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El sexo institucionalizado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional diferentes preceptos del código civil del Estado de Jalisco


Por: Paco Sánchez | Fuente: http://www.pacosanchezjauregui.com/



Una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales diversos artículos del Código Civil del Estado de Jalisco que establecen las características del matrimonio y, con ello, se dio vía libre a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en Jalisco. Ésta sentencia responde a una concepción del matrimonio que privilegia el sexo institucionalizado sobre otros elementos que determinaron originalmente la tutela por parte del Estado.

Es el artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco el que establece la definición del matrimonio y dice así:

“El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia.”

En este artículo se señala al matrimonio como una institución de carácter público y de interés social. Este carácter público y de interés social, que justifica la protección privilegiada del Estado al matrimonio para la fundación de una familia, tiene su fundamento en proteger la perpetuación de la sociedad y el establecimiento de un ambiente adecuado para la educación de los hijos.   

La procreación en el Matrimonio



Según los Ministros, el proceso reproductivo, natural al matrimonio, deja de ser determinante para justificar la tutela del Estado sobre la institución matrimonial. Por tanto, si el matrimonio no tiene orientación hacia la procreación, pareciera irracional la exigencia de la heterosexualidad, pues al desvincular estructuralmente el matrimonio de la procreación, es irrelevante que por pertenecer a un mismo sexo resulte imposible que de la unión de dichas personas surja descendencia alguna. Aquí hacemos una pregunta: Si la tutela del Estado no se justifica en la procreación como medio idóneo para la perpetuación de la sociedad, entonces ¿qué la justifica?

Parece que el elemento determinante para equiparar las uniones homosexuales con las heterosexuales sería la existencia de un compromiso público, unido a un conjunto de derechos y obligaciones de orden contractual, con cohabitación duradera y de carácter solidario. Sin embargo, este tipo de relaciones concurre con otras que tienen un carácter meramente afectivo y solidario como la convivencia entre consaguíneos o las de conveniencia. Por ello, podemos concluir que la nueva consideración fundamental radica en la der ser una relación estable de contenido sexual. Sí, en el sexo institucionalizado. Para la Corte y los promotores del homonomio, la satisfacción sexual y la felicidad subsiguiente de los ciudadanos es cuestión de interés público y elemento suficiente para exigir equiparar el matrimonio con las uniones homosexuales, otorgando al Estado la tutela de relaciones de índole sexual, estructuralmente incapaces de contribuir al relevo generacional, resultando en consecuencia  que la satisfación sexual de los ciudadanos es un bien de  carácter público e interés social.  

¿Se está discriminando a los homosexuales?

Hasta aquí, hemos visto que sí existen diferencias sustantivas ente el matrimonio, unión entre  hombre y mujer, como lo establece el artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco, y las uniones homosexuales. Siendo así ¿es preciso decir que hay discriminación la limitar el matrimonio un hombre y una mujer?

Se entiende que para que haya discriminación es necesario que exista una diferencia de trato entre personas que se encuentran en situaciones iguales o relevantemente equivalentes, sin una justificación objetiva y razonable para aplicar la diferencia. Esto puede darse cuando una diferencia de trato normativo no persiga un objetivo legítimo o cuando no exista una relación razonable de proporcionalidad ente la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida.



Argumentando que las parejas homosexuales tienen la capacidad para comprometerse en relaciones estables, determinan que las parejas del mismo sexo existen, en una condición similar a las heterosexuales. Pero, arbitrariamente, este argumento ignora las evidentes diferencias biológicas y sus consecuencias en materia de apertura estructural a la procreación, estableciendo la equivalencia basándose exclusivamente en el componente convivencial y afectivo-sexual.

En su origen, la definición de matrimonio elaborada por el legislador jalisciense no buscaba discriminar por razones de preferencia u orientación sexual a las parejas del mismo sexo, sino que, por la mención de la unión hombre y mujer, el legislador pretende manifestar su legítima voluntad de proteger las relaciones estructuralmente orientadas a la perpetuación de la especie y a la educación de la prole, haciendo del matrimonio la base de la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad. Dado que las diferencias son notables, está ampliamente justificada su aplicación normativa, por tanto no se discrimina en razón de la preferencia u orientación sexual sino de su incapacidad esctructural de reproducción.  

Sin embargo, la capacidad para comprometerse en relaciones estables, el derecho a la vida familiar y su carácter solidario de las uniones homosexuales, obliga al Estado a ofrecer una base normativa que permita crear un vínculo jurídicamente relevante que dé estabilidad a la pareja homosexual y asegure el mutuo socorro entre los miembros. En Jalisco, ese ha sido el objetivo de la Ley de Libre Convivencia que busca regular la cohabitabilidad entre parejas del mismo sexo u otras formas de cohabitación y, con la cual, se ha de buscar que no exista desproporción entre la medida adoptada (Sociedad de Libre Convivencia) y la finalidad con ella pretendida. Hay que conceder que es un esfuerzo dentro del alcance de la normatividad estatal, pero un camino cierto hacia la protección legal de estas parejas y otra situaciones de cohabitación, para hacer efectivo el derecho que tienen a la vida familiar. La existencia de esta alternativa normativa fue ignorada por la Corte.

¿Era necesaria la modificación de la definición de matrimonio?

Con todo esto, no parece indispensable imponer modificaciones al régimen jurídico del matrimonio en Jalisco para buscar el justo equilibrio entre los intereses concurrentes del individuo (vida familiar)  y de la sociedad (la perpetuación de la especie), entre el interés privado y el público, ni indispensable para adoptar medidas razonables con objeto de garantizar la protección jurídica de las parejas del mismo sexo.

Por otro lado, la denuncia de vulneración al principio de Igualdad ante la ley no considera el elemento diferencial del matrimonio en su relación con la procreación, pues los componentes convivencial y afectivo-sexual, por sí mismos, no justifican el carácter social  y de interés público de la unión homosexual. Esta distinción objetiva y razonable, explica la diferencia normativa en la legislación jalisciense que distingue con un objetivo legítimo: la protección de las relaciones orientadas a la perpetuación de la especie.

También es falso que exista un consenso sobre la necesidad de modificar el régimen jurídico del matrimonio para evitar la discriminación a los homosexuales como señalan los promotores de las uniones homosexuales, pues la interpretación ideológica y evolutiva  que hacen sobre el matrimonio discrimina alevosamente su contenido antropológico, sociológico y etimológico, esencial e inmutable.

Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por equiparar el sexo institucionalizado con la idea de asegurar, por medio del matrimonio y la fundación de una familia, la perpetuación de la sociedad y el establecimiento de un ambiente adecuado para la educación de los hijos. No es lo mismo, pero para la Corte, es igual. 





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