Autor: + Carlos Aguiar Retes, Presidente de la CEM y + José Leopoldo González González | Fuente: Conferencia del Episcopado Mexicano Obispos de México en defensa de los más pequeños
Los obispos mexicanos han emitido un importante comunicado manifestando --una vez más- la postura innegociable a favor de la vida que tiene la Iglesia católica
Obispos de México en defensa de los más pequeños
LAGO DE GUADALUPE, jueves, 19 abril 2007 .- Los obispos
mexicanos, reunidos en la 83 Asamblea Plenaria de la Conferencia
del Episcopado Mexicano, han salido al paso a la intensa
campaña de la mayoría de izquierda de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal para introducir una quinta causal y
despenalizar, aún más, el aborto en la capital del país.
La «quinta causal» se refiere al derecho que podrán tener
las mujeres de abortar durante las 12 primeras semanas de
gestación si consideran que «el producto» interfiere u obstaculiza su
desarrollo integral y su proyecto de vida, lo cual es
considerado por la Iglesia católica como una brutal aberración.
Los
obispos mexicanos han emitido un importante comunicado manifestando --una vez
más- la postura innegociable a favor de la vida que
tiene la Iglesia católica y, al mismo tiempo, la defensa
de los más débiles y los más pequeños del reino
de Dios. Cabe agregar que el partido que más ha
promovido estás iniciativas (que también incluyen la eutanasia y las
"sociedades de convivencia), el PRD, ha establecido una batalla contra
la Iglesia que no tiene precedente en los años de
la democracia mexicana.
A continuación reproducimos completo el documento de
la Conferencia del Episcopado Mexicano:
En defensa de los más
pequeños
Los Obispos mexicanos, reunidos en Asamblea Plenaria, nos dirigimos al
Pueblo de México para compartir nuestra grave preocupación sobre el
tema de la Vida, y exhortar a su defensa, como
lo hicimos en el año 2000, en nuestra Carta Pastoral
Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos: «Por
lo que se refiere al derecho a la vida, es
preciso denunciar el estrago que se hace de ella en
nuestra sociedad: además de las (…) diversas formas de violencia,
hay muertes silenciosas provocadas por el hambre, el aborto, la
experimentación sobre los embriones y la eutanasia».
Vivimos días de
constantes iniciativas, declaraciones y medidas concretas para la protección de
los derechos humanos. Sin embargo, y de manera contrastante, como
sociedad estamos dejándonos invadir por modos de pensar y actuar
que van configurando una «cultura de la muerte». No se
trata tan sólo del fenómeno de la violencia que sufrimos
en diferentes partes de nuestra Nación, sino de normas legales
que pretenden consagrar principios contrarios al derecho fundamental de la
vida. Aún en la sociedad mexicana, caracterizada por la humanidad
y la fe de su gente, por los esfuerzos en
defensa de la vida y la familia; se escuchan voces
en favor de la legalización del aborto, en nombre de
una mal entendida libertad y defensa de la mujer.
Ninguna
motivación, por legítima que parezca, justifica el aborto directamente provocado.
Nadie es propietario de la vida de un ser humano,
ni siquiera el padre o la madre; y nadie puede
ponerse en lugar del ser concebido para preferir en su
nombre la muerte o la vida (cfr. Declaración de la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el
aborto, Nro. 14, l8.XI.74).
La defensa de la vida no
parte de un dogma religioso, sino de un principio de
derecho natural, accesible a la razón, fundado en la realidad
del hombre y su dignidad, y que, en consecuencia, no
es una verdad dependiente de solas convicciones religiosas. La defensa
de la vida humana desde su concepción ha sido asumida
por la misma ciencia. Es la ciencia la que nos
confirma que aun antes de nacer, el ser concebido es
una persona, y sujeto de pleno e inalienable derecho a
la vida. El deber de la sociedad es protegerlo adecuadamente.
Los códigos civiles de varios estados, e incluso el del
Distrito Federal así lo entienden y lo establecen; «Desde el
momento en que un individuo es concebido, entra bajo la
protección de la ley y se le tiene por nacido»
(Artículo 22 del Código Civil del DF). Negar este deber
del ordenamiento jurídico es arbitrario e ilegal.
Es claro que
como pastores no nos podemos desentender de las personas en
delicadas y penosas situaciones que afectivamente podrían impulsarlas a la
drástica decisión del aborto. De ellas debemos preocuparnos efectivamente con
justicia, amor y solidaridad. No obstante; tampoco estos casos nos
pueden hacer vacilar en la protección de quien sin culpa
alguna sería llevado a la muerte. Por los casos que
en el ejercicio de nuestro ministerio nos ha tocado acompañar,
los Obispos sabemos del daño que produce en la conciencia
y en la mente de una mujer la realización de
un aborto. Lo que parecía una solución, no fue más
que la agudización de un conflicto interno. Es una doble
cruz que le imponemos cuando estamos más atentos a eliminar
un «problema» (aunque este sea una personita), que a legislar
para asegurar a todas las madres la posibilidad de criar
a sus hijos en un marco de seguridad social, o
permitir que puedan dar su hijo en adopción sabiendo que
tendrá el amor y la atención necesarias para crecer sano,
desplegando todos las potencialidades que lleva en su código genético
desde el momento de la fecundación y que su madre
biológica, por alguna limitación no puede brindarle. En esta línea,
son muchas las iniciativas que se podrían y deberían discutir
en favor de la vida del niño por nacer y
de su madre, sin desproteger a ninguno.
Tienen razón aquellos
que afirman que esta ley no obligaría a nadie a
abortar, pero también es verdad que "las leyes desempeñan un
papel muy importante y a veces determinante en la promoción
de una mentalidad y de unas costumbres" (Juan Pablo II,
Evangelium Vitae, nº 90). Por eso es difícil aceptar la
contradicción en el hecho de que legisladores que fueron elegidos
para preservar el bien común, legislen violando el derecho natural
a la vida de un inocente. Cualquier legislación en favor
del aborto es una contradicción con la función propia del
Estado, que existe total y exclusivamente al servicio de la
persona y de la comunidad. El Estado no es fuente
originaria de los derechos innatos e inalienables de la persona,
ni creador y árbitro absoluto de esos derechos, a los
que debe reconocimiento, tutela y promoción.
Autorizando el aborto, el
Estado introduciría el principio que legitima la violencia contra el
inocente indefenso, y, por lo tanto, renunciaría a defender el
derecho de los más débiles, dejando de ser "Estado de
Derecho" para convertirse en un Estado de la «ley del
más fuerte».
Como pastores de la Iglesia Católica que peregrina
en México hacemos un llamado a la sociedad entera a
custodiar y transmitir los grandes valores del hombre, es necesario
que las familias, las instituciones culturales y educativas, así como
los responsables de los medios de comunicación social contribuyan a
sostener en la conciencia de nuestro pueblo la estimación de
la vida humana desde sus comienzos. Tenemos la esperanza de
que nuestro pueblo pueda superar estos momentos de debate permaneciendo
fiel a sus convicciones en favor de la vida y
de la paz. Actuar en contra de estos principios, como
dice el Papa Juan Pablo II, «podría llevar a la
humanidad hacia una derrota, y cuya primera victima sería el
hombre mismo» (cfr. Carta a los Jefes de Estado; 9.III.1994).
Pedimos a la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios, que
custodie en su pueblo el amor a la vida, y
lo acompañe en su amorosa lucha por defenderla. Los saludamos
con todo afecto, rezamos por ustedes y les damos nuestra
bendición de pastores que, junto a ustedes, quieren estar siempre
del lado de la vida.
Por los Obispos de México,
+ Carlos Aguiar Retes Obispo de Texcoco Presidente de la
CEM
+ José Leopoldo González González Obispo Auxiliar de Guadalajara
Secretario General de la CEM
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