El Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, firmó el 26 de octubre de 2006 la denominada ley de la Barda Segura 2006 (Secure Fence Act (H.R. 6061)), en virtud de la cual se otorgan recursos al Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS) para construir bardas dobles en 700 millas (más de mil 120 kilómetros) en algunos puntos fronterizos, barreras vehiculares y nuevas tecnologías para la vigilancia de la frontera entre México y Estados Unidos.

La ley incrementa el presupuesto 2007 del DHS para fortalecer el control operativo de todas las fronteras y autoriza fondos para la contratación de 1500 agentes adicionales de la patrulla fronteriza y para la habilitación de 10 mil espacios de detención para inmigrantes que no sean mexicanos. El DHS deberá concluir la implementación de un sistema de cámaras de monitoreo fronterizo antes del 30 de mayo de 2007, la construcción de barreras fronterizas en el área de Calexico, CA a Douglas, AZ antes del 30 de mayo de 2008 y en el área de Laredo a Brownsville Texas, antes del 31 de diciembre de 2008. La ley también contiene una disposición que criminaliza hasta con 20 años de prisión a las personas que ayuden en la construcción o financiamiento de túneles fronterizos.

Los legisladores que aprobaron la ley argumentan que es indispensable hacer que las fronteras sean más seguras, puesto que la inmigración indocumentada que transita por México ya aumentado en la última década debido a que no se ha mantenido un control absoluto sobre la frontera. Durante la administración del Presidente Bush los recursos para incrementar la seguridad en la frontera sur se han incrementado de 4.6 millones de dólares en el 2001 a 10.4 millones en este año. También se ha incrementado el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, contando actualmente con cerca de 6 mil agentes, mismos que se pretenden duplicar para el año 2008.

Sin lugar a duda, la aprobación de esta ley tiene una connotación eminentemente política. El próximo 7 de noviembre habrá elecciones legislativas en los Estados Unidos, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, que actualmente se encuentran bajo el control del partido republicano.

Desde el principio de su administración, el Presidente Bush ha señalado que impulsará un programa de trabajadores temporales para combatir la inmigración ilegal y se ha pronunciado a favor de una reforma migratoria integral; sin embargo, las leyes que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado en los últimos años, se han orientado a incrementar las medidas de seguridad, aumentan los recursos para la vigilancia en la frontera e impulsan el desarrollo tecnológico para detener los cruces de indocumentados.

La política exterior e interior de los Estados Unidos ha girado en torno al tema de seguridad desde los ataques del 11 de septiembre. El temor que se ha generado y propiciado en los estadounidenses ante la posibilidad de un nuevo ataque terrorista, garantiza el respaldo de la sociedad para que la seguridad sea el tema prioritario en la agenda de Washington.
En tiempos electorales, el debate sobre el fenómeno migratorio se incrementa y se polariza. Mientras los congresistas que representan a los estados donde hay mayor número de latinos, intentan ganar su voto prometiendo impulsar la reforma migratoria integral; aquellos que representan distritos electorales donde reside la población más conservadora, ofrecen terminar con la ilegalidad y el flujo de extranjeros indocumentados. Algunos incorporan a sus demandas la necesidad de aprobar un programa de trabajo temporal y la implementación de medidas para legalizar a los inmigrantes que ya se encuentran en los Estados Unidos; otros ven en estas propuestas una “amnistía” para los que entraron de forma ilegal, que no merecen una vía automática para la obtención de la ciudadanía.

Las posturas se radicalizan entre demócratas y republicanos. El apoyo o rechazo a la atención del tema migratorio desde sus raíces, no está dividido en función de las ideologías partidistas. Obedece mucho más a las posturas de los electores, especialmente en los estados fronterizos.

A pesar de que Estados Unidos es un país de inmigrantes, el rechazo hacia los migrantes se ha incrementado a raíz de la constitución de grandes comunidades de extranjeros que ya no tienen la necesidad de incorporarse a la sociedad estadounidense para poder sobrevivir. Los flujos migratorios principalmente de europeos y asiáticos que llegaron a los Estados Unidos durante los años cuarentas, cincuentas y sesentas, tuvieron que aprender su idioma, entender su cultura, conocer su historia, respetar sus símbolos, sentir a ese país como suyo, para permanecer en él. Hoy en día esto ya no es necesario. Al encontrarnos con una diversidad y heterogeneidad tan grande, los contrastes culturales y sociales son mucho más fuertes lo que propicia el incremento de la xenofobia y la discriminación.

Estados como Arizona constituye un buen ejemplo de todo esto. La aparición de grupos de la sociedad civil como los denominados “Minuteman”, dedicados a vigilar la frontera y denunciar el cruce de inmigrantes indocumentados, muestra la forma como se han radicalizado las posturas en relación con la migración.

Para la próxima elección, la presión política también se incrementa para los republicanos por el creciente rechazo a la administración del Presidente Bush y el, cada vez más comentado, fracaso de la “guerra contra el terrorismo”. En más de una ocasión ha sido evidente que cuando las encuestas marcan un descenso en la popularidad del Presidente, vuelve a subir de tono el tema de la seguridad y la necesidad de incrementar las medidas para prevenir otros ataques terroristas.
Más allá de la politización y polarización sobre el tema migratorio, éste debe analizarse desde una perspectiva objetiva y como un fenómeno que debe abordarse bajo el principio de responsabilidad compartida.

Mientras exista oferta y demanda de trabajo en un lado y otro de la frontera y los mexicanos no encuentren en su propio país las condiciones propicias para alcanzar su bienestar, la migración seguirá creciendo, independientemente de los muros o bardas que se lleguen a construir. Esto se agrava si tomamos en cuenta las enormes diferencias económicas entre ambos países y el contraste entre los salarios y las condiciones laborales que se perciben. México también es un país de tránsito, el incremento de la pobreza en centro y Sudamérica incentiva la emigración de latinoamericanos hacia los Estados Unidos.

Aunque discursivamente hay consenso del lado estadounidense sobre la necesidad de terminar con la inmigración ilegal, un importante sector de la economía de ese país depende de la mano de obra de los indocumentados, a quienes mantienen con muy bajos salarios y sin las prestaciones laborales que darían a sus conacionales.

Los inmigrantes contribuyen con su trabajo al crecimiento y desarrollo tanto de sus países de origen como en el extranjero. En 2005, las remesas de Estados Unidos a México alcanzaron más de 20 mil millones de dólares y se convirtieron en la segunda fuente de ingresos del país, después del petróleo. Sin embargo, se estima que aproximadamente el 80% de los ingresos de los inmigrantes se utilizan para el consumo de bienes y servicios de los países en los que residen.

Durante la administración del Presidente Fox, se hizo un importante y reconocido esfuerzo en recursos humanos y financieros para incrementar la seguridad en la frontera común, al tiempo que se combatieron activamente la delincuencia organizada, incluyendo el narcotráfico y las bandas de traficantes de personas y se facilitó el intercambio de información para evitar la internación de terroristas a nuestro país. Sin embargo, esto no es suficiente, México no puede eludir su responsabilidad de generar más y mejores empleos para evitar que la gente siga emigrando en busca de mejores condiciones de vida. Además, debe buscar que se respeten los derechos humanos de los mexicanos en los países que emigran y fortalecer los mecanismos seguridad social, de acceso a los servicios de salud, créditos para la vivienda y sistemas de ahorro para los emigrantes y sus familias.

Por otra parte, desde Estados Unidos se debe impulsar una reforma migratoria integral que promueva un programa de trabajo temporal, vías para la legalización de los inmigrantes indocumentados, sanciones para los empleadores que contraten ilegales y programas de apoyo a las comunidades fronterizas.
Por lo tanto, la migración debe atenderse analizando los múltiples retos y oportunidades que este fenómeno plantea y buscar soluciones compartidas, entre dos naciones que comparten mucho más que una frontera común.

Responsabilidad compartida, reflejo del reconocimiento de que los dos países deben asumir su parte para lograr mejores resultados en la administración bilateral del fenómeno migratorio.

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