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Objeción de conciencia y ley injusta
El caso más frecuente de colisión entre un deber concreto impuesto por una norma justa para el Estado, pero injusta para el destinatario, es el de médicos. No se les puede exigir una actuación contrariaa su conciencia moral y profesional


Por: José Luis Requero | Fuente: Catholic net




Hay que dar por superada la limitación de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio. Es cierto que, desde que en 1661, en colonias americanas, se dio a los cuáqueros un trato especial en el ámbito militar, el cumplimiento de ese deber público ha centrado las reflexiones sobre la objeción de conciencia. Pero su viveza salta a la vista. Habrá desaparecido el servicio militar obligatorio, pero se plantea su ejercicio en numerosos aspectos de la vida pública ante normas controvertidas moralmente. El autor de este artículo es magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial

En los conflictos entre la ley moral y la civil hay que rechazar dos planteamientos extremos y otro más hipócrita. De un lado, aquel que negaría el derecho a objetar, propio de sistemas políticos en los que la persona queda sujeta a un Estado incontestable que impone deberes y reina sobre unos súbditos sin considerar sus pensamientos o creencias. Pero el subjetivismo moral podría generar una suerte de ciudadanía a la carta , es decir, que mediante una objeción generalizada cada ciudadano eligiese qué deber público cumple y cual no, todo pasado por el tamiz de sus creencias, convicciones, o del puro capricho.

Frente a esta exageración es claro que toda norma se basa en el consenso social, de ahí que, aparte de su generalidad y por emanar del gobernante legítimo, sea obligatoria e imperativa y cuente con mecanismos coercitivos y sancionadores frente al infractor. Y, por último, estaría el planteamiento hipócrita: reconocer la objeción, pero haciendo del objetor un ciudadano de segunda, o discriminar entre el objetor bueno – el del servicio militar, hasta el insumiso– frente al malo: el que se niega a practicar un aborto, a dispensar cierto medicamento, etc.

¿Qué pasa si la norma no es justa?

Me he referido a la imposición de deberes, y el servicio militar –el más paradigmático– no es ni justo ni injusto; lo que sería injusto es no poder objetarlo. Pero ¿qué pasa si la norma no es justa?; ¿cabe desobedecerla, o bien objetar la conciencia? Las democracias permiten la reacción frente a la norma que se entiende injusta. Aparte de la acción y participación política para procurar un cambio normativo, el control de la acción administrativa y sus reglamentos y de la constitucionalidad de las leyes permite plantear la colisión entre la norma y aquellos valores o principios en los que se asienta la convivencia. Pero ¿qué pasa si se confirma la norma injusta? Para el Estado, la norma es justa por el mero hecho de aprobarse y, en su caso, confirmarse en su legalidad y constitucionalidad.

Como esto no implica su bondad moral, ante esa norma el ciudadano tiene que conjugar respetarla, cumplir sus deberes como ciudadano, pero sin cooperar con lo que entiende que es un mal moral. Para evitarlo está la objeción de conciencia.
El Tribunal Constitucional recuerda que la objeción es una especificación de la libertad
de conciencia
, y supone no sólo el
derecho a formar libremente la propia conciencia,
sino también a obrar conforme a sus postulados. A partir del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa –constitucionalmente reconocido–, la objeción de conciencia se plantea como un derecho de la persona frente a la imposición general por el Estado de un concreto
deber público más que de una obligación,
que siempre tiene un componente de asunción
voluntaria. Jurídicamente, la objeción exceptúa ese concreto deber y, como tal,debe tener expreso reconocimiento legal,de ahí que la objeción de conciencia no consista tanto en que el objetor tenga derecho a la abstención, como que se le declare exento de un deber que, de no mediar tal
declaración, le sería exigible bajo coacción;
eso sí, la objeción, para ser tenida en cuenta,
debe ser seria, coherente, reiterada, no
caprichosa ni oportunista.

Al tratarse de deberes, exigidos por normas
válidas, pero contrarios a la conciencia del destinatario, se exige su concreción y que medie el expreso reconocimiento legal de la objeción como derecho. Esto impide objetar ser miembro de un tribunal de jurado, o de una mesa electoral; tampoco cabe una objeción genérica, como sería la
fiscal: puesto que con mis impuestos el Estado
hace cosas injustas, contrarias a mi conciencia (promulga leyes abortistas, la cirugía transexual o el aborto son prestaciones sanitarias, no apoya a las familias,etc.), no contribuyo a su sostenimiento. Esto no es admisible, no sólo porque esa objeción fiscal carezca de respaldo normativo,sino porque llevaría más que a la objeción de conciencia a la desobediencia civil;
además es un deber de justicia y solidaridad
sostener unos gastos públicos que benefician
a todos –incluido el o b j e t o r– y permiten
el mantenimiento del propio Estado, sin el cual la convivencia sería inviable en una sociedad compleja y plural.

El caso más frecuente de colisión entre un deber concreto impuesto por una norma justa para el Estado, pero injusta para el destinatario, es el de médicos, matronas demás personal de enfermería, o farmacéuticos.

Al margen de la sanidad privada, el Estado dispensa ciertos servicios y sostiene el sistema nacional de salud mediante esos profesionales, que se involucran en momentos cruciales de la vida humana. Como no se les puede exigir una actuación contraria a su conciencia moral y profesional, el Estado debe reconocerles el derecho de objeción, quedando exentos del deber de cumplirla pero sin sufrir discriminación profesional alguna.

A diferencia de la objeción fiscal, que no se reconoce por carecer de base normativa, el Tribunal Constitucional sostuvo respecto del aborto que la objeción de conciencia existe y puede ejercerse, al margen de que haya o no una norma que la reconozca, pues forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, de forma que la Constitución sería directamente aplicable.

Casos como el divorcio, la autorización para esterilizar a dementes, etc. hacen especialmente
complejo el papel del juez. Sujeto al imperio de la ley, que ha jurado cumplir,no hay norma que prevea su abstención por razones de conciencia, y no es un profesional sujeto a un código deontológico como el médico o el abogado, sino que encarna al Estado en su función soberana de juzgar conforme a las normas con que ordena la
sociedad. A diferencia de Italia, donde parte
de los jueces se negaron a completar la voluntad de menores para abortar, si el juez español dejase de resolver objetando su conciencia, delinquiría y provocaría que un ciudadano –que tiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva mediante un juez ordinario predeterminado en la ley quedase sin la resolución de sus pretensiones. Ante este dilema, lo prudente –sin que implique connivencia con la norma– será juzgar de la manera más recta posible y evitar otros males como, por ejemplo, su propia sancióno expulsión de la judicatura, o que –en términos de convivencia social– la certeza y
seguridad jurídica dejen de estar en la norma,
para depender la solución del conflicto de
las convicciones personales de cada juez:
ahora serán las del objetor, pero mañana pueden
ser las de otro juez ideologizado.

Caso distinto es la objeción de conciencia
en las actividades privadas, o en el ejercicio de
la política. Cabe que un abogado rechace la defensa de cierto asunto –caso aparte es el turno de oficio–, o que el periodista invoque la cláusula de conciencia si el medio en el
que trabaja impone la «elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de. En el caso de la política, no se ejerce una función sujeta a un estatuto profesional, de ahí
que, si media disciplina de partido y de voto,
sólo cabe la pura desobediencia. Esto han hecho
algunos ejemplarmente, asumiendo un posible castigo interno. De esta forma, una determinada iniciativa saldrá –por ejemplo, equiparar al matrimonio las uniones de hecho homo o heterosexuales–, pero no con su voto, salvando su responsabilidad moral.

La complejidad de la vida irá acentuando supuestos de conciencia realmente complejos
–piénsese en los inmigrantes que invocan etc.–, pero hoy día, y en los casos más paradigmáticos de colisión entre la ley civil y la moral –que es su fundamento–, la objeción no es un simple gesto, sino una actuación ejemplar que tiene el valor de la coherencia, que es –no se olvide, y en palabras de Juan Pablo II– el martirio de nuestros días. Precedentes históricos los hay y muchos; valga el ejemplo de Tomás Moro, cuyo martirio no fue precisamente de extrañamiento del mundo de lo políticamente correcto.

 





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