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Obispos peruanos rechazan la distribución masiva de la píldora del día siguiente.
Los obispos señalan que “reafirman el valor de la vida humana” y por tal motivo denuncian que “esta viene siendo manipulada por una ideología” que pretende redefinir conceptos como el inicio de la vida, la concepción y el embarazo.


Fuente: aica.org



Obispos peruanos rechazan la distribución masiva de la píldora del día siguiente.

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP), emitió un comunicado, este miércoles 24 de agosto, en rechazo al uso del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), conocido como la ‘Píldora del día siguiente’, a dos días de que un juzgado ordenó su entrega gratuita en centros de salud. “Rechazamos la medida cautelar emitida por el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, pues basta el sentido común para ver con claridad que el supuesto bien que se quiere lograr con el uso de la píldora, no es mayor que la vida del concebido”, señala el texto de la CEP.

25 de agosto de 2016.- La Conferencia Episcopal Peruana (CEP), emitió un comunicado, este miércoles 24 de agosto, en rechazo al uso del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), conocido como la ‘Píldora del día siguiente’, a dos días de que un juzgado ordenó su entrega gratuita en centros de salud. “Rechazamos la medida cautelar emitida por el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, pues basta el sentido común para ver con claridad que el supuesto bien que se quiere lograr con el uso de la píldora, no es mayor que la vida del concebido”, señala el texto de la CEP. 

Los obispos señalan que “reafirman el valor de la vida humana” y por tal motivo denuncian que “esta viene siendo manipulada por una ideología” que pretende redefinir conceptos como el inicio de la vida, la concepción y el embarazo. 

En el pronunciamiento los obispos señalan que les llama la atención que la definición utilizada sobre la concepción para defender el efecto no abortivo de la PDS, tome como referencia el significado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no el de la Constitución Peruana. 



Hacen mostrar también su preocupación porque personas “llamadas a hacer cumplir la Constitución hayan acogido iniciativas que desprotegen al concebido”. Según los obispos, estos se encuentran en las carteras de Salud, Justicia, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Los obispos lamentaron también que “en diversos ámbitos donde se resalta la tolerancia como valor, existan intolerancia y prejuicios hacia la participación de los sacerdotes, médicos o abogados católicos en defensa de la vida y de la familia que, a pesar de esgrimir argumentos científicos o jurídicos, son tildados de fundamentalistas o de emplear argumentos de fe”. 

“Llamamos al intercambio justo de opiniones y sin prejuicios para que la verdad y la justicia se abran camino a través del diálogo”, indicaron. 

La CEP reafirmó “el valor de la vida humana”, al tiempo que denunció que “esta viene siendo manipulada por una ideología, que pretende redefinir conceptos tan importantes como el inicio de la vida, la concepción y el embarazo, no con criterios científicos, sino sencillamente para lograr objetivos en favor de unos presuntos ‘derechos sexuales y reproductivos’, entre los cuales se incluyen el aborto y la muerte del concebido”. 

“Lamentamos que la ciencia sea puesta de lado para que el derecho de unos implique la muerte de otros”. 



Asimismo, piden a la Defensoría del Pueblo “defender la vida del concebido, el cual, al no tener voz, necesita ser protegido, según las leyes peruanas, como sujeto de derechos frente a diversos intereses”. 

Por último, señalan su confianza en que la medida sea revocada en una instancia mayor. 

El 22 de agosto, en medio de un litigio entre Violeta Cristina Gómez y la ONG feminista Promsex contra el Ministerio de Salud, el Primer Juzgado Constitucional de Lima dictó una medida cautelar, dando un plazo de 30 días al gobierno para distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente en los establecimientos de salud del Estado. 

Esta disposición judicial se opone a la sentencia del 2009 del Tribunal Constitucional, que prohibió al Estado distribuir la sustancia, por su potencial abortivo. 

Según el diario peruano Gestión, la distribución estatal de la PDS podría mover cerca de 54 millones de soles (más de 16 millones de dólares) al año. 

En los últimos años, distintas organizaciones financiaron a las ONGs peruanas Promsex y Demus con más de 1,7 millones de dólares, para promover la distribución de la píldora del día siguiente en Perú.





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