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La negación del aborto es tortura, dice funcionario de la ONU
Juan Mendez, funcionario de la ONU, dice que las leyes contrarias al aborto son equiparables a una forma de tortura.


Por: Stefano Gennarini, J.D. | Fuente: C-Fam.com



NUEVA YORK, (C-Fam) Las agrupaciones abortistas han encontrado un nuevo defensor. Su nombre es Juan Mendez y es experto de la ONU sobre la tortura. En su último informe para las Naciones Unidas, se esfuerza por caracterizar las leyes contrarias al aborto como una forma de tortura.

Las normas en contra del aborto son responsables directas de la «superpoblación carcelaria», de sufrimientos físicos y emocionales «tremendos y duraderos», y  someten a mujeres y niñas a «actitudes humillantes y sentenciosas», según el último informe de Mendez para el Consejo de Derechos Humanos.

No es la primera vez que el Relator Especial sobre la Tortura emite recomendaciones insólitas. Lo que quizás resulta sorprendente es la insistencia con la que Mendez  formula sus reivindicaciones esta vez.

Según él, los estados deben «[d]espenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto legal y seguro, como mínimo en casos de violación, incesto y discapacidad fetal severa o mortal, y en los casos en los que peligra la vida o la salud física o mental de la madre» (énfasis añadido).

Destacar el acceso en este contexto es un modo de negar la objeción de conciencia a los proveedores de asistencia sanitaria y exigirles la cobertura del aborto. Pero esto no es suficiente.



La insistencia de Mendez en esta práctica es llamativa. La palabra «aborto» figura 24 veces en su último informe sobre la tortura, o 21 veces más que «policía» (la clase de actor del estado que normalmente es autor de la tortura).

Según Mendez, los estados también deben «[e]stablecer directrices claras sobre la implementación de leyes internas de aborto y garantizar que sean interpretadas en forma amplia» (énfasis añadido).

El intento de enseñar a los gobiernos cómo deben interpretar sus leyes es completamente novedoso. Sugiere una interpretación aún más amplia de qué constituye tortura para los expertos de la ONU.

La definición de tortura de la convención de la ONU que la aborda exige acción o inacción de un estado o de un funcionario público para conseguir información o para castigar a las personas. Pero los expertos como Mendez y el comité de la ONU contra la tortura han expandido el significado de ésta para cubrir cualquiera y todas las áreas de la legislación y de la acción de los estados.

A los expertos de la ONU les gusta interpretar nuevos derechos en el tratado y ampliar las obligaciones que este impone a fin de responsabilizar a los gobiernos de la conducta de los actores privados, e incluso de las leyes que no pueden ser consideradas ni remotamente como una forma de tortura, como es el caso de aquellas que prohíben o regulan el aborto.



El informe de Mendez encontrará críticos también debido a la pobre y ambigua prueba de sus afirmaciones.

Mendez cita un informe de hace cuatro años del Instituto Guttmacher para decir que «[e]l aborto riesgoso es la tercera causa principal de muerte materna a nivel mundial», aun cuando la OMS redujo drásticamente el cálculo de muertes maternas derivadas de abortos mal practicados desde la publicación de ese estudio, y también advierte que cualquier cálculo de muertes por abortos «riesgosos» son muy aproximativos.

Es más, sus argumentos se basan completamente en sus propios informes previos sobre la tortura o en interpretaciones no vinculantes de tratados efectuadas por expertos de la ONU que de igual modo ignoran el significado de las palabras de los tratados, como han sido siempre interpretadas.

Al igual que Mendez, el Comité contra la Tortura criticó en particular al Vaticano solo un par de años atrás por su teología y doctrina contrarias al aborto diciendo que constituye una forma de tortura, y luego retrocedió cuando se tornó evidente que el Vaticano reclamaría que esto constituye una intromisión directa en la libertad de culto.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

El autor  escribe para C-Fam (Centro para la Familia y los Derechos Humanos). Este artículo apareció por primera vez en Friday  fax  . C-Fam es un instituto de investigación con sede en DC Nueva York y Washington (http://www.c-fam.org/ ). Este artículo aparece con permiso.





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