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Una nota económica sobre el aborto
La legalización del aborto y su práctica en instituciones públicas de salud implicará, por necesidad, dejar de ofrecer otros tratamientos


Por: Antonio Morfín | Fuente: catholic.net



Pocos temas dividen tanto a la sociedad como el del aborto. La discusión es dominada por posiciones que parecen irreconciliables, cargadas de pasión. Tomando un poco de
distancia, el análisis económico del problema pone sobre la mesa algunos puntos que deberían, por lo menos, discutirse, y que pueden aportar elementos para un eventual entendimiento entre puntos de vista divergentes.

Los economistas consideran que el comportamiento de las personas responde a incentivos. Por incentivos se entiende el conjunto de costos y de beneficios asociados con una determinada conducta o decisión. Por ejemplo, un aumento en los salarios de un cierto tipo de profesionistas, hará que más personas elijan esa carrera universitaria; por el contrario, salarios bajos tendrán el efecto inverso. De esta manera, cualquier cambio en los incentivos tendrá un impacto en la conducta de las personas.

Pues bien, la despenalización del aborto modifica de manera sustancial los incentivos que afectan las decisiones de anticoncepción, embarazo y aborto. Imagine que pasaría si
los seguros de los coches no tuvieran deducible; sin duda la gente sería más descuidada al manejar y no se preocuparía tanto por estacionar en calles apartadas. Aumentarían los pagos de indemnizaciones por parte de las aseguradoras. Es lo que los economistas llaman “riesgo moral”.

La despenalización y facilitación del aborto generan precisamente este tipo de riesgo: puede anticiparse que habrá más descuido en la prevención del embarazo y que aumentarán tanto el número de embarazos no intencionales, como el de abortos. Así pasó en los Estados Unidos y en los países de Europa Central cuando se liberalizó el aborto, de acuerdo con un estudio del National Bureau of Economic Research (Levine
& Staiger, 2002). Esto, por cierto, es contrario al argumento que algunos proponentes de la despenalización del aborto en el DF, quienes han repetido en los medios que la medida llevará a una reducción en el número de abortos totales.

En la misma línea de razonamiento, investigadores de la Universidad de Chicago (Klick & Stratmann, 2003) han concluido que el libre acceso al aborto ha motivado un aumento en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual y, por ende, en el costo de sus tratamientos.

Otro concepto económico relevante en este caso es el costo de oportunidad, que no es otra cosa que aquello a que se renuncia cuando se elige. La legalización del aborto y su práctica en instituciones públicas de salud implicará, por necesidad, dejar de ofrecer otros tratamientos, comprar menos medicamentos y equipo. Es de todos sabida la asfixia financiera con que operan el IMSS y el ISSSTE, donde con frecuencia escasean los más básicos recursos; ¿no habrá algo mejor que hacer con los escasísimos medios del sector salud que destinarlos a practicar abortos? ¿ya se cuantificó lo que se dejará de hacer?

Una última consideración en este breve espacio: entre los muchos temas sobre los que urge el acuerdo político, ¿por qué se ha elegido uno tan divisivo? Lo menos que puede
decirse, es que el debate es inoportuno, que el tema es muy complejo, que se está abordando con precipitación y que los argumentos a favor de la despenalización —y, para el caso, a favor de dejar las cosas como están—, con independencia de sus
implicaciones morales, pecan de ligereza. Los recursos políticos, la atención de la sociedad, el tiempo perdido, también tienen un costo de oportunidad, a veces muy elevado.

En esta delicada cuestión, al margen de lo que Usted y yo defendamos, hay implicaciones económicas que no están siendo siquiera reconocidas, pero no por eso son menos relevantes.

Antonio Morfin es Director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios (CADEN) de la Universidad Anáhuac México Norte.

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