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Colombia: proyecto de ley pretende legalizar la eutanasia y el suicidio asistido
Se discute proyecto de Ley, en Colombia, que regula la eutanasia


Por: María Inés Franck | Fuente: www.observatoriointernacional.com



En julio de 2015, firmado por tres legisladores, se presentó en el Senado colombiano un proyecto de ley para reglamentar las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en ese país (proyecto de ley 30/2015).

El documento responde a repetidas exhortaciones de la Corte Constitucional de Colombia para que el Congreso legisle sobre este tema (ver http://observatoriointernacional.com/?p=2000).

Objeto del proyecto. El proyecto declama como objeto “reglamentar integral y rigurosamente la forma en que se atenderán las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de su vida en condiciones dignas y humanas; los procedimientos necesarios para tal fin y la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio, por los respectivos médicos tratantes; así como, establecer los mecanismos que permitan controlar y evaluar la correcta realización de la eutanasia y el suicidio asistido, atendiendo al deber del Estado de proteger la vida” (art. 1º).

Definición de “eutanasia” y de “suicidio asistido”. Por “eutanasia” el proyecto entiende “la terminación intencional de la vida por otra persona, esto es, un tercero calificado, el médico tratante, de una forma digna y humana, a partir de la petición libre, informada y reiterada del paciente, que esté sufriendo intensos dolores, continuados padecimientos o una condición de gran dependencia y minusvalía que la persona considere indigna a causa de enfermedad terminal o grave lesión corporal”. El hecho de ayudar a que el paciente termine él mismo con su propia vida por esas mismas razones, es denominado “suicidio asistido”. La “enfermedad terminal” es definida como una “enfermedad incurable e irreversible, condición patológica grave o lesión corporal grave que le ha sido diagnosticada, certificada y confirmada por el médico tratante, que demuestre un carácter progresivo e irreversible con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces” (art. 1º).

Requisitos del paciente y de la solicitud. El paciente, según el art. 2 del proyecto, debe ser colombiano o extranjero residente por un término no menor de un año, adulto mayor de edad, legalmente capaz y en pleno uso de sus facultades mentales al momento de solicitar la terminación de su vida de una forma digna y humana o la asistencia al suicidio. Esta petición, continúa afirmando el mismo artículo, debe ser “libre e informada, manifestada inequívocamente por escrito, cuando sea posible, voluntaria y reiterada, la cual no permita albergar la menor duda sobre si el origen de la misma es el producto de una presión exterior indebida o el resultado de una depresión momentánea”.



Esta solicitud, “deberá ser diligenciada y firmada por el paciente y al menos dos testigos que en presencia del mismo, atestigüen de buena fe que el paciente está actuando voluntariamente, es plenamente capaz y no está siendo conminado por otras personas a firmar la petición de terminación de la vida” (art. 4). Además, “si el paciente se encuentra en tal condición física que le resulta imposible diligenciar y firmar por sí mismo la solicitud de terminación de la vida, otra persona designada con anterioridad por él, indicando las razones de su incapacidad, podrá hacerlo si es mayor de edad y no tiene ningún interés material en la muerte del paciente”. Esta decisión podrá ser revocada en cualquier momento (art. 4).

Suplencia de la decisión del paciente. El art. 5 aborda cuestiones aún más delicadas, pues se dedica a los casos en que el paciente se encuentre inconciente y no pueda expresar su voluntad por ningún medio. En estas situaciones, establece que “sus familiares en primera instancia, siguiendo los rigurosos criterios de parentesco por consanguinidad (…) podrán pedir al médico tratante la terminación de la vida de una forma digna y humana”. En el caso de que el paciente no tenga familia, “será el mismo médico tratante, previa consulta a un médico especialista, quien elaborará la petición, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que el paciente sufra de una enfermedad terminal o grave lesión corporal que le produzca intensos dolores, padecimientos continuos o una condición de gravísima dependencia y minusvalía que la persona considere indigna. 2. Que el paciente esté inconsciente definitivamente. 3. Que la condición médica del paciente sea irreversible y no pueda ser aliviada por la ciencia médica actual con esperanza de cura o mejoría. 4. Que tras un tiempo prudencial de búsqueda, que no excederá de un (1) mes, realizado por la Clínica o el Centro Hospitalario con ayuda de las instituciones públicas y privadas correspondientes, no haya sido posible dar con el paradero de los familiares o parientes del paciente”.

La petición por instrucción previa. Seguidamente, el proyecto regula la llamada “petición por instrucción previa”, la cual consiste en “la designación por parte del paciente de una o más personas, con anterioridad, en privado y en estricto orden de preferencia, para que informen al médico tratante acerca de su voluntad de morir, en caso de que concurran las circunstancias de que trata esta ley y sea incapaz de manifestar su voluntad o se encuentre inconsciente. La petición por instrucción previa, puede ser elaborada en cualquier tiempo, debe ser escrita y firmada ante notario público en presencia de dos (2) testigos, siguiendo las mismas condiciones del artículo 4° de la presente ley. De esta forma, la petición solo será válida si es elaborada o confirmada por el paciente, por lo menos 5 años antes de la pérdida de la capacidad para expresar, por completo su voluntad. La petición por instrucción previa podrá ser modificada o revocada en cualquier tiempo” (art. 6).

Nuevos organismos estatales. El art. 7 crea un Registro Médico Eutanásico, y los arts. 8-10 hacen lo propio con la Comisión Nacional de Evaluación y Control Posterior de Procedimientos Eutanásicos y Suicidio Asistido.

Reforma del Código Penal colombiano y protección de los derechos de los pacientes. El proyecto establece reformas al Código Penal en lo referido a la penalización del homicidio por piedad y a la inducción o ayuda al suicidio (art. 11).



Finalmente, el art. 12 estipula una cláusula especial para la protección de los derechos de los pacientes que opten por terminar con su vida de una forma digna y humana o la asistencia al suicidio.

La objeción de conciencia de los médicos. Con respecto a la objeción de conciencia, el parágrafo añadido al art. 2 decreta que “ningún médico tratante podrá ser obligado a practicar el procedimiento eutanásico o a proveer la ayuda necesaria para tal fin, si éste así lo decide. En caso de que el médico tratante se rehúse a practicar el procedimiento eutanásico o a proveer la ayuda necesaria para la terminación de la vida del paciente, este último o sus familiares, si el mismo se encuentra inconsciente, en cualquier tiempo, podrán solicitar la ayuda de otro médico, que asuma el caso como médico tratante en los términos de la presente ley”.

Conclusión final. El proyecto sintetizado representa una decantación por las tendencias más liberales en este tema. No sólo se aprueba la eutanasia, sino también el suicidio asistido, y se crea un peligroso mecanismo de sustitución o reconstrucción de la voluntad del paciente. Toda la tradición jurídica y moral latinoamericana reprueba los tratamientos de este tipo al derecho fundamental a la vida de las personas.





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