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| Al servicio de la comunidad humana: una consideración ética de la deuda internacional |
PONTIFICIA COMISIÓN «IUSTITIA ET PAX»
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD HUMANA:
UNA
CONSIDERACIÓN ÉTICA DE LA DEUDA INTERNACIONAL
PRESENTACIÓN
Desde hace algunos años,
el fenómeno de la deuda internacional se ha agravado con
una tal agudeza que, por sus proporciones y sus riesgos,
ha puesto a la comunidad internacional ante nuevos desafíos.
Se trata
de un fenómeno cuyas causas lejanas se remontan a los
tiempos cuando las perspectivas generalizadas de crecimiento incitaban a los
países en desarrollo a atraer capitales, y a los bancos
comerciales a conceder créditos para financiar inversiones que, a veces,
implicaban un gran riesgo. Como los precios de las materias
primas eran favorables, la mayor parte de los países deudores
seguía siendo solvente.
En 1974 el primer «choc petrolero», luego el
segundo en 1979, la caída de los precios de las
materias primas y el flujo de los petrodólares en búsqueda
de inversiones fructuosas, así como los efectos de los programas
de crecimiento demasiado ambiciosos, han contribuido a poner a los
países en desarrollo en una situación de endeudamiento masivo. Al
mismo tiempo, los países industrializados tomaban medidas proteccionistas, mientras aumentaban
las tasas de interés mundiales. Los países deudores se fueron
volviendo progresivamente incapaces de pagar ni siquiera los intereses de
sus deudas.
Desde hace tres o cuatro años, la acumulación de
los términos de pago ha alcanzado un nivel tal que
muchos países no están más en condiciones de respetar sus
contratos y se ven obligados a solicitar nuevos préstamos, entrando
así en un engranaje del que se ha vuelto muy
difícil prever la salida.
En efecto, los países deudores se encuentran
en una especie de círculo vicioso: para poder rembolsar sus
deudas, están condenados a transferir al exterior, en medida siempre
creciente, los recursos que deberían ser disponibles para sus consumos
y sus inversiones internas, y por lo tanto, para su
desarrollo.
El fenómeno del endeudamiento pone de relieve la interdependencia creciente
de las economías cuyos mecanismos —flujo de capitales e intercambios
comerciales— son sometidos a nuevas limitaciones. De este modo, factores
externos pesan sobre la evolución de la deuda en los
países en desarrollo. En particular, las tasas de cambio flotantes
e inestables, las variaciones de las tasas de interés y
la tentación de los países industriales de mantener las medidas
proteccionistas crean para los países deudores un ambiente siempre más
desfavorable en el que se encuentran cada vez más indefensos.
Los
esfuerzos impuestos por los organismos de crédito a cambio de
una mayor ayuda, cuando se limitan a considerar la situación
bajo su aspecto monetario y económico, a menudo contribuyen a
acarrear para los países endeudados, al menos a corto plazo,
desocupación, recesión y drástica reducción del nivel de vida, cuyas
víctimas son en primer lugar los más pobres y algunas
clases medias. En una palabra, una situación intolerable y a
mediano plazo desastrosa para los mismos acreedores.
El servicio de la
deuda no puede ser satisfecho al precio de una asfixia
de la economía de un país. Ningún gobierno puede exigir
moralmente de su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la
dignidad de las personas.
Puestos ante exigencias a menudo contradictorias, los
países interesados no han tardado en reaccionar Se han multiplicado
las iniciativas a nivel regional e internacional. Algunos han preconizado
soluciones unilaterales extremas. Pero la mayor parte ha tomado en
cuenta el sentido global del problema y sus profundas implicaciones
no sólo económicas y financieras, sino también sociales y humanas,
que enfrentan a los responsables con opciones éticas.
Es acerca de
este aspecto ético del problema que el Santo Padre Juan
Pablo II, en varias ocasiones ha llamado la atención de
los responsables internacionales, de modo particular en su Mensaje a
la 40a. Asamblea general de las Naciones Unidas, el 14
de octubre de 1985 (n. 5).
Consciente de su misión de
proyectar la luz del Evangelio sobre las situaciones donde están
comprometidas las responsabilidades humanas, la Iglesia incita de nuevo a
todas las partes en causa a que examinen las implicaciones
éticas de la cuestión de la deuda exterior de los
países en desarrollo con el fin de llegar a soluciones
justas y respetuosas de la dignidad de quienes padecen más
duramente sus consecuencias.
Por esto el Santo Padre ha pedido a
la Pontificia Comisión «Iustitia et Pax» que ahonde la reflexión
sobre el tema y proponga a los diferentes protagonistas afectados
—países acreedores y deudores, organismos financieros y bancos comerciales— criterios
de discernimiento y un método de análisis «en vista de
una consideración ética de la deuda internacional».
La Pontificia Comisión «Iustitia
et Pax» expresa su más vivo deseo de que este
documento pueda contribuir a iluminar las opciones de quienes ejercen
responsabilidades en este campo hoy privilegiado de la solidaridad internacional.
Ella
nutre también la esperanza de que estas reflexiones puedan devolver
la confianza a las personas y a las naciones más
desprotegidas al reiterar con fuerza que las estructuras económicas y
los mecanismos financieros están al servicio del hombre y no
a la inversa, y que las relaciones de intercambio y
los mecanismos financieros que las acompañan pueden ser reformados antes
de que las estrecheces de miras y los egoísmos privados
o colectivos degeneren en conflictos irremediables.
Roma, 27 diciembre 1986.
ROGER Card.
ETCHEGARAY
Presidente
JORGE MEJÍA
Vice-Presidente
INTRODUCCIÓN
Dirigentes políticos y económicos, responsables sociales y religiosos, opiniones
públicas, todos lo reconocen: los niveles de endeudamiento de los
países en desarrollo constituyen, por sus consecuencias sociales, económicas y
políticas, un problema grave, urgente y complejo. El desarrollo de
los países endeudados, y aún a veces su independencia, están
comprometidos. Se han agravado las condiciones de existencia de los
más pobres; el sistema financiero internacional padece sacudidas que lo
resquebrajan.
De una parte y de otra, acreedores y deudores se
han esforzado por encontrar, caso por caso, soluciones inmediatas y
a veces también de más largo plazo. Insuficientes y limitados
todavía, estos esfuerzos deben proseguir en el diálogo y la
mutua comprensión para aclarar mejor los derechos y deberes de
cada uno.
Si la coyuntura actual ha agravado la situación de
los países en desarrollo al punto que algunos de ellos
se encuentran al borde de la quiebra, incapaces de asegurar
el servicio de sus deudas, especialmente en América Latina y
en África, las estructuras financieras y monetarias internacionales son ellas
mismas en parte cuestionadas. ¿Cómo se ha llegado a esto?
¿Cuáles cambios en los comportamientos y en las instituciones permitirán
establecer relaciones equitativas entre acreedores y deudores, y evitar que
la crisis se prolongue volviéndose más peligrosa?
Partícipe de esas graves
inquietudes — internacionales, regionales y nacionales — la Iglesia quiere
reiterar y precisar los principios de justicia y de solidaridad
que ayudarán a encontrar algunas pistas de solución. Ella se
dirige ante todo a los actores principales en los campos
financiero y monetario; quiere también iluminar la conciencia moral de
los responsables cuyas opciones no pueden ignorar los principios éticos,
sin proponer, por ello, programas operativos ajenos a su competencia.
La
Iglesia se dirige a todos los pueblos, especialmente a aquellos
más indefensos, que sufren en primer término las repercusiones de
estos desórdenes con un sentimiento de fatalidad, de aplastamiento, de
latente injusticia y hasta de rebelión. Quiere devolverles la esperanza
y la confianza en la posibilidad de salir de la
crisis del endeudamiento con la participación de todos y el
respeto de cada uno.
Estos graves problemas parecen deber ser abordados
con una perspectiva global que sea al mismo tiempo una
consideración ética. Por lo cual parece necesario indicar, en primer
lugar, los principios éticos aplicables en esas situaciones complejas, antes
de examinar las opciones particulares que los protagonistas pueden ser
llevados a asumir, sea en situaciones de urgencia, sea en
una perspectiva de corrección a medio o largo plazo.
El presente
texto ha utilizado numerosos estudios ya publicados sobre la deuda
internacional. Esta perspectiva global, de naturaleza ética, permite a todos
los responsables, personas e instituciones, a nivel nacional y a
nivel internacional, hacer una reflexión adecuada a las situaciones que
les atañen.
A todos aquellos que le concederán su atención, la
Iglesia les expresa desde ahora su convicción de que una
cooperación que supere los egoísmos colectivos y los intereses particulares
puede permitir una gestión eficaz de la crisis del endeudamiento
y, más en general, señalar un progreso en el camino
de la justicia económica internacional.
I
PRINCIPIOS ÉTICOS
1. Crear nuevas solidaridades
El endeudamiento
de los países en desarrollo se sitúa en un amplio
contexto de relaciones económicas, políticas, tecnológicas, que manifiestan la interdependencia
acrecentada de las naciones y la necesidad de una concertación
internacional para perseguir objetivos de Bien común. Esta interdependencia, para
ser justa, en lugar de conducir al dominio de los
más fuertes, al egoísmo de las naciones, a desigualdades e
injusticias, debe hacer surgir formas nuevas y ensanchadas de solidaridad,
que respeten la igual dignidad de todos los pueblos.[1] Así,
la cuestión financiera y monetaria se impone hoy con nueva
urgencia.[2]
2. Aceptar la corresponsabilidad
La solidaridad supone la toma de conciencia
y la aceptación de una corresponsabilidad en la deuda internacional
respecto de las causas y las soluciones. Las causas de
endeudamiento son internas y externas a la vez; específicas de
cada país y de su gestión económica y política, provienen
también de las evoluciones del ambiente internacional que dependen ante
todo de los comportamientos y decisiones de los países desarrollados.
Reconocer que se deben compartir las responsabilidades en las causas
hará posible un diálogo para encontrar en común las soluciones.
La corresponsabilidad considera el futuro de los países y de
los pueblos, pero también las posibilidades de una paz internacional
basada en la justicia.
3. Establecer relaciones de confianza
La corresponsabilidad contribuirá
a crear o a restablecer entre las naciones (acreedoras y
deudoras) y entre los diversos actores (poderes políticos, bancos comerciales,
organizaciones internacionales) relaciones de confianza en vista de una cooperación
en la búsqueda de soluciones. Valor indispensable, la confianza recíproca
debe renovarse siempre; permite creer en la buena fe del
otro, aun si, en las dificultades, no puede mantener sus
compromisos, y tratarlo como un copartícipe. La confianza debe apoyarse
sobre actitudes concretas que la fundamentan.
4. Saber compartir esfuerzos y
sacrificios
Para salir de la crisis del endeudamiento internacional, las diferentes
partes deben ponerse de acuerdo a fin de compartir, de
modo equitativo, los esfuerzos de reajuste y los sacrificios necesarios,
teniendo en cuenta la prioridad de las necesidades de las
poblaciones más indefensas. Los países mejor provistos tienen la responsabilidad
de aceptar una más amplia participación.
5. Suscitar la participación de
todos
La búsqueda de soluciones para superar el endeudamiento incumbe ante
todo a los actores financieros y monetarios, pero incumbe también
a los responsables políticos y económicos. Todas las categorías sociales
están llamadas a comprender mejor la complejidad de las situaciones
y a cooperar en las opciones y en la realización
de las políticas necesarias. En estos nuevos campos éticos, la
Iglesia es interpelada a fin de que puntualice las exigencias
de la justicia social y de la solidaridad, frente a
las situaciones de cada país ubicadas en el contexto internacional.
6.
Articular las medidas de urgencia y las de largo plazo
Para
ciertos países la urgencia impone soluciones inmediatas en el marco
de una ética de supervivencia. El esfuerzo principal caerá sobre
el restablecimiento dentro de un plazo fijo de la situación
económica y social: reactivación del crecimiento, inversiones productivas, creación de
bienes, repartición equitativa... Para evitar el retorno a situaciones de
crisis, gracias a las variaciones demasiado bruscas del contexto internacional,
hay que estudiar y promover una reforma de las instituciones
monetarias y financieras.[3]
II
ATENDER A LAS URGENCIAS
Para ciertos países en desarrollo,
el total de las deudas contraídas, pero sobre todo los
reembolsos exigibles cada año, alcanza un nivel tal en relación
a sus recursos financieros disponibles que son incapaces de hacerles
frente sin dañar gravemente su economía y el nivel de
vida de su población, sobre todo de los más pobres.
Esta situación crítica es todavía agravada por circunstancias externas que
contribuyen a disminuir sus ingresos de exportación (bajo precio de
las materias primas, dificultad de acceso a los mercados extranjeros
protegidos), u obstaculizan el servicio de sus deudas (tasas de
interés elevadas e inestables, fluctuaciones excesivas e imprevisibles de las
tasas de cambio de las monedas). Incapaces de satisfacer sus
compromisos con sus diversos acreedores, algunos países se encuentran al
borde de la quiebra. La solidaridad internacional conduce a tomar
medidas de urgencia para asegurar la supervivencia de esos países.
Se
trata ante todo de suscitar el diálogo y la cooperación
de todos en orden a una ayuda inmediata. Se trata
también de evitar las suspensiones de pago susceptibles de hacer
vacilar el sistema financiero internacional con riesgo de provocar una
crisis generalizada. Una ética de supervivencia debe guiar así los
comportamientos y las decisiones; evitar las rupturas entre acreedores y
deudores y las denuncias unilaterales de compromisos anteriores; respetar al
deudor insolvente y no imponerle exigencias inmediatas que no podría
sobrellevar; aunque legales, tales exigencias pueden ser abusivas. A partir
del Evangelio, otros comportamientos deberían ser examinados, como la aceptación
de moratorias, la remisión parcial o incluso total de las
deudas, ayudar a los deudores a recobrar su solvencia.
Las necesidades
inmediatas de los países afectados de este modo son prioritarias,
sin olvidar por cierto las perspectivas más amplias de la
comunidad internacional y la ejemplaridad de las soluciones adoptadas.
Pertenece a
la responsabilidad de los dirigentes de un país seguir con
atención la evolución de su deuda externa a fin de
evitar, por imprevisión o gestión imprudente, el tener que afrontar
bruscamente semejante situación extrema.
Prever, prevenir y atenuar tales choques, que
favorecen sin razón a algunos y penalizan demasiado a otros,
dando lugar a especulaciones abusivas, ayudaría a sanear las relaciones
económicas internacionales y favorecería un acuerdo acerca de las necesarias
medidas de urgencia. Hay que disponer rápidamente estructuras de coordinación:
instituirlas de antemano permitiría su funcionamiento inmediato, a ejemplo, cabe
decir, de los planes permanentes de seguridad y auxilio existentes
en otros sectores de actividad para hacer frente a eventuales
catástrofes y salvar muchas vidas humanas.
Entre las organizaciones internacionales algunas
tienen, por razón de su mandato, una responsabilidad especial. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) está encargado, en particular, de ayudar
los Estados-miembros a superar los desequilibrios de su balance de
pagos y a remediar sus ocasionales dificultades. Dispone, a este
efecto, de medios financieros: su función y sus diversas modalidades
de intervención se han desarrollado mucho en estos últimos tiempos.
No obstante, en muchos casos sus decisiones han sido mal
recibidas por los países en dificultad, sus dirigentes y la
opinión pública. Estas decisiones pudieron parecer impuestas de modo autoritario
y tecnocrático, al margen de una suficiente consideración de las
urgencias sociales y las especificidades de cada situación. Convendría que
el diálogo y el servicio a la colectividad sean vistos
como los valores que guían sus acciones.
Ante las medidas de
urgencia, los diversos acreedores —Estados y bancos comerciales— tienen también
una real responsabilidad. Para asumirla con justicia y eficacia, sin
presión abusiva sobre el deudor, se requiere una coordinación que
mire a la repartición de las cargas inmediatas en relación
con los países en dificultad y con el FMI.
La corresponsabilidad
vale para la búsqueda de las causas y para las
medidas inmediatas a tomar. Así, se requiere particular atención a
fin de discernir, entre las causas del endeudamiento de un
país, aquellas que sean imputables a mecanismos globales que parecen
escapar a todo control, como las fluctuaciones de la moneda
en la que se concluyen los contratos internacionales, las variaciones
de los precios de las materias primas, objeto, a menudo,
de especulaciones en los grandes mercados de la Bolsa, o
la brusca caída de las cotizaciones del petróleo.
Correr al remedio
de lo más urgente es indispensable, pero insuficiente. Ello sería
incluso ilusorio si no se crearan al mismo tiempo las
condiciones de un saneamiento económico y financiero para el futuro.
Muy a menudo, la crisis no depende solamente de un
simple accidente coyuntural, sino de causas más profundas que el
accidente no hace más que revelar. Las soluciones de urgencia
deben articularse con medidas de reajuste para el mediano y
largo plazo.
III
ASUMIR SOLIDARIAMENTE
LAS RESPONSABILIDADES DEL FUTURO
Las relaciones financieras y monetarias
entre las naciones son complejas y cambiantes. Cada nación, por
el valor de su moneda, por sus intercambios comerciales, por
los recursos naturales de que dispone y su capacidad técnica
de explotarlos, pero igualmente por el grado de confianza que
inspira en el exterior, ocupa una posición de debilidad o
de fuerza, de poder o de dependencia, también ella mudable.
Se
requiere pues un análisis profundo a fin de puntualizar las
responsabilidades específicas de cada nación, en lo inmediato y en
un plazo determinado. Una primera consideración permite reconocer una pluralidad
de actores y organizaciones en cuyo seno actúan, con funciones
específicas y espacios de libertad — por consiguiente de iniciativa
y de responsabilidad — más o menos vastos. Estos actores,
diferentes por sus funciones y sus posiciones internacionales, son en
particular: los países industrializados y los países en desarrollo; los
Estados acreedores y los Estados deudores; los bancos comerciales internacionales
y nacionales; las grandes empresas internacionales; las organizaciones financieras multilaterales
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Bancos regionales). Atendiendo sucesivamente al
papel de cada uno de esos actores, y a los
medios y los márgenes de libertad de que disponen, será
posible establecer mejor su responsabilidad respectiva y proponer los principios
éticos que podrán guiar sus decisiones, cambiar sus comportamientos, transformar
las instituciones para brindar un mejor servicio a la humanidad.
Todos son llamados a edificar un mundo más justo, y
uno de sus frutos será la paz. «Nosotros consideramos que
la paz es como el fruto de las relaciones justas
y honestas en todos los aspectos de la vida de
los hombres en esta tierra, aspectos sociales, económicos, culturales y
morales... A vosotros, hombres de negocios que sois responsables de
los organismos financieros y comerciales, dirijo mi llamado: examinad de
nuevo vuestras responsabilidades frente a vuestros hermanos y hermanas».[4]
Esta mirada
nueva a las propias funciones permitirá escapar a la tentación
del fatalismo o la impotencia ante la complejidad de las
interdependencias, y crear nuevos espacios de libertad y, por consiguiente,
de responsabilidades a asumir y a compartir.
III. 1. Responsabilidad de
los países industrializados
En un mundo de crecientes interdependencias entre las
naciones, una ética de solidaridad ampliada contribuirá a transformar las
relaciones económicas (comerciales, financieras y monetarias) en relaciones de justicia
y de servicio reciproco, mientras son con frecuencia sólo relaciones
de fuerza y de interés.[5]
En razón de su mayor poder
económico, los países industrializados tienen una responsabilidad más seria que
deben reconocer y aceptar, incluso si la crisis económica los
ha enfrentado a menudo con los graves problemas del paro
y la reconversión.[6] Estamos lejos del tiempo cuando podían comportarse
descuidando los efectos de sus propias políticas sobre las otras
naciones. Les corresponde evaluar las repercusiones, positivas y negativas, en
los otros miembros de la comunidad internacional y modificarlas si
las consecuencias pesan demasiado sobre otros países, especialmente los más
pobres. Descuidar tales efectos de la interdependencia o no procurar
evaluarlos y dominarlos es fruto del egoísmo colectivo de una
nación. Formar las opiniones a la apertura internacional y a
los deberes de la solidaridad ampliada toca a los responsables
sociales, económicos, educativos, religiosos, y también especialmente a los dirigentes
políticos, a menudo más proclives a dar prioridad exclusiva a
los intereses nacionales que a explicar a sus conciudadanos los
aspectos positivos de una repartición más equitativa de los bienes
a nivel internacional. El Papa Pablo VI lo indicaba ya
en su encíclica sobre «El desarrollo de los pueblos» (n.
84): «Hombres de Estado, a vosotros os incumbe movilizar vuestras
comunidades en una solidaridad mundial más eficaz, y ante todo
hacerles aceptar las necesarias disminuciones de su lujo y de
sus dispendios para promover el desarrollo y salvar la paz».
Un llamado a la coparticipación, incluso a una cierta austeridad,
será atendido sólo si se apela a los valores de
fraternidad y de solidaridad en vista de la paz y
del desarrollo.
Ante el desafío de la deuda en aumento de
los países en desarrollo, la responsabilidad de los países industrializados
se aplica a los siguientes campos específicos:
1. La deuda de
los países en desarrollo se ha agravado a causa de
la crisis económica mundial, cuyos efectos (descenso del nivel de
vida de los más pobres, aumento del desempleo...) han pesado
sobre sus poblaciones. Una reactivación durable y sostenida del crecimiento
en los países industrializados ayudará a la economía mundial a
salir de la crisis, y a los países endeudados a
hacer frente a las obligaciones de su deuda a mediano
y largo plazo sin comprometer demasiado su propio desarrollo. Mediante
sus políticas económicas, los países industrializados se esfuerzan, por ellos
mismos y sus poblaciones, por reanimar el crecimiento económico, pero
deberían medir los efectos que ello produce en los países
en desarrollo, y modificar si fuera necesario, las reglas actuales
del comercio internacional que se oponen a una repartición más
justa de los frutos de ese crecimiento. De lo contrario,
ello podría marginar aún más los países más pobres y
aumentar la desigualdad entre las naciones. Poner por obra políticas
económicas que den un nuevo impulso al crecimiento en beneficio
de todos los pueblos controlando a la par la inflación,
fuente de nuevas desigualdades, es una tarea difícil, pero estimulante.
Ella exige de los responsables políticos, económicos y sociales, cualidades
de competencia y desinterés, apertura a las necesidades de las
otras naciones, imaginación para identificar nuevas pistas.
2. Los países industrializados
deben renunciar a las medidas de proteccionismo que crearían dificultades
a las exportaciones de los países en desarrollo, y esto
favorecerá sus posibilidades económicas, sobre todo si los conocimientos técnicos
son compartidos. Los países industrializados serán llevados a prever una
reconversión de sus economías atendiendo oportunamente a los efectos sociales
en sus propias poblaciones. La actual competencia técnica y económica
entre todos los países —ante todo entre los mismos países
industrializados— se vuelve desenfrenada y asume el aspecto de una
guerra sin cuartel que ignora los efectos perniciosos sobre los
más débiles. La Iglesia, atenta a los llamados de éstos,
invita a todos los hombres de buena voluntad, y especialmente
a los responsables políticos y económicos, a buscar las vías
para una mejor repartición internacional de las actividades económicas y
del trabajo.[7]
3. Las tasas de interés monetario practicadas por los
países industrializados son elevadas y dificultan el reembolso de la
deuda en los países en desarrollo. Una coordinación de las
políticas financieras y monetarias de los países industrializados permitirá rebajarlas
a un nivel razonable y evitar las fluctuaciones erráticas de
las tasas de cambio. Estas últimas favorecen las ganancias especulativas
ilícitas y las evasiones de capitales nacionales, nueva causa de
empobrecimiento para los países en desarrollo.
4. Debe hacerse nuevamente un
atento examen de las condiciones del comercio internacional (en particular,
la inestabilidad de los precios de las materias primas), en
concierto con todos los países y utilizando las competencias de
las instituciones internacionales implicadas, a fin de hacer prevalecer mejor
las exigencias de justicia y solidaridad internacionales, donde dominan exclusivamente
los intereses nacionales.
Tomar disposiciones para reactivar el crecimiento, reducir el
proteccionismo, rebajar las tasas de interés, valorizar las materias primas,
todo esto parece corresponder hoy a la responsabilidad de los
países industrializados a fin de cooperar a «un desarrollo solidario
de la humanidad»,[8]
III. 2. Responsabilidades de los países en desarrollo
Aceptar
la corresponsabilidad internacional significa para los países en desarrollo, proceder
a un examen de las causas internas que han contribuido
a aumentar la deuda. Significa también contemplar las políticas necesarias
de saneamiento a fin de aligerar, en lo que de
ellos depende, el peso de la deuda, y promover su
propio desarrollo conforme a la perspectiva de la encíclica de
Pablo VI ya citada: «La solidaridad mundial, cada día más
eficiente, debe permitir a todos los pueblos el llegar a
ser por sí mismos artífices de su destino», con la
aspiración de que «venga ya el día en que las
relaciones internacionales lleven el sello del mutuo respeto, de la
amistad, de la interdependencia en la colaboración y de la
promoción común bajo la responsabilidad de cada uno».[9]
Un examen ex
acto de la deuda actual revelará la particularidad de cada
país en desarrollo, tanto respecto de las causas internas como
de las soluciones y las posibilidades futuras. La diversidad de
estas situaciones nace de factores múltiples: recursos naturales más o
menos abundantes y más o menos bien administrados (productos energéticos
y mineros, espacios cultivables, clima, facilidades de comunicación); valorización de
los recursos humanos; orientaciones de las políticas nacionales (económicas, sociales,
financieras, monetarias). El examen hecho caso por caso, permitirá una
evaluación más justa de las responsabilidades y las soluciones adoptadas,
teniendo siempre en cuenta las solidaridades entre todos los países
en desarrollo que pueden concertarse, con buena razón, a nivel
regional y mundial.
Es de desear que todos los responsables de
un país participen en este examen de la situación, especialmente
de la crisis financiera y monetaria que atraviesa. Deberán tener
el coraje cívico y moral de informar, con un afán
de verdad y participación, a sus poblaciones acerca de la
parte de responsabilidad que toca a cada uno y a
cada categoría social, con el fin de crear un consenso
sobre los necesarios reajustes económicos, sobre una verdadera repartición de
los esfuerzos sociales exigidos, sobre las prioridades en los objetivos.
En particular, los dirigentes de un país con dificultades económicas
y financieras, están a menudo tentados de cargar todas las
responsabilidades sobre los otros países, a fin de ahorrarse explicaciones
sobre sus propios comportamientos, sus errores y aún abusos, y
evitar proponer cambios que los afectarían directamente. La denuncia de
las injusticias, cometidas o consentidas por los otros, para ser
escuchada, debe acompañarse de una clarificación sobre la propia conducta.
«Resulta demasiado fácil echar sobre los demás las responsabilidades de
las injusticias, si al mismo tiempo uno no se da
cuenta de cómo está participando él mismo y cómo la
conversión personal es necesaria en primer lugar»[10] También la Iglesia
entra por esta vía.[11]
La línea de demarcación entre ricos y
pobres no pasa solamente entre las naciones. Pasa también, en
cada nación, entre las categorías sociales y las regiones. Hay
ricos en los países pobres y pobres en los países
ricos. En un mismo territorio nacional hay regiones más pobres
y regiones prósperas. Ya en el año 1961, Juan XXIII
subrayaba estos nuevos aspectos de la justicia: «El desarrollo histórico
de la época actual demuestra, con evidencia cada vez mayor,
que los preceptos de la justicia y de la equidad
no deben regular solamente las relaciones entre los trabajadores y
los empresarios, sino además las que median entre los distintos
sectores de la economía, entre las zonas de diverso nivel
de riqueza en el interior de cada nación, y, dentro
del plano mundial, entre los países que se encuentran en
diferente grado de desarrollo económico y social».[12]
Las categorías que detentan
el poder en los países en desarrollo deben aceptar que
sus comportamientos y sus eventuales responsabilidades en el endeudamiento de
sus países sean aclarados: negligencia en la instalación de estructuras
adecuadas o abuso de las estructuras existentes (fraudes fiscales, corrupción,
especulaciones monetarias, fuga de capitales privados,[13] «bakshishs» —«coimas»— en los
contratos internacionales...). Este deber de transparencia y de veracidad ayudaría
a establecer mejor las responsabilidades de cada uno, a evitar
las sospechas injustificadas y a proponer las reformas adecuadas y
necesarias tanto para las instituciones como para los comportamientos. «Es
verdad que las estructuras instauradas para el bien de las
personas son por sí misma incapaces de lograrlo y de
garantizarlo. Prueba de ello es la corrupción que, en ciertos
países, alcanza a los dirigentes y a la burocracia del
Estado, y que destruye toda vida social honesta. La rectitud
de costumbres es condición para la salud de la sociedad.
Es necesario, por consiguiente, actuar tanto para la conversión de
los corazones como para el mejoramiento de las estructuras...».[14]
El saneamiento
de las prácticas individuales y colectivas de cara al dinero,
y las reformas de las instituciones [15] favorecerán o restablecerán
la confianza de los ciudadanos, y también de los demás
países, en orden a aceptar las necesarias medidas de corrección
y a cooperar en su aplicación eficaz. Los dirigentes políticos,
económicos y sociales tienen la obligación moral de ponerse efectivamente
al servicio del bien común de su país, sin buscar
ventajas personales. Deben concebir su función como un servicio a
la comunidad, con la preocupación de llegar a una repartición
equitativa entre todos, de los bienes, los servicios, los empleos,
dando la prioridad a las necesidades de los más pobres
y atendiendo a las eventuales consecuencias sobre éstos de las
medidas económicas y financieras que, en conciencia creen deben tomar.
Esta búsqueda de la justicia social en las decisiones políticas
y económicas resultará tanto más creíble y eficaz cuanto los
mismos dirigentes adopten un estilo de vida próximo a aquel
que sus conciudadanos se ven obligados a aceptar en las
difíciles circunstancias del país. En este sentido, los dirigentes cristianos
se dejarán estimular por las exigencias del Evangelio.
De cara al
endeudamiento creciente, la responsabilidad propia de los países en desarrollo
deberá aplicarse, en particular, a los campos siguientes, atendida la
diversidad de sus respectivas situaciones.
1. Conviene movilizar todos los recursos
nacionales disponibles — materiales y humanos — a fin de
promover un crecimiento económico sostenido y asegurar el desarrollo del
país.
El crecimiento económico no es en sí una meta: es
un medio necesario para responder a las necesidades esenciales de
las poblaciones, teniendo en cuenta el aumento demográfico y la
aspiración legítima al mejoramiento de los niveles de vida (salud,
educación, cultura, al igual que los consumos materiales). La creación
de riqueza debe ser estimulada con el fin de poder
asegurar una más amplia y más justa repartición entre todos.
Los
factores del crecimiento económico son varios y complejos, a veces
difíciles de controlar y coordinar. Es deber de los dirigentes
— del sector público y privado — el atender a
todos ellos en sus decisiones, lo cual implica de parte
suya, competencia y preocupación por el bien común. Son, entre
otros, la elección de los sectores prioritarios, la selección rigurosa
de las inversiones, la reducción de los gastos del Estado
(especialmente los gastos de prestigio y los armamentos), una muy
estricta gestión de las empresas públicas, el control de la
inflación, el sostén de la moneda, la reforma fiscal, una
sana reforma agraria, las incitaciones a las iniciativas privadas, la
creación de empleos; otros tantos campos donde la Iglesia, recordando
la dimensión humana y ética, invita en particular los cristianos
a que elaboren soluciones concretas.
La reactivación del crecimiento permitirá responder
mejor paso por paso a los compromisos financieros con el
exterior (deuda y servicio de la deuda) y restablecer relaciones
más equilibradas y confiadas con los otros países. Atenderá también
las necesidades de las generaciones futuras. Es un deber de
solidaridad y de justicia respecto de ellas.
2. Para los países
en desarrollo, la solidaridad internacional implica una apertura, la cual,
si es justa y equilibrada, es un bien. Entre los
obstáculos a superar para lograr un desarrollo solidario de la
humanidad, el Papa Pablo VI señala el nacionalismo: «El nacionalismo
aísla los pueblos en contra de lo que es un
verdadero bien. Sería particularmente nocivo allí en donde la debilidad
de las economías exige por el contrario la puesta en
común de los esfuerzos, de los conocimientos y de los
medios financieros, para realizar los programas de desarrollo e incrementar
los intercambios comerciales y culturales».[16]
Es raro que un país disponga
de todos los recursos necesarios para asegurar por sí solo
su desarrollo y satisfacer las necesidades de su población. Es
así llevado a recibir del exterior capitales, tecnologías, equipos. Una
atenta selección de las importaciones evitará aumentar la deuda sin
por eso poner trabas al desarrollo.
Una liberalización inmediata y total
de los intercambios internacionales corre, al contrario, el peligro de
crear una competencia peligrosa para las economías de los países
en desarrollo y de forzar adaptaciones demasiado rápidas y traumáticas
de ciertos sectores de la actividad. Es preciso elaborar reglas
de equidad para apartar esos peligros y establecer una más
sana igualdad de oportunidades. «La justicia social exige que el
comercio internacional, para ser humano y moral, restablezca entre las
partes al menos una cierta igualdad de oportunidades. Esta última
es un objetivo a largo plazo ... ¿Quién no ve
que un tal esfuerzo común hacia una mayor justicia en
las relaciones comerciales entre los pueblos aportaría a los países
en vías de desarrollo una ayuda positiva, cuyo efectos no
serían solamente inmediatos, sino duraderos?».[17]
Hoy día, los intercambios internacionales incluyen
las tecnologías, los capitales, las monedas, los servicios que requieren
idénticos esfuerzos: «Crear desde ahora una igualdad real en las
discusiones y negociaciones ... establecer normas generales».[18]
En particular las tecnologías
modernas — si son adecuadas al nivel de desarrollo y
a la cultura de un país — favorecen el crecimiento
económico. Las naciones que las inventan disponen, gracias a ellas,
de un capital y de un poder que hay que
poner al servicio de todos.[19]
La cooperación regional, especialmente entre los
países en desarrollo, es una expresión de la solidaridad que
se debe promover también en los ámbitos financiero y monetario,
incluso para elaborar soluciones justas a los problemas puestos por
el endeudamiento.
III. 3. Responsabilidad de los acreedores respecto de los
deudores
Ante las situaciones de urgencia en que pueden encontrarse los
países deudores, incapaces de satisfacer el servicio de su deuda
—y ni siquiera el pago de los intereses anuales— ,
las responsabilidades de los diversos acreedores han sido puntualizadas en
el marco de una solidaridad de supervivencia. Esas disposiciones no
suprimen los derechos y deberes respectivos que vinculan acreedores y
deudores. El examen de las causas —externas e internas— de
la deuda, de su aumento, de los reembolsos exigibles cada
año, para cada país, permitirá poner en claro, mediante el
diálogo, las responsabilidades del deudor y de sus diversos acreedores
(Estados, bancos comerciales) en orden a la búsqueda de soluciones
conformes a la equidad.
Excepto cuando los préstamos han sido consentidos
con tasas usurarias, o cuando han servido para financiar proyectos
acordados a precios abusivos gracias a complacencias fraudulentas — casos
en que se podría en justicia solicitar una revisión —
, los acreedores tienen derechos reconocidos por los deudores en
orden al pago de los intereses, a las condiciones y
plazos de reembolso. El respeto del contrato, de una y
otra parte, mantiene la confianza. Sin embargo, los acreedores no
pueden exigir su ejecución por todos los medios, sobre todo
si el deudor se encuentra en una situación de extrema
necesidad.
1. Los Estados acreedores examinarán las condiciones de reembolso que
son compatibles con la cobertura de las necesidades esenciales de
cada deudor; es necesario dejar a cada país una suficiente
capacidad de financiación para su propio crecimiento y para favorecer
al mismo tiempo el ulterior reembolso de la deuda.
La disminución
de las tasas de interés, la capitalización de los pagos
más allá de una tasa de interés mínimo, una reestructuración
de la deuda en un plazo más largo, facilidades de
pago en moneda nacional... son algunas de las disposiciones concretas
que es preciso negociar con los países endeudados a fin
de aliviar el servicio de la deuda y ayudar a
una reanudación del crecimiento. Acreedores y deudores se pondrán de
acuerdo sobre las nuevas condiciones y sobre los plazos de
pago en espíritu de solidaridad y de repartición de las
cargas que es preciso aceptar. En caso de desacuerdo sobre
estas modalidades, una conciliación o un arbitraje pueden ser solicitados
y reconocidos por las dos partes. Resultaría útil un código
de conducta internacional para guiar, con algunas normas de valor
ético, las negociaciones.
Los Estados acreedores dedicarán una particular atención a
los países más pobres. En algunos casos, podrán convertir los
préstamos en donaciones. Pero esta remisión de la deuda no
debe empañar la credibilidad financiera, económica y política de los
países «menos adelantados» y cegar nuevos flujos de capitales provenientes
de los bancos.
El flujo de capitales públicos de los países
industrializados debe de nuevo alcanzar el nivel de los compromisos
acordados (ayuda pública al desarrollo) por vía bilateral o multilateral.
Por medio de disposiciones fiscales y financieras, y con garantías
contra eventuales riesgos, los Esta dos acreedores incitarán los bancos
comerciales a continuar los préstamos a los países en desarrollo
y por medio de políticas concertadas, monetarias, financieras y comerciales,
favorecerán el equilibrio de los balances de pago de los
países en desarrollo y, por ende, el reembolso de su
deuda.
2. Los bancos comerciales son directos acreedores de los países
en desarrollo (Estados y empresas). Si los deberes de estos
bancos para quienes les confían sus depósitos son esenciales y
la confianza de éstos sólo se mantiene si se los
cumple, tales deberes no son los únicos y deben ser
combinados con el respeto debido a los deudores cuyas necesidades
son a menudo más urgentes.
Los bancos comerciales deberán participar en
los esfuerzos de los Estados acreedores y de las organizaciones
internacionales en orden a la solución de los problemas del
endeudamiento: reestructuración de la deuda, revisión de las tasas de
interés, nuevo impulso de las inversiones hacia los países en
desarrollo, financiamiento de proyectos en función de su impacto sobre
el crecimiento, de preferencia a otros cuya rentabilidad es más
inmediata y más segura, y a otros todavía cuya utilidad
es discutible (equipos de prestigio, armas...). No cabe duda que
esta actitud desborda la función tradicional de los bancos comerciales,
al invitarlos a un discernimiento que supere los criterios de
rentabilidad y seguridad de los capitales prestados. ¿Pero por qué
no aceptarían asumir una parte de responsabilidad ante el mayor
desafío de nuestra tiempo: promover el desarrollo solidario de todos
los pueblos y contribuir así a la paz internacional? Todos
los hombres de buena voluntad son convocados a esta tarea,
cada uno según su competencia, su compromiso profesional y su
sentido de solidaridad. 3. Las empresas multinacionales participan en el
flujo internacional de capitales, bajo forma de inversiones productivas y
también de repatriación de capitales (beneficios y amortizaciones). Sus políticas
económicas y financieras influyen así sobre el balance de pagos
de los países en desarrollo, positiva o negativamente (nuevas inversiones,
re-inversiones en el mismo lugar, o repatriación de beneficios y
venta de activos).
A la par que dirigen las actividades de
esas empresas a fin de hacerlas participar en los planes
de desarrollo (código nacional de inversiones), los poderes públicos de
los países en desarrollo establecerán con ellas convenciones que determinen
sus obligaciones recíprocas, especialmente por lo que concierne al flujo
de capitales y a la fiscalización.
Las empresas multinacionales disponen de
un amplio poder económico, financiero y tecnológico. Sus estrategias desbordan
y atraviesan las naciones. Deben participar en las soluciones destinadas
a aliviar la deuda de los países en desarrollo. Actores
económicos y financieros en el campo internacional, están llamadas a
la corresponsabilidad y a la solidaridad, más allá de sus
propios intereses.
III. 4. Responsabilidad de las organizaciones financieras multilaterales
Superadas las
violencias y los desórdenes de la Segunda Guerra Mundial, las
naciones se asociaron para promover la paz y la cooperación
internacionales, favorecer el desarrollo de los pueblos, responder, por medio
de instituciones especializadas, a las necesidades esenciales de los hombres
(salud, alimentación, educación, cultura) y regular con equidad sus intercambios
(comercio, industria). La Iglesia ha animado siempre esos esfuerzos en
pro de la construcción de un mundo más justo y
más solidario.[20]
Actualmente, las organizaciones internacionales se encuentran enfrentadas a responsabilidades
nuevas y urgentes: contribuir a resolver la crisis de endeudamiento
de los países en vías de desarrollo; evitar un derrumbe
generalizado del sistema financiero internacional; ayudar a los pueblos, especialmente
los más débiles, a asegurar su desarrollo, luchar contra la
extensión de la pobreza bajo sus diferentes formas y, por
este medio, promover la paz desvirtuando las amenazas de conflictos.
Entre esas amenazas está, no lo olvidemos: «la imprevisible y
fluctuante situación financiera con su impacto directo sobre los Países
con grandes deudas que luchan por llevar a la práctica
un desarrollo positivo»,[21]
Las organizaciones financieras multilaterales cumplirán su función si
sus decisiones y sus acciones estarán animadas por un espíritu
de justicia y de solidaridad al servicio de todos. Ciertamente,
no pertenece a la Iglesia juzgar las teorías económicas y
financieras que guían sus análisis y los remedios que proponen.
En estos campos complejos las certezas son relativas. Por cuanto
a ella toca, la Iglesia proclama la necesidad de una
comprensión recíproca para iluminar mejor las realidades, como también la
prioridad que cabe reconocer a los hombres y a sus
necesidades, más allá de las urgencias y las técnicas financieras
a menudo presentadas como el único imperativo.
En cuanto organizaciones interestatales,
se preocuparán por respetar la dignidad y la soberanía de
cada nación —empezando por las más pobres— , sin olvidar
que la interdependencia de las economías nacionales es un hecho
que puede y debe convertirse en una solidaridad conscientemente aceptada.
El aislamiento no es ni deseable ni posible. «Constructores de
su propio desarrollo, los pueblos son los primeros responsables de
él. Pero no lo realizarán en el aislamiento»,[22]
A fin de
hacer frente a estas nuevas tareas algunas reorganizaciones serán sin
duda necesarias: adaptación y extensión de las misiones, acrecentamiento de
los medios de acción, participación efectiva de todos los miembros
en las decisiones, contribución a los objetivos del desarrollo, prioridad
de las necesidades de las poblaciones más pobres. Ya en
1967, Pablo VI deseaba esta reorganización en vista de un
«desarrollo de los pueblos».[23]
Estas reorganizaciones reforzarán la confianza a la
cual tienen derecho las organizaciones interestatales, pero que deben siempre
justificar y a veces recuperar. Los pueblos que sufren más
las consecuencias de la deuda necesitan signos visibles que les
permitan reconocer la equidad y la eficacia de las soluciones
adoptadas. La confianza, necesaria para suscitar un consenso nacional, aceptar
una repartición de sacrificios y asegurar, por este medio, el
éxito de los programas de rectificación no puede ser el
resultado de la sola demostración económica. Ella se concede cuando
el desinterés y el servicio de los demás aparecen como
los motivos que guían las decisiones, y no los intereses
de una nación particular o de una categoría social. En
este último caso, la sospecha se infiltra, y provoca, incluso
sin pruebas suficientes, el rechazo, la denuncia y hasta la
violencia.
A los estados miembros, especialmente a aquellos que por su
competencia económica y su aporte de capitales, tienen una influencia
preponderante en las decisiones, les corresponde apoyar activamente a esas
organizaciones, precisar sus tareas, ampliar sus iniciativas y transformar esos
centros de poder en centros de diálogo y de cooperación
en vistas del bien común internacional.
A cada una de las
organizaciones multilaterales: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Bancos regionales,
caben funciones específicas y, por lo tanto, responsabilidades propias. Para
subrayar su carácter de solidaridad y concertación, estas instancias reconocen
la necesidad de intensificar la representación de los países en
desarrollo y su participación en la s grandes decisiones económicas
internacionales que les conciernen. Tratarán de coordinar sus esfuerzos y
sus políticas a fin de responder, de modo coherente y
específico, a las necesidades más urgentes del endeudamiento, con perspectivas
de futuro. Procurarán igualmente acordarse con los otros actores financieros
internacionales para fijar, en diálogo con los países endeudados, las
medidas por tomar, y repartirse sus cargas, según las posibilidades
y la función de cada uno.
Sin entrar en pormenores propios
de «la vocación de los laicos que actúan por su
propia iniciativa con sus conciudadanos»,[24] la Iglesia llama la atención
de las organizaciones financieras multilaterales y de aquellos que en
ellas trabajan, sobre algunos puntos dignos de consideración:
— examinar de
modo abierto y adaptado a cada país en desarrollo, las
«condiciones» puestas por el FMI para los préstamos; integrar la
componente humana en el «aumento de vigilancia» sobre la ejecución
de las medidas de ajuste y los resultados obtenidos;
— estimular
nuevos capitales — públicos y privados — al financiamiento de
proyectos prioritarios para los países en desarrollo;
— favorecer el diálogo
entre acreedores y deudores en orden a una reestructuración de
las deudas y una aligeración de los montos distribuida en
un año, o si es posible, en varios;
— prever disposiciones
especiales para remediar las dificultades financieras que proceden de catástrofes
naturales, de variaciones excesivas de los precios de las materias
primas indispensables (agrícolas, energéticas, mineras), de las bruscas fluctuaciones de
las tasas de cambio. Estos fenómenos, incontrolables, trastornan, por su
subitaneidad, su amplitud y sus consecuencias financieras, los planes económicos,
especialmente de los países en de s arrollo y crean
una inseguridad internacional peligrosa y costosa;
— suscitar una mejor coordinación
de las políticas económicas y monetarias de los países industrializados,
favoreciendo las que tendrán una incidencia más positiva en los
países en desarrollo;
— explorar los nuevos problemas, de hoy y
de mañana, a fin de contemplar desde ya soluciones que
tengan en cuenta las evoluciones muy diversificadas de las economías
nacionales y las posibilidades de futuro de cada país. Esta
previsión, difícil y necesaria, es responsabilidad de todos frente a
las generaciones futuras. Ella permitirá prevenir el acceso de situaciones
conflictivas graves. En un mundo de mutaciones rápidas y profundas,
«si el hombre se deja desbordar y no prevé a
tiempo la emergencia de los nuevos problemas sociales, éstos se
harán demasiado graves como para que se pueda esperar una
solución pacífica»;[25]
— ocuparse con atención de la elección y la
formación de cuantos trabajan en las organizaciones multilaterales y participan
en los análisis de las situaciones, en las decisiones y
en su ejecución. Les cabe, colectiva e individualmente, una importante
responsabilidad. El peligro existe de limitarse a meras aproximaciones y
a soluciones demasiado teóricas y técnicas, incluso burocráticas, cuando se
juegan vidas humanas, el desarrollo de los pueblos, la solidaridad
entre las naciones. La competencia en materia económica es indispensable,
así como la sensibilidad por otras culturas y una experiencia
concreta y vivida de los hombres y de sus exigencias.
A esas cualidades humanas, hay que agregar para mejor fundarlas,
una conciencia viva de la solidaridad y de la justicia
internacional que se debe promover.
Una propuesta final
Para hacer frente al
grave desafío que presenta hoy la deuda de los países
en desarrollo, la Iglesia propone a todos los hombres de
buena voluntad que ensanchen sus conciencias a la medida de
esas nuevas responsabilidades internacionales, urgentes y complejas, y movilicen todas
sus capacidades de acción a fin de encontrar y poner
en práctica soluciones de solidaridad.
En particular, ¿no ha llegado acaso
el momento de suscitar un vasto plan de cooperación y
asistencia de los países industrializados en beneficio de los países
en vía de desarrollo?
Sin establecer un paralelo con lo que
se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para acelerar
la reconstrucción y nuevo arranque de las economías de los
países destruidos, ¿no se debería comenzar a instalar, en interés
de todos, pero sobre todo porque se trata de reanimar
la esperanza de pueblos que sufren, un nuevo sistema de
ayuda de los países industrializados en favor de los países
menos ricos? Semejante contribución, que debería constituir un compromiso por
muchos años, aparece como indispensable para permitir a los países
en vía de desarrollo lanzar y llevar a término, en
cooperación con los países industrializados y los organismos internacionales, los
programas a largo plazo que es necesario emprender cuanto antes.
¡Sea
nuestro llamado atendido antes de que sea demasiado tarde!
NOTAS
[1] Cfr.
Pablo VI, Encíclica Populorum progressio, 26 de marzo 1969, nn.
64 65, 80.
[2] Cfr. Congregación para la Doctrina de la
Fe, Instrucción sobre libertad cristiana y liberación, 22 de marzo
1986, n. 89: «La solidaridad es una exigencia directa de
la fraternidad humana y sobrenatural. Los graves problemas socio-económicos que
hoy se plantean, no pueden ser resueltos si no se
crean nuevos frentes de solidaridad: solidaridad de los pobres entre
ellos, solidaridad con los pobres, a la que los ricos
son llamados, y solidaridad de los trabajadores entre si. Las
instituciones y las organizaciones sociales, a diversos niveles, así como
el Estado, deben participar en un movimiento general de solidaridad.
Cuando la Iglesia hace esa llamada, es consciente de que
esto le concierne de una manera muy particular».
[3] «La solidaridad
internacional es una exigencia de orden moral que no se
impone únicamente en el caso de urgencia extrema, sino también
para ayudar al verdadero desarrollo. Se da en ello una
acción común que requiere un esfuerzo concertado y constante para
crear una nueva mentalidad entre los hombres de hoy. De
ello depende en gran parte la paz del mundo» (Congregación
para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre libertad cristiana
y liberación, 22 de marzo de 1986, n. 91).
[4] Juan
Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial
de la Paz 1986, nn. 4 y 7.
[5] Congregación para
la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre libertad cristiana y
liberación, n. 16: «Entre las naciones dotadas de fuerza y
las que no la tienen se han instaurado nuevas relaciones
de desigualdad y opresión La búsqueda del propio interés parece
ser la norma de las relaciones internacionales, sin que se
tome en consideración el bien común de la humanidad».
[6] Cfr.
Ibíd.., n. 90: «El principio del destino universal de los
bienes, unido al de la fraternidad humana y sobrenatural, indica
sus deberes a los Países más ricos con respecto a
los Países más pobres. Estos deberes son de solidaridad en
la ayuda a los Países en vías de desarrollo; de
justicia social, mediante una revisión en términos correctos de las
relaciones comerciales entre Norte y Sur y la promoción de
un mundo más humano para todos».
[7] Cfr. Juan Pablo II,
Encíclica Laborem exercens, 14 de septiembre 1981, n. 18.
[8] Cfr.
Pablo VI, Encíclica Populorum progressio, nn. 56 a 66.
[9] Ibid.,
n. 65.
[10] Pablo VI, Carta Octogesima adveniens al Sr. Cardenal
Maurice Roy, 14 de mayo 1971, n. 48.
[11] Cfr. Sínodo
de los Obispos, Justicia en el Mundo, 1971, n. 41
a 51.
[12] Juan XXIII, Encíclica Mater et Magistra, 15 de
mayo 1961, n. 122 - Edic. BAC Madrid, 1973. Cfr.
además, Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre
libertad cristiana y liberación: a Entre las naciones dotadas de
fuerza y las que no la tienen se han instaurado
nuevas relaciones de desigualdad y opresión» (n. 16). «Quien dispone
de tecnologías tiene el poder sobre la tierra y sobre
los hombres. De ahí han surgido formas de desigualdad, hasta
ahora desconocidas, entre los poseedores del saber y los simples
usuarios de la técnica» (n. 12).
[13] La «fuga de capitales»
nacionales hacia otros países no concierne solamente a los países
en desarrollo, sino que tiene consecuencias más graves para esos
países cuando están endeudados , sobre todo si la fuga
de capitales alcanza montos considerables . En es te ámbito
nuevo, el juicio moral debe partir primero de un análisis
profundo, antes de proponer respuestas.
[14] Congregación para la Doctrina de
la Fe, Instrucción sobre libertad cristiana y liberación, n. 75.
[15]
Examen objetivo, saneamiento de los comportamientos y reformas de las
instituciones, no conciernen solamente a los dirigentes de los países
en desarrollo, sino igualmente a los de los países industrializados,
en sus espacios nacionales como en las relaciones internacionales.
[16] Pablo
VI, Encíclica Populorum progressio, n. 62.
[17] Ibíd., n. 61.
[18] Ibíd.
[19]
Cfr. Juan Pablo II, Encíclica Laborem exercens, nn. 5 y
12; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre
libertad cristiana y liberación, n. 12.
[20] Cfr. Juan Pablo
II, Mensaje para la 40a Asamblea general de la ONU,
18 de octubre 1985, nn. 2-3.
[21] Juan Pablo II, Mensaje
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz
1986 n. 2. Entre las sugerencias: reducir las tensiones entre
Norte-Sur: «Pienso en las deudas que gravan sobre Naciones pobres,
en una mejor y más responsable utilización de los fondos
por parte de los países en vías de desarrollo» (ibid,
n. 4).
[22] Pablo VI, Encíclica Populorum progressio, n. 77.
[23] Ibid.,
n. 64: «Esperamos también que las organizaciones multilaterales e internacionales
encontrarán, por medio de una reorganización necesaria, los caminos que
permitirán a los pueblos todavía subdesarrollados salir de los atolladeros
en que parecen estar encerrados».
[24] Cfr. Congregación para la Doctrina
de la Fe, Instrucción sobre libertad cristiana y liberación, n.
80.
[25] Pablo VI, Carta Octogesima adveniens al Sr. Cardenal Maurice
Roy, 14 de mayo 1971, n. 19.
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