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Nuevo fallo prohíbe venta de la "píldora del día después"
Autorizar la comercialización de una sustancia que no está destinado a sanar, sino que a matar


Por: Lorena Letelier y Ana María Morales | Fuente: Mujer Nueva




Fecha: 2004-07-01

En una decisión que sorprendió a todos los actores involucrados en el tema, la jueza suplente del 20 Juzgado Civil de Santiago, Sylvia Papa, resolvió prohibir la venta del fármaco Postinor 2, más conocido como "píldora del día después".La decisión llegó a raíz de una demanda en contra del Instituto de Salud Pública (ISP), fue interpuesta en noviembre del 2002 por el Centro Juvenil Ages. Este es un grupo contrario al aborto y ligado a movimientos que se declaran provida, encabezados por el abogado Jorge Reyes.

Durante el 2001 lograron impedir la venta de Postinal, nombre con que se conoció la primera "píldora de emergencia" que se intentó vender en el país.El fallo obligaría al ISP a anular el registro del fármaco, prohibiendo su venta y comercialización en el mercado. Además, afectaría la entrega gratuita del medicamento en los servicios de urgencias en caso de violación.No obstante, esto no pasaría en los próximos días, pues primero deberán finalizar los procesos de apelación anunciados por parte del ISP, según adelantó el director del organismo, Rodrigo Salinas.En el Ministerio de Salud dijeron que esperaban este resultado en primera instancia. Fuentes de la cartera apuestan a que podrá ser revertido en los tribunales superiores.

Según el documento, existe una grave presunción jurídica de que el suministro del medicamento es "un atentado a la vida del nascitirus (del que está por nacer), al derecho de la igualdad y de la salud física de la madre".

La resolución recoge los argumentos dados por la Corte Suprema en 2001, donde afirmó que el fármaco podría tener efectos microabortivos, por lo que suspendió la venta de Postinal.

A diferencia del anterior, el proceso actual no fue interpuesto en contra del laboratorio productor de Postinor 2 (Grünenthal), sino que objetó el proceder del ISP al autorizar un medicamento que no resguarda a la vida, sino que atenta contra ella.Uno de los abogados que elaboró un informe en derecho de la causa, José Ignacio Martínez, sostuvo que "cuando el ISP autorizó la venta de la droga, incurrió en lo que en el derecho público se conoce como desviación de poder. Es decir, se hace mal uso de una potestad pública para un fin distinto del que fue otorgada. En este caso, autorizar la comercialización de una sustancia que no está destinado a sanar, sino que a matar".

Cambio de estrategia

Debido al debate público que causó el primer proceso en contra del medicamento, los abogados optaron esta vez por mantener el juicio en bajo perfil. Por ello, Jorge Reyes dejó de ser el patrocinante y se dejó al Centro Juvenil Ages, liderado por Juan Enrique Jara, alumno de Derecho de U. de Los Andes, como autor de la demanda. El grupo fue asesorado por el abogado Alejandro Romero, académico de esa universidad. Durante el proceso se contó con la elaboración de un informe en derecho firmado por 16 académicos de diversas universidades, que concluyeron que el Levonorgestrel atentaba contra el derecho a la vida. Jorge Reyes y Francisco Chahuán se mostraron conformes con la resolución de la magistrada y llamaron al gobierno a no apelar la sentencia.





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