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Argentina el Protocolo pro aborto del Ministerio de Salud Nacional
El Protocolo contiene duras afirmaciones contra los profesionales que den a las mujeres algún tipo de consejo


Por: María Inés Franck | Fuente: www.observatoriointernacional.com



En los últimos días, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina publicó la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, que databa del año 2010. El texto dice posibilitar que se apliquen en la Argentina las consideraciones del fallo FAL sobre los abortos no punibles del art. 86, inc. 2 del Código Penal (del año 2012). Sin embargo, en varias de sus consideraciones el Protocolo avanza más allá de esta sentencia, tomándose atribuciones de generalización, interpretación y legislación impropias de un documento de este rango administrativo. De una tendencia claramente pro-aborto y violatorio de las autonomías provinciales y de un conjunto de leyes y convenciones aprobadas por la Argentina, el objeto principal de este texto administrativo está definido desde el comienzo: “promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación, de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando este se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país”. El Protocolo prácticamente no considera la posibilidad de que algunas consultas que lleguen a los centros de salud no se encuadren en las causales de abortos no punibles, ni tampoco que algunas mujeres prefieran, aún así, llevar adelante su embarazo.Además, el nuevo Protocolo desconoce en múltiples puntos el derecho de cada Provincia a disponer procedimientos para los casos que puedan considerarse dentro del marco de los abortos no punibles, por lo cual cabría preguntarse sobre la constitucional del texto aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.El alcance del Protocolo. Avasallando las autonomías provinciales, dicho Protocolo se autodefine como obligatorio para todo el territorio argentino, tanto en instituciones sanitarias públicas como privadas: “Todo el personal del efector de salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando este ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación (…) ya sea que se trate de los subsistemas público, de obras sociales o privado”.En este punto, el Protocolo ignora legítimas normativas provinciales como las vigentes en las provincias de Córdoba, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, que limitan la vigencia de sus respectivos protocolos al ámbito de los establecimientos públicos de salud.El concepto de “salud”. Un punto clave es la manipulación que hace el Protocolo sobre el significado del término “salud”. Se parte de la ambigua acepción que hiciera la OMS en el 2006: “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones”.

A partir de allí, el texto nacional “deduce” que “el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere la constatación de una enfermedad y no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada”. Con respecto a la “salud mental”, se precisa que la misma “puede estar afectada por un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima”.

En este sentido, “la decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr es el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una interrupción legal del embarazo”, teniendo en cuenta que, “si se trata de una mujer en buenas condiciones de salud pero con factores predisponentes, la continuación del embarazo puede constituir un factor de precipitación de una afectación”.

El Protocolo soslaya así que el mismo Código Penal estipula que dicho peligro para la vida y la salud de la madre debe ser tal “que no pueda ser evitado por otros medios”. No sólo se pretende imponer una interpretación abusiva del texto penal, sino que deja de lado y pretende “derogar” el tratamiento más respetuoso que normativas como las de la CABA, Córdoba, Salta, Neuquén, Entre Ríos y La Pampa establecen al exigir un diagnóstico médico con la posibilidad de interconsultas y de la confirmación por parte de la autoridad, dejando constancia de la gravedad del caso, de las alternativas terapéuticas existentes si las hubiese y de las razones por las cuales fueron descartadas por el profesional.

La intervención de equipos interdisciplinarios.



El Protocolo prohíbe expresamente la intervención de equipos interdisciplinarios para constatar las causales y encuadrar los casos que se presenten, ya que esto significaría incurrir en demoras u obstáculos para la práctica. Esto es violatorio de lo dictaminado por los textos provinciales en estos casos (Córdoba, Salta, Neuquén, CABA, La Pampa, Entre Ríos). Para estas provincias, los equipos interdisciplinarios serían una mejor garantía para la libertad de la mujer que tomará la decisión. Además, casi todas estas normativas provinciales hacen constar la posibilidad de que tanto el médico como el mencionado equipo interdisciplinario consideren no conveniente proceder a un aborto, por distintas razones.En cambio, afirma el Protocolo nacional, “la intervención de un solo médico sería suficiente para decidir si el caso se encuadra en las circunstancias que autorizan la interrupción”.

No se aclara aquí qué pasaría si ese médico dictamina que el caso no se encuadra en esas circunstancias.Las violaciones intramaritales. Un tema en el cual el Protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación incurre en nuevas ambigüedades y posibilidades de abuso es en el del alcance del término “violación”. En efecto, mientras las normativas provinciales asumen el significado común del concepto, el Protocolo expresamente incluye las “violaciones intramaritales”.

Se afirma, entonces, que “los embarazos producto de una violación cometida por un novio, marido o pareja violenta deben considerarse como casos con derecho a solicitar su interrupción legal”. No se considera explícitamente esta situación en las normativas provinciales.Las menores de edad.

El Protocolo realiza una diferenciación entre las menores de 18 años pero mayores de 14, en cuyo caso establece que decidirán por ellas mismas para la práctica de este tipo de abortos. Descarta así el sistema elegido por Córdoba, Buenos Aires, Salta, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, en donde se exigía para todos los menores de 18 años el consentimiento de sus padres o representantes legales, dejando a salvo el derecho del menor a participar en el proceso y ser oído, y el interés superior del niño en caso de conflicto entre ellos, tanto si la menor desea el aborto y sus representantes se oponen, como si ella prefiriera tener a su hijo y sus representantes presionaran para realizar el aborto.

Para el Protocolo Nacional, sólo los menores de 14 años requieren cierta intervención de sus representantes legales, los cuales, luego de ser oído la menor, “deberán participar en conjunto con ella en la toma de decisiones y deberán firmar el consentimiento informado y la declaración jurada de la violación cuando corresponda. Si existiera una negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña o adolescente, dejarán de intervenir y se nombrará un curador especial”.



No se plantea la posibilidad de que la menor sea presionada por sus representantes para abortar, sino sólo el caso al revés. Los protocolos provinciales existentes, redactados en su mayoría inmediatamente después del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, sólo diferencian etapas en la minoría de edad para establecer la intervención de los organismos de menores en caso de violación de menores impúberes. Así lo hacen las provincias de Córdoba, Buenos Aires (para todo menor de 18) y la Ciudad de Buenos Aires.Alcance y comprobación de la “discapacidad”.

El Protocolo de la Nación expresamente manifiesta que “no debe exigirse la acreditación de la discapacidad intelectual-mental. Lo contrario será considerado como una práctica burocrática dilatoria de la interrupción legal del embarazo que encubriría la denegación ilegal del aborto”.

Esto choca con legítimas disposiciones provinciales, en las cuales se exige acreditar la discapacidad, como es el caso de Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y La Pampa.

Plazo máximo para la realización del aborto.

El Protocolo de la Nación afirma expresamente que no hay un límite de tiempo para abortar en los casos contemplados. Esto permitiría realizar la práctica hasta el momento antes del nacimiento del niño. Algunas jurisdicciones, como Salta y la Ciudad de Buenos Aires, colocan el límite en la semana 12 de gestación. Si el Protocolo fuera obligatorio para todo el país, tampoco se permitiría esta reglamentación provincial.La resolución de casos dudosos. Mientras que para el Protocolo no habría “casos dudosos” (sino que todos deberían resolverse practicando un aborto), provincias como La Pampa contienen disposiciones que, de presentarse un caso que no estuviera contemplado en la normativa, o que representare alguna duda desde el punto de vista jurídico o procedimental, deberá comunicarse a la Asesoría Letrada delegada del Ministerio de Salud.

La obligación al médico de proporcionar información “de oficio”. Otra gran diferencia con los textos aprobados por las provincias argentinas consiste en la obligación que el Protocolo nacional pone en cabeza del médico (aunque sea objetor de conciencia) de proporcionar de oficio información sobre el aborto a quienes acudan con una consulta, incluso si no hay una solicitud explícita. Además, “si detecta a una mujer que cursa un embarazo no deseado pero que no se encuadra en las causales para realizar una ILE, se recomienda derivarla a una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna”. Los protocolos provinciales, en general, no obligan al médico en este sentido.

 Acoso a los médicos y personal de la salud.

El Protocolo contiene duras afirmaciones contra los profesionales que den a las mujeres algún tipo de consejo que tengan alguna consideración ética o personal contraria a la práctica del aborto. Es pasible de sanciones si lo hace, así como si brinda información incompleta, inadecuada o subestima el riesgo. También cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto. Inclusive, se afirma: “desde el equipo de salud pueden generarse obstáculos para una atención de calidad. Por ejemplo, cuando se dejan entrever en la consulta opiniones personales en contra del aborto o hacen que se dilate el acceso a la práctica, con la consecuencia de que avance el embarazo y de esta manera no pueda luego realizarse la intervención”.

Ni siquiera se contempla la posible conveniencia de la mujer de no realizar la práctica.La objeción de conciencia. El Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación reconoce solamente la objeción de conciencia individual, notificando  previamente su voluntad por escrito a las autoridades del centro de salud. De todas maneras, “los profesionales objetores, aunque hayan notificado previamente su voluntad, están obligados a cumplir con el deber de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo si constatan alguna de las causales que lo justifican.

En ese caso el profesional debe remitirla inmediatamente a un profesional no objetor para que continúe la atención. De no existir alguien encuadrado en esa categoría, debe realizar la interrupción; es decir que no puede invocar su objeción para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE” (la negrita está en el texto original). Las jurisdicciones provinciales, en general han optado por un esquema diferente para regular la objeción de conciencia de los profesionales. Si bien en todos los casos la misma era individual, podía darse el caso de que ningún médico de un establecimiento aceptara realizar el aborto, en cuyo caso deberá avisarse a la autoridad provincial correspondiente (Córdoba, C.A.B.A., La Pampa, Misiones, Entre Ríos).

En varias provincias la objeción podía darse frente al caso concreto, prohibiéndose expresamente cualquier sanción o discriminación contra los médicos objetores (Córdoba, Salta, C.A.B.A., Entre Ríos).
 

Para acceder a todos los documentos mencionados, puede visitarse: www.observatoriointernacional.com





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