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Las relaciones Iglesia y Estado: Perspectivas actuales
El cardenal Rouco afirma que “no se ve hoy razón que justifique el cuestionamiento del actual sistema español de regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado”


Por: análisis digital | Fuente: análisis digital



26/06/2008

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, pronunció ayer un discurso sobre “Las relaciones Iglesia y Estado. Perspectivas actuales” al ingresar en la Real Academia de Doctores, afirmando que se trata de un patrimonio humano y social de gran valor, que hay que apreciar y enriquecer, y que no debería perderse”


Durante el acto académico de investidura como miembro de la Real Academia de Doctores, que le ha otorgado la Medalla Nº 41, adscrita a la Sección de Teología, el cardenal Rouco declaró que “no se ve hoy razón ni teórica ni de buena práctica política que justifique el cuestionamiento del actual sistema español de regulación jurídica de las relaciones Iglesia y Estado; antes al contrario, merece ser respetado y mejorado al servicio del bien común”.

Parte de su discurso estuvo dedicado al “caso particular de España” y aseguró que “no varía cualitativamente respecto al común denominador europeo en lo esencial de las fórmulas jurídicas con las que se trata de asumir y aclarar en este período histórico –siglos XIX y XX– nuestra propia problemática, a pesar de que presente perfiles muy singulares”.

De esta manera, hizo un repaso del Concordato de 1853 y el de 1953, que “contribuyó a profundizar en la libertad interna de la Iglesia y en su presencia en el mundo de las realidades educativas, culturales y sociales de su tiempo, con efectos apreciables de formación cristiana de las conciencias y de la apertura de nuevos horizontes apostólicos en el mundo del trabajo y de la comunidad política”.

Asimismo, destacó los Acuerdos de 1976 y 1979, que “adoptan para la España del Estado democrático, libre y social de derecho, de la Monarquía parlamentaria, los principios éticos y jurídicos fundados en la doctrina de los derechos fundamentales de la persona humana y en la práctica de la inserción limitadora de la soberanía del Estado en el marco normativo del derecho internacional”.

En este contexto, el cardenal arzobispo de Madrid consideró que “la actual perspectiva jurídica española aporta una buena solución para la problemática actual de las relaciones Iglesia y Estado tanto si se la valora a la luz de historia jurídica del problema como si se la ve y considera dentro del horizonte científico del derecho eclesiástico comparado de las naciones con mayor tradición democrática de Europa y de América”.

”La relación Iglesia-Estado: una cuestión siempre viva”

Para llegar al caso español, el cardenal sostuvo que las relaciones Iglesia-Estado son una cuestión siempre viva, que pertenecen, “por su propia naturaleza, a un orden de realidades permanentes que tienen que ver con aspectos esenciales de la persona humana”, como son “su dimensión religiosa” y “su dimensión social” y aseguró que en cuanto a la forma “en la que esas relaciones entre lo religioso y lo político se han desarrollado, se desarrolla y se desarrollará en la realidad viva de la historia, cambia y varía al ritmo de cómo el factor de la libertad individual y social las configura existencial y comunitariamente, las vertebra social e institucionalmente, las modela jurídicamente y las justifica doctrinal o ideológicamente”.

Haciendo historia de estas relaciones, destacó cómo los primeros cristianos, guiados por Pedro y los demás Apóstoles, “van pagando con su sangre martirial el precio de la libertad del acto de fe en Jesucristo”, afirmando que “mantener y consolidar esta libertad a lo largo de todo el primer Milenio de su historia fue uno de los grandes, permanentes y sacrificados empeños pastorales, sobre todo de los Papas”. “Se trataba, en último término, -añadió- de salvaguardar la libertad de la Iglesia universal frente al intento de convertirla en una Iglesia estatal, sometida al Imperio y al Emperador que pretendía dominarla a través de unos métodos de ejercicio del poder político que han pasado a la historia caracterizados como “Cesaropapismo”.

A este propósito, relató que “el Estado moderno, que alumbran el Renacimiento y la filosofía política que lo acompaña, se articula sobre la base de una categoría política de soberanía que modifica profundamente la concepción del poder temporal, con un grado de intromisión del poder real en los asuntos de la Iglesia que llega hasta la forma administrativa de la aplicación de los decretos de reforma del Concilio de Trento”, y que ocasiona conflictos con la Santa Sede en todos los Estados Católicos.

Llegó, así, a la Revolución francesa, donde surge un Estado liberal, y aunque “nacían la escuela estatal única laica, el matrimonio civil obligatorio y la beneficencia estatalizada”, subrayó que “el constitucionalismo liberal dejaba, no obstante, una puerta intelectual y cultural abierta para la libertad de la Iglesia: los derechos del hombre y, en concreto, el derecho a la libertad religiosa”.

Para el cardenal, la “terrible experiencia” de la II Guerra Mundial “conmovió dramáticamente la conciencia moral de toda la humanidad y la impulsó a la convicción político-jurídica del carácter inviolable de los derechos humanos y sobre su superioridad no sólo ética sino también jurídica frente al derecho positivo estatal, con la implícita afirmación de la necesidad de la limitación de la soberanía de los Estados en función de su paz interna y de la paz internacional”. En este contexto, “la Iglesia apelará al principio de la libertad religiosa y al de cooperación en función del bien común cuando concrete los criterios doctrinales y los principios jurídicos en la negociación de nuevos acuerdos o convenios con el Estado en la segunda mitad del siglo XX, antes y después del Concilio Vaticano II”, situándose así en el plano del derecho internacional.

Rasgos sociológicos nuevos

Habló, además, de que “las relaciones Iglesia y Estado en la actualidad presentan unos rasgos nuevos que no pueden ignorarse”, como son “el paso de un tipo de sociedad homogéneamente cristiana –en España, católica- a otro, religiosamente, más plural”. Un cambio, preciso, que afecta “a todos los ámbitos de la existencia humana donde el factor de la fe y de su traducción teórica y práctica en modelos éticos de conducta juega un papel decisivo”, como son “el matrimonio y la familia, la salud y la enfermedad, la enseñanza y la formación intelectual, cultural y artística de las personas, la práctica de la solidaridad y del amor al prójimo en las situaciones de carencias y de pobrezas materiales y espirituales, los criterios y principios morales, inspiradores de la concepción del orden jurídico y político de la sociedad…”.

Otro rasgo sociológico nuevo a tener en cuenta es “la realidad jurídico-política de un Estado que interviene con su derecho y con su acción de administración y gobierno de la sociedad prácticamente en todos los órdenes de la vida”. Así, “la institución del matrimonio y de la familia, los sistemas educativos, el mundo de la investigación y de la ciencia, la cultura y el deporte, los servicios sociales de todo orden, etc., han sido y son en la actualidad los campos preferentes del pensamiento y de la acción política”.

“Si a este fenómeno del intervencionismo estatal, por la vía del ordenancismo de la vida diaria de los ciudadanos y de la disciplina administrativa, añadimos el hecho de un sistema fiscal extraordinariamente absorbente que apenas deja resquicios económicos para una disposición más libre de sus ingresos por parte de los ciudadanos, nos encontramos con la medida sociológica completa que caracteriza hoy en día la realidad social del Estado en Europa”, afirmó.

Por último, apuntó el hecho de que “ha vuelto a surgir la cuestión o pregunta teórica por los fundamentos antropológicos y los principios éticos de un Estado concebido al servicio de la persona humana y de su realización integral en el marco del bien común y del destino universal del hombre y de la humanidad”.

Perspectiva teológica

En este contexto, consideró que “vista a la luz de la perspectiva teológica trazada por el Concilio, hay que centrar la cuestión dentro del esquema antropológico y ético-jurídico del derecho de la persona humana a la libertad religiosa”. Consideró que “los ciudadanos son titulares no sólo de derechos, sino también sujetos de deberes. Son responsables del valor de su fe para el bien común de todos con su palabra y con su conducta. A la institución religiosa en cuanto tal –en nuestro caso, a la Iglesia Católica y a su Jerarquía– le compete acompañar y guiar a los fieles laicos en la realización de esa tarea propia de su vocación en la Iglesia y en el mundo”.

“El respeto, el cuidado y la promoción del bien integral de la persona humana constituyen para la doctrina conciliar el primer y fundamental postulado que ha de regir todo el orden social y político y del cual se sigue el carácter inviolable de sus derechos fundamentales inherentes a su dignidad, fundada en la naturaleza trascendente del hombre; derechos, por tanto, superiores a cualquier ordenamiento jurídico positivo”.

Por ello, prosiguió, la actuación de la Iglesia debe ser la de “proclamar la dignidad de toda persona humana desde que es concebida en el vientre de su madre hasta el momento de su muerte natural, la inviolabilidad de sus derechos fundamentales y la primacía ética del mandato de la justicia y del amor”. “La libertad en el desarrollo de la propia vida y misión y la cooperación al servicio del bien personal y social del hombre, asumidas como los criterios máximos en la regulación de las relaciones de la Iglesia y el Estado, postulan hoy, -agregó- probablemente con más sentido histórico que en otras épocas, que se utilice generosamente el diálogo mutuo y prejurídico y que se acuda a los instrumentos jurídicos bilaterales para lograr su recta y justa ordenación de acuerdo con la doctrina y la praxis constitucional de los Estados libres, sociales y democráticos de derecho y con las reglas del derecho internacional vigente”.

“El método teórico y práctico del derecho concordatario y de su inserción en el derecho internacional no ha perdido ni un ápice de su valor ético y jurídico para el presente y el futuro de Europa y de España”, apostilló.

Por ello, concluyó destacando que “las perspectivas actuales de las relaciones Iglesia y Estado, contempladas desde la problemática europea y, sobre todo, desde la situación española, se muestran favorables para un desarrollo presente y futuro de las mismas puesto inequívocamente al servicio del bien superior de la persona humana y del bien común; con tal de que se cumpla una condición: la de que se valoren y respeten las doctrinas jurídicas y filosófico-teológicas que las han iluminado y conformado a partir de la doble experiencia del tiempo fundacional de las Naciones Unidas y del Concilio Vaticano II”.

Para el cardenal de Madrid, “en nuestras manos se encuentra un patrimonio humano y social de gran valor. Su importancia histórica trasciende el día a día de la actualidad socio-política y cultural. ¡No debemos perderlo! Más aún, deberíamos apreciarlo y enriquecerlo entre todos en el presente y en el futuro”.

Contestación de la Academia

Por su parte, el Doctor D. Domingo Muñoz León contestó al nuevo Doctor en nombre de la Academia. Tras hacer un repaso de su biografía, recordó los discursos del cardenal al ser nombrado Doctor Honoris Causa por las universidades de Navarra, Fasta (Argentina), CEU y Burgos así como el de ingreso a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, sus cartas pastorales y documentos del Sínodo Diocesano, intervenciones y conferencias...

Destacó del cardenal que "en España es una de las personas más conocidas". "Su doctrina -afirmó- es una aportación luminosa y decisiva en la cuestión siempre viva de las relaciones Iglesia-Estado". "Ha sabido siempre abordar los problemas más graves de nuestro tiempo -resaltó- como la defensa de la vida frente a la cultura de la muerte, la transmisión de la fe, el paro, las migraciones, la esperanza y el amor en la humanidad, la paz y la justicia..."

Así, concluyó destacando que la Real Academia de Doctores "se siente muy honrada" de nombrar al doctor Rouco Varela.

 







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