permitía comprar o ocupar otras
tierras;
c) la adopción de sistemas fiscales diferentes que favorecen a
los latifundistas y la creación de impuestos discriminatorios sobre los
productos de los campesinos indígenas;
d) la creación de organizaciones de
mercado y la adopción de sistemas de fijación de precios
que privilegian los productos de las grandes propiedades, llegando, en
algunos casos, a prohibir la compra de los productos de
los pequeños cultivadores;
e) la imposición de barreras a las importaciones,
para proteger los cultivos de los grandes latifundios de la
competencia internacional;
f) la oferta de crédito, de servicios y subvenciones
de los que, en concreto sólo disfrutaban los grandes latifundios.
(6)
Por « pequeño cultivador » entiéndase el sujeto económico que
actúa al margen de la producción agrícola y que está
implicado en el proceso de pulverización de la tierra. Este
proceso es especular y consecuente al proceso de concentración y
apropiación indebida del bien mismo.
(7) Cf. FAO, Landlessness: A Growing
Problem, « Economic and Social Development Series », Rome 1984.
(8)
Sobre las diferentes causas de fracaso, véase: FAO, Lessons from
the Green Revolution -Towards a New Green Revolution, Rome 1995,
p. 8.
(9) Para analizar estas políticas de apoyo de las
exportaciones agrícolas y de las grandes empresas y las consecuencias
de éstas sobre la pobreza, véanse: World Bank, World Development
Report 1990, Washington D.C., pp. 58-60; World Bank, World Development
Report 1991, Washington D.C., p. 57.
(10) Sobre este tema véase:
Conseil Pontifical Justice et Paix, Les peuples autochtones dans l´enseignement
de Jean-Paul II, Cité du Vatican 1993, p. 22 (traducción
al español: Consejo Episcopal Latinoamericano, Departamento de Pastoral Social, DEPAS-CELAM,
« Los pueblos autóctonos en la enseñanza de Juan Pablo
II », Santafé de Bogotá - Colombia - 1996).
(11) Sobre
la estrecha correlación existente en la mayor parte de las
economías agrícolas tradicionales entre la propiedad de la tierra, el
acceso al crédito y la distribución de la riqueza, véase:
World Bank, World Development Report 1991, pp. 65-66.
(12) Existe una
opinión unánime sobre el impacto extremadamente negativo de los servicios
de capacitación agrícola de muchos países en vías de desarrollo
en la pobreza de los agricultores. Véase por ejemplo: World
Bank, World Development Report 1991, pp. 73-75.
(13) Cf. UNDP, World
Human Development Report 1990, New York.
(14) Cf. Juan Pablo II,
Discurso en la Cumbre mundial sobre la alimentación, organizada por
la FAO del 13 al 17 de noviembe 1996, L´Osservatore
Romano, ed. española, 22 de noviembre 1996; FAO, Rome Declaration
on World Food Security and World Food Summit Plan of
Action, Rome 1996; Pontificio Consejo Cor Unum, El Hambre en
el Mundo. Un reto para todos: el desarrollo solidario, Ciudad
del Vaticano 1996; FAO, Dimensions of Need: An Atlas of
Food and Agriculture, Rome 1995, p. 16; World Bank, Poverty
and Hunger, Washington D.C. 1986.
(15) Sobre las relaciones existentes entre
la concentración de la propiedad de la tierra, la pobreza
de los campesinos y el deterioro del medio ambiente, véase:
World Bank, World Development Report 1990, pp. 71-73; World Bank,
World Development Report 1992, Washington D.C., pp. 134-138, 149-153; FAO,
Sustainable Development and the Environment, FAO Policies and Actions, Rome
1992.
(16) Sobre este tema es emblemático el relato de la
viña de Nabot (cf. 1 R 21).
(17) Cf. Juan Pablo
II, Tertio millennio adveniente, nn. 12-13.
(18) Concilio Vaticano II, Constitución
Pastoral Gaudium et spes, 1965, n. 69.
(19) Juan XXIII, Carta
Encíclica Mater et magistra, 1961, n. 69. En el radiomensaje
de Pentecostés de 1941, Pio XII, hablando del derecho a
los bienes materiales, afirmaba que « Todo hombre, como ser
viviente con uso de razón, recibe en efecto de la
naturaleza el derecho fundamental de usar los bienes materiales de
la tierra, aunque se deje a la voluntad humana y
a las formas jurídicas de los pueblos el deber de
regular su actuación práctica. Este derecho individual no se debe
suprimir de ninguna manera, ni siquiera otros derechos certeros y
pacíficos sobre los bienes materiales pueden hacerlo » (n. 13).
(20)
Derecho natural porque, según el Magisterio de la Iglesia, éste
está contenido en la naturaleza misma del trabajo humano y
por la « prioridad del hombre individual sobre la sociedad
civil », Juan XXIII, Mater et magistra, n. 96.
(21) «
Y para poder hacer fructificar estos recursos por medio del
trabajo, el hombre se apropia en pequeñas partes, de las
diversas riquezas de la naturaleza: del subsuelo, del mar, de
la tierra, del espacio. De todo esto se apropia él,
convirtiéndolo en su puesto de trabajo. Se lo apropia por
medio del trabajo y para tener un ulterior trabajo »,
Juan Pablo II, Carta Encíclica Laborem exercens, 1991, n. 12.
(22)
Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 71b.
(23) Juan XXIII,
Mater et magistra, n. 96.
(24) « La tradición cristiana no
ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al
contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio
del derecho común de todos a usar los bienes de
la entera creación: el derecho a la propiedad privada como
subordinado al derecho al uso común, al destino universal de
los bienes », Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 14.
(25)
Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 69a.
(26) Conc. Vat.
II, Gaudium et spes, n. 69a.
(27) Cf. Summa Theologiae, II-II,
66 art. 7.
(28) Pablo VI, Carta Encíclica Populorum progressio, 1967,
n. 23.
(29) La propiedad de los medios de producción en
el sector de la agricultura es « justa y legítima
cuando se emplea para un trabajo útil; pero resulta ilegítima
cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo
de los demás u obtener unas ganancias que no son
fruto de la expansión global del trabajo y de la
riqueza social, sino más bien de su compresión, de la
explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de
la solidaridad en el mundo laboral. Este tipo de propiedad
no tiene ninguna justificación y constituye un abuso ante Dios
y los hombres », Juan Pablo II, Carta EncíclicaCentesimus annus,
1991, n. 43.
(30) El deterioro del medio ambiente material lleva,
en realidad, al deterioro del « propio consorcio humano que
el hombre no domina ya, creando de esta manera para
el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable. Problema social
de envergadura que incumbe a la familia humana toda entera
», Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima adveniens, 1971, n. 21.
Al contrario, el hombre debe trabajar sabiendo que es «
heredero del trabajo de generaciones y, al mismo tiempo, coartífice
del futuro de aquellos que vendrán después de él con
el sucederse de la historia », Juan Pablo II, Laborem
exercens, n. 16.
(31) Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 19.
(32)
Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 21.
(33) Juan Pablo II,
Discurso a los Indígenas y Campesinos de México, Cuilapan, Oaxaca,
29 de enero 1979 (Acta Apostolicae Sedis, Vol. LXXI, 1979,
p. 210). Su Santidad el Papa Juan Pablo II ha
intervenido en varias ocasiones sobre el tema de la reforma
agraria: en Recife, Brasil, el 7 de julio 1980; en
Cuzco, Perú, el 3 de febrero 1985, en Iquitos, Perú,
el 5 de febrero 1985; en Lucutanga, Ecuador, el 31
de enero 1985; en Quito, Ecuador, el 30 de enero
1985; en el Discurso a los Obispos de Brasil en
visita « ad limina », el 24 de marzo 1990;
en Aterro do Bocanga - São Luís, Brasil, el 14
de octubre 1991; en el Discurso a los Obispos de
Brasil en visita « ad limina », el 21 de
marzo 1995.
(34) Cf. Pio XII, Radiomensaje, 1 de septiembre 1944,
n. 13; Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 71f.
(35)
« El bien común exige, pues, algunas veces la expropiación,
si, por el hecho de su extensión, de su explotación
deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta
a la población, del daño considerable producido a los intereses
del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad
colectiva », Pablo VI, Populorum progressio, n. 24. « Se
imponen, pues, reformas que tengan por fin ... el reparto
de las propiedades insuficientemente cultivadas, en beneficio de los hombres
capaces de hacerlas valer », Conc. Vat. II, Gaudium et
spes, n. 71f.
(36) Cf. Juan XXIII, Mater et magistra, 110-157.
(37)
« Lo principal es esto: los gobiernos deben dar por
sentado y aceptado el derecho de propiedad y asegurarlo con
leyes equitativas », Leon XIII, Carta Encíclica Rerum novarum, 1891,
n. 30.
(38) Juan XXIII, Mater et magistra, n. 102.
(39) Las
autoridades públicas no pueden usar de forma arbitraria su derecho
de determinar los deberes de la propiedad violando el derecho
natural de propiedad privada y de transmitir los bienes por
herencia y no puede « gravar la propiedad con exceso
de tributos e impuestos », Pio XI, Carta Encíclica Quadragesimo
anno, 1931, n. 49.
(40) Juan XXIII, Mater et magistra, n.
128.
(41) « Quienes tienen una concepción natural y, sobre todo,
cristiana de la dignidad del hombre y de la familia,
consideran a la empresa agrícola, y principalmente a la familiar,
como una comunidad de personas en la cual las relaciones
internas de los diferentes miembros y la estructura funcional de
la misma han de ajustarse a los criterios de la
justicia y al espíritu cristiano, y procuran, por todos los
medios, que esta concepción de la empresa agrícola llegue a
ser pronto una realidad, según las circunstancias concretas de lugar
y de tiempo », ibid., n. 128.
(42) « En las
sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común de los bienes
está, a veces, parcialmente logrado por un conjunto de costumbres
y tradiciones comunitarias, que aseguran a cada miembro los bienes
absolutamente necesarios », Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n.
69b.
(43) Cf. ibid., n. 69.
(44) « En efecto, es el
Estado el que debe realizar una política laboral justa »,
Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 17.
(45) Es deber del
Estado « actuar contra el desempleo, el cual es en
todo caso un mal, y que, cuando asume ciertas dimensiones,
puede convertirse en una verdadera calamidad social », ibid., n.
18. Para que todos tengan un empleo, el estado debe
promover una organización del trabajo correcta, mediante « una coordinación
justa y racional, en cuyo marco debe ser garantizada la
iniciativa de las personas, de los grupos libres, de los
centros y complejos locales de trabajo, teniendo en cuenta lo
que se ha dicho anteriormente acerca del carácter subjetivo del
trabajo humano », ibid., n. 18.
(46) La remuneración del trabajo
es justa si, además del salario, el trabajador puede disfrutar
de « otras prestaciones sociales que tienen por finalidad la
de asegurar la vida y la salud de los trabajadores
y de su familia », ibid., n. 19.
(47) « La
experiencia histórica enseña que ... la unión de los hombres
para asegurarse los derechos que les corresponden, nacida de la
necesidad del trabajo, sigue siendo un factor constructivo de orden
social y de solidaridad, del que no es posible prescindir
», ibid., n. 20.
(48) Juan Pablo II, Centesimus annus, n.
32.
(49) Cf. Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 69a.
(50)
Sobre la importancia del papel de la mujer en los
procesos de producción y transformación de los productos agrícolas, en
los países en vías de desarrollo, véase: FAO, Socio-Political and
Economic Environment for Food Security, Rome 1996, par. 4.3.
(51) Cf.
Juan Pablo II, Carta a las mujeres, 29 de junio
1995.
(52) No hay que subestimar, sin embargo, las ventajas de
la propiedad común, sobre todo en el caso de la
presencia de una población relativamente numerosa con respecto al recurso
tierra. En este caso, la propiedad común garantiza a todos
los miembros de la comunidad, incluso a los más pobres,
el acceso a la tierra; motiva a los campesinos a
que mantengan la capacidad productiva del suelo que cultivan; impide,
al contrario de lo que ocurre en el caso de
la propiedad privada, que los pequeños agricultores se vean obligados
a vender sus minúsculas propiedades. En otras palabras, la propiedad
común consigue evitar la pobreza extrema y la formación de
masas de personas sin tierra que a menudo caracterizan las
zonas dominadas por el latifundismo.
(53) Juan Pablo II, Tertio millenio
adveniente, n. 33.
(54) Cf. ibid., n. 36.
(55) Cf. ibid., n.
7. |
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