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Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
Obispos agradecen decisión del gobierno de Estados Unidos a favor de migrantes hondureños


Por: Redacción | Fuente: ACI Prensa



Los obispos de Estados Unidos agradecieron al Departamento de Seguridad Nacional por extender seis meses más el Estatus de Protección Temporal a los inmigrantes ilegales hondureños, mientras se analiza la condición actual del país centroamericano antes de tomar una decisión final.

El 6 de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional indicó que necesita más tiempo para evaluar las condiciones actuales de Honduras antes de tomar una decisión final sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS); un programa migratorio creado en 1990 que evita la deportación y concede permisos de trabajo a los nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.

En el caso de Honduras y Nicaragua, el TPS fue otorgado para atender a sus nacionales que no podían regresar debido a la devastación causada por el huracán Mitch en 1998, que dejó miles de muertos y desaparecidos. También han sido beneficiados con este programa los inmigrantes de El Salvador y Haití.

En octubre, el gobierno dijo que el 10 de noviembre anunciaría su decisión sobre el TPS para los inmigrantes ilegales de Nicaragua y Honduras, cuyo permiso para permanecer en Estados Unidos expira el 5 de enero de 2018. Sin embargo, con esta extensión, el TPS para los hondureños tendrá vigencia hasta el 5 de julio del mismo año.

En una nota difundida este miércoles 8, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), recordó que el TPS “permite a las personas permanecer y trabajar legalmente en los Estados Unidos durante un período en el que se considera inseguro para los nacionales de ese país regresar a sus hogares”.



“Se estima que hay 57,000 hondureños en los Estados Unidos con TPS”, indicó.

El Presidente del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), Mons. Joe S. Vásquez, agradeció al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por evaluar “seriamente las condiciones del país de Honduras”.

Dijo que la extensión automática mientras continúa la evaluación “es lo correcto para los receptores hondureños del TPS que viven en los Estados Unidos”. Además ayuda a la prosperidad y crecimiento de Honduras, y a la seguridad en la región.

El Obispo pidió al Departamento de Seguridad Nacional “observar las condiciones sobre el terreno en Honduras, para tener en cuenta las amenazas de violencia y seguridad existentes para los ciudadanos, la naciente pero creciente infraestructura de protección, la pobreza actual, y la degradación ambiental que continúa existiendo en Honduras”.

Mons. Vásquez dijo que el informe de la USCCB “‘Estatus de Protección Temporal: Una pieza vital del rompecabezas de prosperidad y protección de América Central’ resalta tales preocupaciones”.



En ese sentido, aseguró que mientras la entidad gubernamental continúa su evaluación, los obispos estadounidenses prometen un “compromiso continuo, recolección de información y la cooperación tanto con el gobierno de los EE.UU. como con nuestros socios católicos en Honduras que brindan servicios de bienestar social en asociación con los Estados Unidos y el gobierno hondureño”.

Mons. Vásquez también afirmó que continuará rezando por los hondureños beneficiados con el TPS y por sus familias. “También apoyo los esfuerzos en el Congreso para trabajar de manera bipartidista en encontrar una solución legislativa para los beneficiarios de TPS a largo plazo”, señaló.

El Obispo recordó que los beneficiarios del TPS son “hijos de Dios” que tienen profundos lazos con las comunidades, parroquias y contribuyen con la prosperidad del país.

En el caso de Nicaragua, el gobierno estadounidense dio por terminado el TPS al considerar “que las condiciones sustanciales, pero temporales, causadas por el huracán Mitch ya no existen” en este país.

Sin embargo, el programa de protección para los 5.300 nicaragüenses concluirá el 5 de enero de 2019, es decir con un retraso de un año para "permitir una transición ordenada" de sus beneficiarios y que puedan solicitar "un estatus alternativo" o para que "preparen su regreso y reintegración" a su país.

 







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