20/01/2011

El pretendido cese del responsable del organismo que vela por su funcionamiento, y su pasividad con los violentos que atentan contra la libertad religiosa

La Universidad de Barcelona (UB) está pasando unos momentos turbulentos debido a diferentes circunstancias que está viviendo la comunidad universitaria. Esos temas merman la credibilidad de sus órganos de gobierno y las dinámicas de autogestión que intervienen en el buen funcionamiento de este órgano público.

En la actualidad, existen dos problemas de calado que hacen que la UB aparezca en las páginas informativas día sí, día también. Se trata de la persecución que están sufriendo los estudiantes católicos en la Facultad de Económicas por un lado, y, por otro, la petición de cese del Claustro de la UB del presidente del Consejo Social, Joaquim Coello.

Este último punto está en un momento de tensión máxima. La situación es que el Claustro de la universidad, formado por representantes de estudiantes, profesores y PAS (Personal Administrativo y de Servicios), pidió la dimisión de Coello. El cargo de Coello es decidido por la Generalitat de Cataluña debido a que constituye un puesto cuya responsabilidad central es supervisar y controlar la gestión económica de la universidad.

Se trata de una fórmula que tienen las administraciones para supervisar el buen funcionamiento de un órgano autogobernado que se financia con dinero público. Lo sorprendente es que el organismo a controlar pretenda decidir sobre el organismo controlador. Sería, salvando las distancias, como si se dejara decidir al acusado el juez que le ha de juzgar. Aunque, evidentemente, a la universidad se le presupone una total inocencia en su gestión es evidente la necesidad de la existencia de un organismo externo e independiente que pueda detectar anomalías. Pero, ¿lo es si tiene la posibilidad de vetar a su presidente?

Esta situación ha provocado un lío formidable que ha redundado en la parálisis indefinida de la gestión intrauniversitaria hasta que esto se resuelva. Lo que el Claustro de la UB pretende no es más que la entrada en un bucle que no redunda en la transparencia de la gestión universitaria pública.

De momento, y en un intento de rebajar la tensión, el secretario de Universitats i Recerca de la Generalitat, Antoni Castellà ha decidido no relevar al presidente del Consejo Social de su cargo, después de haber mantenido despachos por separado con el propio Joaquim Coello y con el rector de la UB, Dídac Ramírez. Coello ya ha adelantado que tampoco piensa dimitir.

La libertad religiosa en la UB, en peligro

Un derecho constitucional como es la libertad religiosa está en peligro en la Universidad de Barcelona. Las acciones adoptadas por el Decanato de la Facultad de Económicas de la UB pone en serio peligro el prestigio internacional de esta institución centenaria.

Recientemente, la Facultad reconoció en boca de su decana, la doctora Elisenda Paluzie i Hernández –persona políticamente próxima a ERC- que debía asumir la imposibilidad de poder garantizar la seguridad de los estudiantes católicos que quisieran asistir a las misas oficiadas en la capilla los miércoles por la mañana.

Además, la decana tiene un papel destacado en el origen y desarrollo de la represión contra los estudiantes que quieren asistir a misa ya que suya fue la decisión de obligar el cambio del lugar originario de la capilla a otro, lo que ha permitido la acusación falsa y fácil por parte de los grupos contrarios a que se oficie misa de que “se ocupaba un aula”.

En este sentido, el inmovilismo y la incapacidad gestionadora del Gobierno de la facultad ha provocado que se haya tolerado la violencia contra el culto, y se haya hecho la vida fácil a los agresores y difícil a las víctimas. A un centro como la Universidad, llamado a ser el foco intelectual y educativo de una sociedad, cabe exigirle un sentido democrático mayor y, sobre todo, un proyecto firme de defensa y divulgación de los valores constitucionales.