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Los objetores a Ciudadanía acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Los objetores a Ciudadanía acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Es un derecho de los padres elegir la educación de sus hijos basada en sus convicciones morales y religiosas.


Fuente: Mujer nueva




(La Razón, España, 2008-01-24)

La plataforma objetora Profesionales por la Ética pidió ayer al Parlamento Europeo que defienda «el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, basada en sus convicciones morales y religiosas» después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara en 2006 la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía que, a su juicio, «imparte una versión ideológica de algunos valores morales que van más allá de los fundamentos éticos de la Constitución española».

El abogado experto en Derechos Humanos vinculado a la asociación, José Luis Bazán, aseguró que el de ayer ha sido «el primer paso» para denunciar la asignatura obligatoria «en el contexto europeo». «Nuestra intención es que el tema sea debatido en el Parlamento Europeo por los europarlamentarios», agregó, al tiempo que aseguró que recurrirán en contra la asignatura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Asimismo, también declaró que la asignatura no respeta «la competencia de los padres de educar a sus hijos de acuerdo con sus valores morales y religiosos» y «entra en conflicto con la Constitución española».

Así lo denunció en la Eurocámara la eurodiputada del PP y ex ministra de educación Pilar del Castillo, quien declaró que la nueva materia «está cargada de ideología» y lamentó que «los padres no puedan hacer nada (en su contra) por que es obligatoria». Ello ha llevado, dijo, a que «muchas personas en España dieran la voz de alarma» y que «se movilizaran en contra de una imposición del Gobierno».

Amenazas a los padres

El presidente de la Red Internacional de Profesionales por la Ética, Miguel Gómez de Agüero, explicó que la nueva legislación ya ha sido implantada en siete comunidades autónomas el pasado septiembre y su implantación en el resto de España concluirá en 2009. Lamentó que «el silencio» del Gobierno «diera paso a las amenazas» a los padres objetores de conciencia que se niegan a que sus hijos asistan a las clases de Educación para la Ciudadanía y criticó al Ejecutivo español por amenazar a los padres con el argumento de que «los hijos que no acudan a esta asignatura, cuya calificación computa, no podrán ir a la Universidad».
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