El Gobierno uruguayo ha rechazado un recurso presentado por la Iglesia Católica para que las instituciones sanitarias vinculadas a ella fueran eximidas de practicar abortos luego de la aprobación en noviembre de 2012 de la ley abortista. «La resolución es muy reciente y seguramente vamos a solicitar asesoramiento jurídico antes de definir posibles futuros pasos», dijo hoy a Efe monseñor Jaime Fuentes, responsable de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU).

“ Con el recurso presentado la Iglesia uruguaya pretendía que el Círculo Católico quedara fuera de la reglamentación de la ley por «objeción de conciencia».Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ratificó que la legislación aprobada no obliga a las instituciones a aceptar la practica del aborto.«Quien plantea la objeción de ideario no interviene en los procedimientos de interrupción del embarazo», señala la Presidencia uruguaya en su página digital al informar sobre el rechazo del recurso. De acuerdo a la nueva ley, los profesionales de la salud pueden recurrir de manera personal a temas de conciencia para negarse a realizar un aborto, pero las instituciones sanitarias tienen que garantizar a sus asociadas la realización del aborto en la propia institución o en otra en caso de objeción. Uruguay registró 6.676 abortos a lo largo del primer año de despenalización, según cifras oficiales difundidas el pasado mes.”

Se trata de una resolución absolutamente contradictoria con la propia aprobación de los estatutos y personería jurídica reconocida por el Estado uruguayo a las instituciones sanitarias católicas, como es el caso del centenario “Círculo Católico de Obreros del Uruguay”. En efecto, en los estatutos de la referida institución se establece claramente que la misma se rige por la doctrina de la Iglesia Católica y que su misión es atender la salud y la vida de sus asociados. En tanto la práctica del aborto no es un acto médico y además para la doctrina católica es un pecado, por más que la ley lo haya legalizado, se le debería aceptar a esta mutualista la llamada objeción de ideario a fin de no ser obligada en su sanatorio a practicar abortos a sus asociadas.

Esto demuestra la falta de respeto que existe en el Uruguay, con el actual gobierno, a los principios y valores de la instituciones. Sobre todo si se tiene en cuenta que todo el resto del mutualismo y los servicios de salud pública practican abortos, con los médicos que no han hecho objeción de conciencia naturalmente.

Consideramos por ello que se trata de un acorralamiento inadmisible a la Iglesia Católica por parte del Estado, un ataque en definitiva a la libertad religiosa y de cultos, que debería ser denunciada internacionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.