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El Consejo General del Poder Judicial se opone a la clonación
Una regulación que admita la experimentación o la clonación -creación para la destrucción- de embriones viables infringe las exigencias de protección jurídico-constitucionales que se derivan del artículo 15 de la Constitución Española


Por: Pilar Calva | Fuente: catholic.net



El Consejo General del Poder Judicial se opone a la clonación de
embriones humanos y a que estos sean utilizados para la experimentación biomédica.

La ciencia y la ética no han sido los únicos sectores que han alzado la voz ante las líneas de investigación previstas por las nuevas normas. Con motivo del estudio sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal, el Consejo General del Poder Judicial ha abordado la clonación terapéutica, pues el nuevo texto penal legaliza esta práctica para dar respaldo a las últimas modificaciones en materia de reproducción asistida y a la futura
norma de investigación biomédica.

En un informe aprobado el pasado mes de noviembre, los miembros del Consejo dicen expresamente que "una regulación que admita la experimentación o la clonación -creación para la destrucción- de embriones viables infringe las exigencias de protección jurídico-constitucionales que se derivan del artículo 15 de la Constitución Española".

Es más, el informe sostiene que en la clonación terapéutica hay "una intervención en el genoma con fines terapéuticos de un tercero, cuando la única intervención terapéutica posible es la propia".

Sin respaldo legal. La aprobación de la reforma del Código Penal
dejaría "sin protección penal la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana, con lo cual es posible la autorización de la fecundación con fines experimentales".
La causa de esta desprotección, según el consejo, es que la Ley de Reproducción Humana Asistida no impone límites en la fecundación de óvulos. En consecuencia, el dictamen asegura que lo más probable será que "los embriones no transferidos se usen para la investigación, con lo que se produce una vulneración indirecta del artículo 18.2 del Convenio de Oviedo".

Además, el consejo sostiene que la posible inconstitucionalidad
residiría no en la reforma del Código Penal sino en la vigente Ley de Reproducción Humana Asistida (DM, 22-XII-2006).





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