Un juez argentino está librando una intensa batalla judicial contra diez centros médicos de Buenos Aires dedicados a la reproducción asistida, exigiendo conocer los nombres de las personas que tienen embriones congelados. Para proteger la vida de estos miles de seres humanos congelados ha nombrado un "tutor especial".

El juez civil argentino Miguel Güiraldes se ha erguido como gran defensor de la vida humana en una batalla contra diez centros médicos de Buenos Aires dedicados a la reproducción asistida. Güiraldes exige conocer la identidad de quienes tienen embriones congelados y h nombrado un "tutor especial" para protegerlos.

"No hay ningún tipo de control para estos miles de seres humanos congelados", subrayó ayer el abogado Ricardo Rabinovich Berkman, designado "tutor especial" de los embriones. Sostuvo además que "no tiene asidero jurídico" la defensa de la intimidad de las personas en la que se escudan los médicos para ocultar la identidad de los titulares de los embriones.

"Este tema ya se ha discutido: para proteger los derechos de las personas, y los embriones lo son según la ley, no se puede poner como excusa a la intimidad de otros", puntualizó el abogado.

El juez Güiraldes ha pedido a los centros médicos que revelen la identidad de las personas que tienen los embriones, bajo la advertencia de que su negativa les supondrá pagar una multa de 2.000 pesos (694 dólares) por día. La decisión del magistrado, apelada por los institutos de reproducción humana asistida, se basa en el fallo de un tribunal de alzada que en febrero pasado dispuso revelar la identidad de los propietarios de los embriones.

Siete de los institutos médicos involucrados se escudaron en el secreto profesional, mientras que los tres restantes adujeron que darán la información si hay consentimiento de sus clientes.

Los médicos de esas instituciones aseguran además que lo que se mantiene congelado son embriones que están en la primera etapa de desarrollo humano, ignorando así la vida que tiene el embrión desde el mismo momento de la concepción .

Ricardo Rabinovich Berkman fue quien inició las actuaciones judiciales en 1993, cuando se enteró de que en Buenos Aires "había miles de embriones, es decir miles de hijos" congelados "sin ninguna protección". "Si de acuerdo con las leyes argentinas los embriones son personas, lo que se haga o no con ellos no puede ser decidido por los padres", puntualizó.


Julio del 2005