Ciudad de México.— El Congreso capitalino aprobó la Ley del Sistema Público de Cuidados para fortalecer el apoyo a las personas cuidadoras.

Más allá del avance legislativo, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo han insistido durante años en la necesidad de reconocer y redistribuir las labores de cuidado.

Lo anterior, al considerar que sostienen gran parte de la vida familiar y social, aunque históricamente permanecieron invisibilizadas y sin respaldo institucional.

La nueva legislación contempla centros de atención infantil, espacios de día para adultos mayores, servicios de rehabilitación y programas de apoyo enfocados en personas cuidadoras.

El objetivo consiste en construir una red pública que reduzca cargas físicas, emocionales y económicas para quienes realizan tareas de cuidado todos los días.

Durante la discusión legislativa, diputados reconocieron que fueron principalmente mujeres cuidadoras y colectivos de personas con discapacidad quienes impulsaron la aprobación mediante foros, movilizaciones y amparos judiciales.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino, Royfid Torres, recordó historias de mujeres que dedican gran parte de su vida a cuidar familiares sin apoyo suficiente.

“Miles de mujeres llevan años peleando contra este sistema, peleando desde el activismo y la resistencia”, expresó desde tribuna.

Especialistas en políticas públicas han señalado que las tareas de cuidado suelen recaer principalmente en mujeres, lo que afecta empleo, salud emocional, desarrollo profesional y estabilidad económica.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha advertido que el trabajo de cuidados no remunerado representa una de las principales causas de desigualdad para mujeres en América Latina.

Además, organismos internacionales sostienen que la falta de sistemas públicos de cuidado incrementa desgaste físico, ansiedad y sobrecarga emocional en familias.

Personas cuidadoras buscan apoyo emocional, tiempo y redes de acompañamiento

La ley aprobada en la capital también reconoce la necesidad de crear infraestructura pública y mecanismos permanentes de atención para personas cuidadoras.

Entre las acciones previstas se encuentran centros especializados para infancia temprana, servicios de atención para adultos mayores y programas dirigidos a personas con discapacidad.

Aunque el presupuesto comenzará a incorporarse formalmente hacia 2027, organizaciones civiles consideran que el avance abre la puerta para construir políticas enfocadas en bienestar familiar y salud emocional.

La diputada Lizzete Salgado recordó que la Constitución capitalina estableció desde 2017 la obligación de crear un sistema público de cuidados.

También destacó la participación de organizaciones y familias que compartieron experiencias relacionadas con agotamiento, falta de tiempo y ausencia de apoyos institucionales.

La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que los sistemas de cuidados contribuyen a mejorar calidad de vida, favorecer igualdad y reducir impactos económicos sobre familias cuidadoras.

Especialistas en salud mental también advierten que muchas personas cuidadoras enfrentan aislamiento, estrés crónico y desgaste emocional por asumir responsabilidades permanentes sin descanso suficiente.

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En distintos foros realizados para construir la ley, familias relataron dificultades para combinar trabajo, transporte, atención médica y acompañamiento diario de hijos o familiares dependientes.

El nuevo sistema busca precisamente generar redes de apoyo para evitar que el cuidado recaiga únicamente en hogares y especialmente en mujeres.

?????????????? El #CongresoCDMX aprobó el dictamen con modificaciones para expedir la Ley del Sistema de Cuidados de la #CDMX, iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, respaldada por los distintos grupos parlamentarios representados en el Congreso capitalino e… pic.twitter.com/n9ZJwR585O— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 26, 2026

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La legislación también establece mecanismos de evaluación, seguimiento y aumento progresivo de recursos públicos destinados al sistema de cuidados.

Organizaciones civiles consideran que uno de los principales retos será convertir el reconocimiento legal en servicios accesibles y cercanos para las familias. Especialmente para las que más los necesitan.

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