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La defensa jurídica de la CNDH a favor de la vida
Argumentos de carácter jurídico que fundamentan la presentación de inconstitucionalidad en contra de las reformas en materia de aborto


Por: Maricarmen del Río Yelmi | Fuente: Yo Influyo



Mucho se ha discutido en torno a la interposición de las acciones de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría General de la República (PRG) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de las reformas en materia de aborto que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa. Sin embargo, lo que menos ha prevalecido en el debate, son los argumentos de carácter jurídico que fundamentan la presentación de estos recursos y dan soporte legal a su contenido.

Se ignora que nos encontramos ante el ejercicio de atribuciones y el cumplimiento de deberes que expresamente establece nuestra Constitución.

Desde las reformas de diciembre de 1994 y septiembre de 1996, la Constitución expresamente faculta a ciertos órganos del Estado para interponer acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de leyes que puedan ser contrarias a nuestro máximo ordenamiento jurídico. Este y otros recursos como el juicio de amparo y las controversias constitucionales, tienen el propósito de fortalecer el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual, ninguna norma o acto de autoridad puede estar por encima de la Constitución o contravenir los preceptos consagrados en la misma.

Tanto la PGR como la CNDH están legitimadas para interponer acciones de inconstitucionalidad; ésta última, en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por México, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución.

El Congreso determinó darle estas facultades a la CNDH con las reformas de 1996, por la importancia que se concede a la protección de los derechos humanos en nuestro país. Esta atribución trae consigo el correlativo deber de asegurar que los derechos humanos de todas las personas sean respetados. Fue precisamente con esta consigna, que el pasado 25 de mayo, el Presidente de la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad por considerar que las reformas aprobadas en el D.F, son contrarias a las disposiciones y principios que protege nuestra Constitución.

Se ha criticado al Ombusdman de México por quienes estiman que su actuación obedece a motivaciones de carácter ideológico, político e incluso religioso. Pero sus críticos desconocen o pretenden desconocer que la interposición de este recurso está soportada en argumentos estrictamente jurídicos, que bien vale la pena conocer.

La CNDH ha hecho valer que las reformas mencionadas se contraponen a la Constitución porque ésta protege el derecho fundamental a la vida por encima de cualquier otro. Además, el derecho a la vida es reconocido por nuestra Constitución desde el momento mismo de la concepción. Analicemos brevemente los argumentos que se vertieron en la demanda.

1. La Constitución reconoce el derecho a la vida. En diciembre de 2005, la Constitución fue reformada para prohibir expresamente la pena de muerte en cualquier tipo de delito. Los argumentos por los cuales el Congreso aprobó esta reforma, y que se señalan en la exposición de motivos, se basaron en el reconocimiento de que nuestra Constitución protege la vida como valor fundamental, por encima de cualquier otro derecho. La propia SCJN en una tesis de jurisprudencia (P./J. 13/2002) estableció que del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 22 de la Constitución, se desprende “la protección del derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos”. Al tratarse de un derecho imprescriptible, inherente a la esencia del ser humano, la vida debe ser reconocida y protegida por encima de cualquier derecho.

2. El derecho a la vida reconocido en la Constitución queda protegido desde el momento de la concepción. Del contenido del artículo 4 constitucional se desprende un ánimo marcado de protección a la familia y al bienestar físico y mental del ser humano. En el Dictamen del Senado por el que se reformó este artículo, se establece que nuestra legislación no solo vela por la salud de la mujer embarazada “sino también por la del futuro hijo quien, desde antes de su nacimiento, goza de la protección del Derecho y del Estado”. El Dictamen de la Cámara de Diputados señala que el derecho a la protección a la salud debe “alcanzar por igual, desde el momento de la gestación, tanto a la futura madre como a su hijo”. Otras disposiciones como el artículo 123 apartado A, en sus fracciones V y XV y el apartado B, en su fracción XI, establecen la protección de las mujeres durante el embarazo prohibiendo que realicen trabajos que exijan un esfuerzo considerable y “signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación”. Además se establecen obligaciones para el patrón, a fin de que sus instalaciones cuenten con condiciones de higiene y seguridad propicias para garantizar “la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas”. En la exposición de motivos de las reformas al artículo 123 constitucional, del 31 de diciembre de 1974, se establece que éstas pretenden abrir a la mujer el acceso al trabajo, proteger al producto de la concepción y establecer mejores condiciones para el feliz desarrollo de la unidad familiar. Derivado del análisis de estos artículos y de otras disposiciones e instrumentos internacionales ratificados por México, la SCJN reconoció en una tesis de jurisprudencia (P./J. 14/2002), que la protección de la vida del producto de la concepción deriva de la Constitución Política, de los Tratados Internacionales y de las leyes federales y locales.

3. No es correcto afirmar que el artículo 4 de la Constitución consagra el derecho de la mujer a la autodeterminación de su cuerpo después de la concepción. Esta afirmación no se desprende del artículo 4 constitucional. Este precepto consagra a hombres y mujeres el derecho individual, pero de ejercicio conjunto, a la procreación. Por lo tanto, el derecho a la autodeterminación de hombres y mujeres lo encontramos antes de que ejerzan el derecho a la procreación. El Estado garantiza a los padres la libertad de procrear y de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Pero una vez que ejercen este derecho, la Constitución señala obligaciones para el Estado y para los dos progenitores, a fin de asegurar que cualquier persona, desde que es concebida, goce de la protección de sus derechos. Por lo tanto, no es admisible que uno solo de los progenitores decida sobre el producto de la concepción, porque ha sido consecuencia del ejercicio conjunto de ambos integrantes de la pareja. Y más aún, es inaceptable que un derecho como el de la autodeterminación de la mujer, se pretenda proteger para anular justamente un derecho fundamental, como es el de la vida del producto de la concepción. Ante la ponderación de dos derechos, como la vida y la libertad, debe prevalecer el derecho a la vida, porque sin vida, no hay ningún otro derecho, por más fundamental que sea.

4. Las reformas al Código Penal para el D.F. entran en colisión con el derecho al a vida del producto de la concepción. Con las reformas solo se sanciona el aborto cuando la interrupción del embarazo se presente después de la duodécima semana de gestación. Si la vida humana en formación es un bien que constitucionalmente merece protección, no puede desprotegerse las etapas de su proceso de formación, ya que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento de desarrollo de la vida misma. La protección que la Constitución otorga al producto de la concepción, implica para el Estado la obligación de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida. Esto no se cumple al dejar desprotegido al producto de la concepción hasta la duodécima semana de embarazo.

5. Las reformas contravienen disposiciones consagradas en instrumentos internacionales ratificados por México, que forman parte del derecho interno de nuestro país y son de observancia obligatoria. Nuestra Constitución establece en el artículo 133 que los Tratados Internaciones que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente y ratificados por el Senado, serán Ley Suprema de la Unión. La SCJN ha considerado que éstos se encuentran en un segundo plano con respecto a la Constitución, por encima de las leyes federales y locales, por lo que su observancia es obligatoria. México ha ratificado una serie de instrumentos internacionales en los que se protege el derecho a la vida desde la concepción. Destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley.” También la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “los niños requieren la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

6. Las reformas se contraponen a otros derechos fundamentales, además de la vida, consagrados en la Constitución. En la demanda se ahonda sobre la forma en que las reformas atentan contra otros derechos fundamentales además de la vida. Destacan la violación al derecho a la igualdad, a la procreación y a la paternidad del hombre; así como el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de edad del concebido; porque sin respetar los criterios de objetividad, razonabilidad o proporcionalidad, se da un trato distinto al que tienen menos de doce semanas de gestación, que al que tiene más de doce semanas. Además también se dejó sin regulación el caso de las mujeres menores de edad que abortan.

7. Las reformas contravienen el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal establecido en la Constitución. Este principio garantiza seguridad jurídica y evita arbitrariedades, pues no puede considerarse como delito un hecho que no esté expresamente señalado en la ley como tal, o que no describa con precisión el hecho o la conducta que se considere como delictiva. La descripción de la conducta que se sanciona como delito de aborto, contiene ambigüedades e inexactitudes importantes: (i) no es fácil determinar con exactitud la temporalidad de las doce semanas de gestación para que la conducta se considere o no aborto; tampoco es claro el inicio del período a partir del cual se empiezan a computar; (ii) no se establecen parámetros para evitar vicios del consentimiento de la mujer que aborta; por ejemplo, la CNDH reporta casos en que a las mujeres se les suministran sedantes y se extrae su consentimiento mediante su huella digital; (iii) se establece una pena insignificante para la mujer que decide abortar, que no guarda congruencia con el bien jurídico protegido (la vida); (iv) lo que se protege con la reforma después de las doce semanas, es el embarazo o el proceso de gestación, pues se pretende impedir su interrupción; sin embargo, el bien jurídico protegido con el delito del aborto es la vida.

Estos y otros argumentos utilizó la CNDH en su acción de inconstitucionalidad. Ahora le corresponderá a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resolver sobre la constitucionalidad de estas reformas. En un Estado de Derecho, los conflictos se resuelven por la vía de la ley y las instituciones. Esperamos que el vigilar que se respeten los principios y derechos consagrados en nuestra Constitución, sea lo que verdaderamente motive y soporte la última decisión de la Corte.

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